El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el marco del proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, la decisión no podrá ejecutarse de inmediato, pues González permanece asilado en Nicaragua.
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El fallo responde al recurso de apelación presentado por la defensa del exfuncionario, tras la primera determinación del pasado 3 de julio, cuando se le privó de la libertad. En esa oportunidad, el abogado Iván Cancino alegó que las acusaciones en su contra eran “calumnias sin fundamento” y que el caso se basaba en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”. No obstante, el Tribunal no le dio la razón y confirmó la medida.
Para la corporación judicial, los argumentos de la defensa no resultaron de peso frente a los indicios recogidos en el proceso. En su decisión, el Tribunal enfatizó que el imputado, debido a su cargo, “se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado con el poder político hace muchos años”.
Además, subrayó la urgencia y necesidad de la medida cautelar, señalando la existencia de una organización criminal en torno al caso, dentro de la cual cinco integrantes ya han suscrito preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos y vinculando a González en los hechos de corrupción.
El exdirector del Dapre es señalado como presunto artífice de un esquema que habría consistido en ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de facilitar el trámite de proyectos y reformas del Gobierno Nacional, utilizando dineros desviados de la UNGRD.
La Fiscalía lo acusa formalmente de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Aunque se evaluó imputarle lavado de activos, no se logró demostrar su participación en ese ilícito.
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Desde que su nombre empezó a figurar en el expediente, González emprendió una ruta internacional que lo llevó primero a ciudades como Barcelona (España), hasta terminar recibiendo asilo político en Nicaragua. Pese a que el Tribunal ordenó su captura inmediata, las autoridades colombianas no han podido hacerlo comparecer ante la justicia.
Incluso, la Cancillería colombiana solicitó su extradición; sin embargo, el gobierno de Managua rechazó el pedido bajo el argumento de que González cuenta con estatus de asilado político. A la par, el caso salpica al diplomático Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, señalado de haber facilitado la salida del exfuncionario del país para evadir la justicia.
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