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Más de 3,5 millones de estudiantes podrían perder alimentación escolar por un déficit de $500 mil millones, alerta la Contraloría

La Contraloría advirtió sobre el riesgo de interrupción del Programa de Alimentación Escolar si no se asignan los recursos faltantes.

  • Diferentes platos de comida entregados por el PAE. FOTO: COLPRENSA
    Diferentes platos de comida entregados por el PAE. FOTO: COLPRENSA
hace 3 horas
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Más de 3,5 millones de estudiantes en 53 territorios del país podrían quedarse sin alimentación escolar a partir de septiembre, debido a un déficit de $500 mil millones en los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alertó la Contraloría General de la República.

La advertencia surge tras un análisis del estado presupuestal del programa, donde se identificaron faltantes que podrían comprometer la operación en las próximas semanas.

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La Contraloría recopiló información a través de procesos de seguimiento y visitas técnicas en distintas regiones con el fin de evaluar la distribución y el uso de los recursos del PAE.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la adición de los recursos pendientes en varias comunicaciones enviadas durante junio y agosto de 2025. La demora en la asignación de estos fondos podría afectar la continuidad del servicio y poner en riesgo la alimentación de los estudiantes.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que garantizar los recursos es fundamental para mantener el programa activo y evitar que millones de menores queden sin acceso a alimentación escolar. La entidad insiste en que el Gobierno Nacional debe tomar medidas inmediatas para cubrir el déficit antes de que inicie el mes de septiembre.

Un déficit que viene desde antes

Un comunicado del Gobierno Nacional de junio de este año menciona que, entre 2022 y 2025, se destinó $2,47 billones al PAE, frente a los $1,93 billones anteriores, lo que representa un aumento del 28 % respecto a 2020. Esta inversión permitió reducir el uso de alimentos industrializados en un 24 % y aumentar en 21 % la provisión de alimentos preparados en sitio.

También se comunicó que el programa distribuye 350.000 toneladas de alimentos al año y cumple con la Ley 2046 de 2020, que exige que al menos el 30 % provenga de pequeños productores y agricultores locales. Además, se implementó la entrega de 2.550.347 canastas alimentarias entre 2022 y 2025 en 110 municipios con inseguridad alimentaria.

El problema, es que esto no se está reflejando en la realidad.

Por ejemplo, el 14 de agosto, la Contraloría reportó que el PAE se encontraba suspendido en Buenaventura, afectando a más de 40.000 estudiantes de la ciudad. La suspensión obedeció a la falta de recursos para garantizar la alimentación durante los días restantes del calendario escolar.

Contexto: Contraloría alerta por suspensión del PAE a 40.000 estudiantes en Buenaventura

Aunque inicialmente se asignaron cerca de $30 mil millones para 2025, se identificó un faltante aproximado de $13 mil millones para cubrir los últimos 70 días de clases. Esta brecha ha generado la interrupción del servicio y pone en evidencia los riesgos presupuestales del programa.

Otro caso se dio el 20 de agosto, cuando la Procuraduría solicitó al alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, un informe detallado sobre las medidas adoptadas para garantizar la correcta manipulación de los kits del PAE, luego de denuncias sobre alimentos en mal estado o descomposición que habrían sido entregados en algunas instituciones educativas.

La solicitud se realizó a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Huila en el marco de una acción preventiva. Según los reportes, en algunos casos los víveres destinados a los menores presentaban moho o presencia de gusanos, lo que ponía en riesgo la salud de los estudiantes.

Desde que se conocieron las denuncias, la entidad ha realizado seguimiento a los lugares de almacenamiento del PAE en Neiva para verificar que las condiciones de los productos y de los locales cumplan con los lineamientos del programa y los estándares nutricionales exigidos por la ley.

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