Aunque se tenía previsto que centrales obreras afines al Ejecutivo marcharan el próximo 25 de octubre, el Gobierno habría pedido posponerlas por cuenta de la celebración de la COP16.
En Colombia solo uno de cada tres colombianos (30 %, según la más reciente encuesta Sabemos), respalda la gestión del presidente Gustavo Petro. En contraste, 50 % desaprueba su forma de conducción del Gobierno. En este contexto, desde este martes comenzó a ser convocada una movilización en contra del Ejecutivo.
La jornada de protesta, liderada por sectores de oposición –en particular el partido Centro Democrático–, se realizará el próximo domingo 17 de noviembre y se prevé que haya concentraciones en diferentes lugares del país.
De acuerdo con diversos sectores, que desde ya están moviendo el numeral #TodosALaCalle17N en redes sociales, la manifestación tiene como consigna, entre otras, que Petro “respete las instituciones y la democracia”. Algunos de los promotores son los concejales de Medellín, Sebastián López y Andrés Rodríguez.
“Aquí hay dos caminos. O nos quedamos callados y nos arrasa el dictador, o salimos a las calles a defender las instituciones y la democracia con nuestras familias. Vamos a salir millones a las calles y esto no es una marcha de un espectro político, esto es una marcha contra usted, Petro. Va a marchar cada colombiano que ve cómo atropellan la democracia”, dijo uno de sus promotores, el influenciador Jaime Arizabaleta.
Entretanto, las marchas en favor del Gobierno de Gustavo Petro parecen haber quedado congeladas, pues si bien las centrales obreras convocaron manifestaciones para el próximo 23 de octubre, desde el propio Gobierno les habrían pedido frenarlas por cuenta de la realización de la COP16.
Tanto las protestas de la oposición como de los sectores petristas llegan en medio de la polvareda política que persiste por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales.
La decisión del CNE de abrirle una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis de golpe de Estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados.
Lo cierto es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos ocho meses, sino que se zanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1 % y 10 % de los recursos que el Estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero.
Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de Estado –lo que se traduce en gasolina para su Gobierno con miras a las elecciones de 2026–, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado.
De hecho, la más reciente edición de la Encuesta Sabemos, realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y YanHaas, que consultó a 700 personas mayores de 18 años, reveló que el porcentaje de colombianos que no cree que se esté organizando un golpe de Estado es del 66 %.
