A un grupo reducido de funcionarios de Presidencia los citaron a un comité “exprés” de contratación a la media noche del pasado 8 de enero. El afán era firmar un contrato por $10.000 millones de pesos para entregárselo a dedo a la empresa extranjera de abogados Amadeus Consultancy Limited, cuyo objetivo sería defender e intentar sacar al presidente Gustavo Petro de la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), más conocida como la temida Lista Clinton, en la que fue incluido en octubre del año pasado junto al círculo más cercano: Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti.
El país conoció la existencia de ese contrato gracias a la denuncia de Germán Ricaurte –candidato a la Cámara por Bogotá— y por la queja de Katherine Miranda –candidata al Senado– ante la Procuraduría, que decidió abrir una investigación previa para determinar si hubo un posible detrimento patrimonial y violación a los principios de la contratación pública.
En contexto: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton
En la apertura de esa investigación, el Ministerio Público documenta una serie de hechos que prendieron alertas y provocaron un debate jurídico y político sobre si el jefe de Estado puede usar recursos de Presidencia para defender intereses personales y no acudir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, entidad encargada de asumir procesos y pleitos en nombre no de un particular sino del Estado.
EL COLOMBIANO investigó las alertas, revisó en detalle el contrato y con fuentes que trabajan en el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), encontramos nuevas presuntas irregularidades y detalles reveladores sobre la forma en la que se manejan los recursos públicos en la casa donde se gobierna al país.
El abogado defensor de Maduro
Justo después de que el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en la Lista Clinton –cosa que no había sucedido con ningún otro mandatario colombiano–, el jefe de Estado anunció que su abogado sería el estadounidense Daniel Kovalik. Se trata de un reconocido jurista y profesor que defiende regímenes autoritarios acusados de cometer graves violaciones a esos mismos derechos que dice proteger.
Para solo citar uno de sus defendidos, Kovalik fue abogado del régimen chavista en tiempos de Nicolás Maduro. En una entrevista de 2013, el defensor calificó la Revolución Bolivariana como “la revolución más benévola de la historia”. Admira públicamente a dictadores del calibre de Fidel y Raúl Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez y justifica acciones del ruso Vladimir Putin y el iraní Alí Hoseiní Jamenei.
El caso es que en octubre le hicieron una entrevista a Kovalik en Blu Radio y le preguntaron si iba a defender “pro bono” (gratis) a Petro: “Sí, sí. Lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo. Y sí”, respondió en inglés. Menos de dos meses después, el abogado viajó a Bogotá para acordar los detalles del millonario contrato a nombre de su firma Amadeus Consultancy Limited.
Según fuentes, hubo varios encuentros de Kovalik con funcionarios de Palacio a finales de diciembre de 2025. “Nos dijeron: la orden viene directamente del presidente Petro”, contó una funcionaria que labora actualmente en Presidencia, pero que habla bajo reserva por temor a perder su empleo.
La urgencia para firmar el contrato tenía que ver, primero, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el 30 de enero, que impide luego de esa fecha entregar bajo la modalidad de contratación directa recursos públicos por el periodo de elecciones. Pero también por la insistencia de Kovalik para ejecutar la “estrategia” de ese grupo de abogados en Estados Unidos en un tiempo reducido: $10.000 millones de pesos (2.7 millones de dólares) ejecutados desde el 9 de enero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, cuyo desembolso debía ser en libras esterlinas, como finalmente quedó en el contrato, a pesar de la volatilidad en la tasa de cambio.
EL COLOMBIANO accedió en exclusiva a un documento clasificado como “privado y confidencial” de la firma Amadeus dirigido al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, el 10 de diciembre de 2025. Es la propuesta inicial de los abogados para explicar sus servicios y exigencias que sirvió como insumo para el contrato 001 que se firmó un mes después.
De entrada, dicen que es una “consultoría estratégica de políticas intergubernamentales” con Estados Unidos para “facilitar las conversaciones con funcionarios” americanos y eliminar de la Lista Clinton a Petro, Alcocer y Petro Burgos. No incluye al ministro Armando Benedetti. Advierten que hay un gasto adicional nombrado como “honorario de éxito” por 1.182.000 libras esterlinas (6.000 millones de pesos al cambio de hoy). El documento también menciona que podría haber gastos adicionales como tiquetes aéreos en clase ejecutiva y alojamiento “categoría ejecutiva”.
En ese mes entre el envío de ese documento hasta la firma del contrato con Presidencia hubo una serie de alarmas, inconsistencias, salidas y presuntas irregularidades desconocidas hasta hoy.
“Hagámoslo in house”
En Presidencia consideraron la posibilidad de hacer ese litigio a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, pero prefirieron hacerlo “in house” (en la Presidencia), según fuentes, por varios motivos que generan suspicacia. Primero, no hubo estudios previos realmente sólidos, fue entregado a dedo y sin póliza de seguro, a pesar del valor del contrato. La ruta por la cual elaboraron toda la documentación fue a través de la oficina de contratos y no de la secretaría jurídica, como indica la norma.
La improvisación reinó en el proceso. Este diario encontró que utilizaron como modelo contractual un documento modelo de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y no tuvieron el cuidado de cambiar el nombre de la entidad. La irregularidad parecía ser tan sensible que, según fuentes, provocó revuelo en la Casa de Nariño. Incluso, señalan que el jefe financiero de la Presidencia, Sergio Beltrán, habría renunciado por estos hechos, pero EL COLOMBIANO no pudo contactarlo para establecer el motivo de su retiro.
Ante esa renuncia, el proceso lo asumió como ordenador del gasto Pedro Pablo Ariza, un funcionario que trabaja en Palacio desde 1993 y que fue escogido, según fuentes, por descarte y “para que otros se laven las manos” a la hora de una eventual comparecencia ante la justicia.
Además, quien finalmente estructuró el contrato y cuya firma aparece como quien lo revisó fue el abogado Nusmen Alfredo Acosta Aguilar, jefe (e) del área de contratos del Dapre, quien es hijo del actual ministro de Igualdad, Alfredo Acosta. Si bien para el momento de la firma (9 de enero) su padre aún no era ministro, pocos días después asumió el cargo y ambos siguen ejerciendo con tranquilidad. Fuentes de Palacio aseguran bajo reserva que esa situación hace ruido en los pasillos del poder.
“Nhora (Mondragón) –nueva directora del Dapre– quiso sacarlo y hasta llamó el ministro a reclamar. Dijeron que no hay conflicto, pero él venía de trabajar con Angie (Rodríguez), nombrado por ella. Pero cómo no va haber problema si tu hijo es el jefe contractual de la Presidencia donde cualquier cosa que tú como ministro quieras hacer pues le puedes ayudar a tu papá”, dice una fuente de Presidencia bajo reserva.
Este diario buscó a Nusmen Acosta, quien se negó a responder a los cuestionamientos y apenas respondió: “usted sabe que se firma el contrato es por el ordenador del gasto, pero no tengo ninguna apreciación al contrato. No voy a responder ninguna entrevista”.
También buscamos tanto a la entonces directora del Dapre como a la actual. Por un lado, Angie Rodríguez, dijo que no hubo “improvisación ni afán. Se trata de un proceso documentado que responde a la necesidad institucional de gestionar riesgos internacionales en materia de sanciones financieras, los cuales requieren atención técnica especializada y oportuna”.
Por otro lado, Mondragón respondió que “la posición institucional ha sido clara: no se trata de una ‘defensa personal’, sino de un instrumento para fortalecer la capacidad del Estado de analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras”, dijo.
Y agregó: “en ese marco, la preservación de la estabilidad institucional es prioritaria: si al Presidente le va bien frente a un riesgo de esta naturaleza, le va bien al país, porque el impacto potencial no es individual, sino institucional, con efectos en relaciones, transacciones y confianza”.
En esta última respuesta, pero también en la de Rodríguez, es donde habría otras inconsistencias de la entrega de ese contrato millonario, según fuentes y expertos consultados.
¿Y la Agencia Jurídica?
El objeto del contrato es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”, pero no habla específicamente de la lista OFAC o Lista Clinton aunque Mondragón y Rodríguez lo mencionan en sus respuestas. Es decir, que si Petro quería defenderse como jefe del Estado colombiano, en representación del mismo, debió acudir a la Agencia Jurídica del Defensa del Estado, en línea con lo que argumenta Presidencia de la “estabilidad institucionalidad” y sus eventuales efectos. Pero en la práctica, más allá del detalle jurídico, es que Petro habría usado recursos públicos del Dapre para defenderse de una sanción que le impusieron a su nombre –y el de su círculo– y no al Estado colombiano.
¿Por qué entonces lo hicieron a través del Dapre y no de la Agencia Jurídica del Estado? Fuentes del Gobierno responden con claridad: “Lo que Petro tiene es un problema personal entonces para evitarse la negativa de la Agencia lo hicieron en Presidencia para tener el control”.
En efecto, no solo tienen el control sino el descontrol de la situación. Llevan varios días en Presidencia intentando resolver cómo hacen el primer desembolso que corresponde a $2.500 millones de pesos y ha planteado retos inéditos para los funcionarios; por ejemplo, si le ponen impuestos o no a esos desembolsos y deben definir en dónde se ejecuta el contrato y sus respectivas asesorías: Bogotá, Washington o Londres, incluso, donde está afincada la firma extranjera. Tan solo ese detalle, para nada menor, podría poner en aprietos a los funcionarios frente a los entes de control.
La directora del Dapre, Nhora Mondragón, justifica la firma del contrato desde Presidencia porque, según ella, “el objeto contractual no es un litigio ordinario: es asesoría técnica altamente especializada en sanciones financieras internacionales OFAC, con análisis normativo, procedimental y de riesgo institucional, que puede complementar, y no necesariamente sustituir, esfuerzos interinstitucionales en un momento clave de cambio geopolítico en el sistema de relaciones internacionales”.
Si así fuera, ¿por qué el ministro Benedetti, también incluido en la Lista Clinton, ha optado por contratar de sus recursos a sus abogados para que lo defiendan? Fuentes de su círculo dicen que “ni bobo que fuera. Sabe que se mete en un lío con eso”.
¿Qué sigue?
Entre los pasillos de algunas entidades hay abogados que en voz baja advierten líos con ese contrato y anticipan presuntas irregularidades cometidas por quienes lo estructuraron, revisaron y firmaron. “Allá premiaron a los que les fueron funcionales, pero les va tocar responder”, dicen fuentes. De hecho, hablan de consecuencias fiscales, disciplinarias e incluso penales pues podría configurarse un peculado por uso y la firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La congresista Miranda dejó consignado en la queja ante la Procuraduría que “los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado”.
Y habla de dos elementos clave. Primero, que los productos exigidos se concentran principalmente en conceptos, reuniones, análisis y recomendaciones “sin que se establezcan resultados verificables, indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos que permitan evaluar la real necesidad, proporcionalidad y eficacia del gasto público comprometido”.
Segundo, hace referencia a un esquema de pagos de cuantía muy elevada para un periodo de tiempo muy corto (cuatro meses), sin demostrar la urgencia de la asesoría. En Presidencia algunos funcionarios advirtieron este escenario, según conoció este diario, alegando una “concentración de pagos” que podría ser irregular. Por eso fue que los “honorarios de éxito” contemplados en el documento que revelamos luego se integraron dentro de un solo valor en el contrato sin la certeza de que logren sacar a Petro y su círculo de la Lista Clinton.
Por lo pronto, este contrato ejemplifica la forma en que el Gobierno ha gastado recursos por las desmedidas salidas del presidente Petro, como la de invitar en las calles de Nueva York a la desobediencia del Ejército de Estados Unidos a Donald Trump, que a la postre le costaron su inclusión en la lista.
El abogado Kovalik publicó el 6 de febrero una foto con el presidente Petro en medio de su visita a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. El litigante, abrazado al mandatario colombiano, dice: “Increíble semana trabajando con Gustavo Petro. Verdaderamente el mayor honor de mi vida”.
Un honor que nos cuesta a todos los colombianos $10.000 millones de pesos.
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