Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes, que hasta ahora solo existen en el papel, parecen convertirse para el Gobierno Nacional en la tabla de salvación del proyecto de “paz total”, pero plantean serios cuestionamientos sobre su viabilidad a futuro, el marco jurídico que las sustentaría y el riesgo que implicaría concentrar a actores criminales en áreas con acceso privilegiado a cultivos de coca y minas de oro.
Las ZUT tienen duración definida y las normas contemplan que dentro de ellas las autoridades legítimas continuarán ejerciendo sus funciones, aunque en la práctica están localizadas en pueblos donde los gobiernos locales tienen escasos recursos para operar y, por el contrario, las organizaciones criminales han impuesto su control por décadas.
De igual manera, “dentro de la ZUT queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que son con fines de extradición (...), al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, previo listado entregado por los miembros representantes, que deberá ser acreditado y aceptado por el Consejero Comisionado de Paz”, reza la Resolución N°161, que regula una de estas áreas en la región del Catatumbo.
El Gobierno ha anunciado siete ZUT en los últimos siete meses, buscando acelerar los procesos de paz con cuatro grupos, pero ninguna de ellas se ha activado por diferentes motivos, desde el orden público alterado hasta consultas internas con las comunidades.
Esto tiene varias implicaciones. La primera es que desde que la Casa de Nariño están prometiéndoles protección a los combatientes que se concentren, una seguridad que ni siquiera es capaz de brindarle a la ciudadanía.
La segunda es que, dado que ninguna de las ZUT ha empezado a funcionar, lo más probable que su implementación dependa del próximo Gobierno, pues el mandato de Gustavo Petro terminará el 7 de agosto. ¿Será esta una forma de presionar a ciertas comunidades para que voten en favor de la continuidad de la “paz total” en las elecciones presidenciales de 2026?
El tercer cuestionamiento es que estas áreas de concentración de gente armada no tienen un marco legal definido para grupos que no gozan de estatus político, como el Clan del Golfo, pues el Gobierno no ha tramitado en el Congreso la ley de sometimiento. Eso genera un limbo peligroso, que podría desestabilizar las ZUT ante eventuales demandas a futuro.
“La preocupación con estas zonas de ubicación es que sin un marco jurídico definido, es muy delicado que el Gobierno avance en su consolidación y traslade la responsabilidad de terminarlas al próximo Gobierno, es una lógica que puede resultar irresponsable solo para mostrar unos resultados políticos parciales”, expresó Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
La cuarta inquietud, que gira en torno a estas decisiones, es si los grupos armados realmente se concentrarán a convivir en paz, pues a lo largo de la implementación errática de la “paz total” se ha visto que han utilizado las treguas y ceses al fuego para incrementar su poder. Según las FF.MM., en el último año las principales facciones aumentaron un 15% el número de integrantes.
Entre los beneficiarios de estas medidas está Alexánder Díaz (“Calarcá”), el jefe disidente de las Farc, el cual ya tiene una ZUT asignada en el Catatumbo, la zona con más cultivos de coca del país. ¿Se aplacará, con semejante acceso a rentas ilícitas, sabiendo que ya aprovechó la suspensión de su orden de captura para expandir las redes ilegales del grupo?
Otro favorecido es Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), líder del Clan del Golfo, quien es pedido en extradición por EE.UU., el cual quedaría blindado dentro de estos territorios.
A continuación, un vistazo a la actualidad de los procesos con las ZUT.
Una zona inundada de coca
El 23 de mayo de 2015, mediante la Resolución N°161, la Presidencia de la República formalizó la ZUT para el frente 33 de las disidencias de “Calarcá”, conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
El sitio elegido fue la zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, sin especificar en qué veredas, y su vigencia sería de siete meses “a partir de la vigencia de la presente resolución”.
En aquel momento, el frente 33 estaba contra las cuerdas por una violenta incursión en su territorio del ELN, que desde el 16 de enero comenzó una campaña de exterminio de sus miembros en el Catatumbo, la región que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia (50.000 hectáreas).
Ya pasaron siete meses desde que se expidió la resolución y los delincuentes no han podido concentrarse, a pesar de que las FF.MM. aseguran que retomaron el control.
La explicación que dieron Gloria Quiceno, la delegada del Gobierno en la mesa de paz, y el negociador del grupo, “Andrey Avendaño”, fue que el territorio quedó sembrado de minas antipersona y primero hay que hacer el respectivo trabajo de desminado, lo cual puede tomar más de un año.
La selección de Tibú generó suspicacias en las agencias de seguridad. Más allá de tratarse de un sector de influencia histórica de la guerrilla, “es un municipio difícil de consolidar, lleva 40 años de orden público alterado, asegurarles protección a esos disidentes ahí es muy complicado”, relató un agente policial entrevistado.
Es claro que una de las pretensiones del EMBF es que las Fuerzas Militares le hagan el favor de expulsar del terreno a sus enemigos del ELN, para conservar su fortín ilegal, pero el costo puede ser muy alto en materia de recursos, vidas sacrificadas y logística.
Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que Tibú, con cerca de 25.000 hectáreas sembradas, es el municipio con más coca del mundo. “Los del frente 33 no son inocentes, ellos saben que estar ahí, con las licencias que les otorga el Gobierno, les da una ventaja económica al tener acceso a las cosechas más grandes”, afirmó el investigador policial, cuya identidad se reserva.
Aunque el EMBF cuenta con tres bloques y 15 frentes y columnas móviles, es particular que el Gobierno haya creado una ZUT solo para el frente 33, lo que deja en el aire una pregunta: ¿para todos los demás frentes de ese grupo también habrá zonas particulares? ¿Por qué no agrupar a todos sus integrantes en una sola?
Resolviendo consultas internas
Con el frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que delinque en el departamento de Nariño, el Gobierno definió la ZUT el pasado 10 de junio. El plan es que tenga vigencia de un año, y estará ubicada en el municipio de Mallama, en tierras del resguardo Gran Mallama de la comunidad Awá.
Similar al caso del EMBF, ya pasaron seis meses sin que los combatientes del frente (100 aproximadamente) se concentren en el sitio definido, aunque en este caso la principal razón no es el conflicto, sino una serie de consultas internas con los indígenas para establecer los alcances de ese proceso y el impacto en la vida de los residentes.
El 18 de noviembre finalizó esa etapa de consultas previas. En ese entonces, Carlos Erazo, el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con los Comuneros, informó que 1.000 residentes del resguardo participaron en seis sesiones de trabajo, donde expresaron sus preocupaciones frente a la instalación de la ZUT.
“Nuestro siguiente paso será definir medidas que mitiguen al máximo esos impactos y nos permitan continuar avanzando en este camino de co-construcción de paz. Esta etapa culmina satisfactoriamente y daremos paso a la protocolización de los acuerdos en los próximos días”, anunció, aunque dicho protocolo todavía no se conoce.
Mallama es un municipio estratégico para el tránsito de la cocaína y los insumos químicos en el triángulo de Tumaco (Nariño), Putumayo y Ecuador. En los últimos años, ha escapado a las consecuencias más severas del conflicto armado, aunque está junto a Ricaurte y Barbacoas, poblaciones con una fuerte presencia de grupos armados.
De Catar a Chocó y Córdoba
El 5 de diciembre, tras culminar su segundo ciclo de conversaciones en Doha, Catar, el Gobierno y el Clan del Golfo anunciaron la selección de tres ZUT: en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en el municipio cordobés de Tierralta.
De acuerdo con el documento oficial, funcionará a partir del 1° de marzo de 2026, cuando comenzará “la ubicación gradual y progresiva de combatientes”.
Unguía es una zona esencial para el tráfico de migrantes y narcóticos hacia Centroamérica, tanto por vía terrestre por el tapón del Darién, como por la marítima del Golfo del Urabá, en la ruta hacia la frontera con Panamá.
Belén de Bajirá, entretanto, es un corredor importante para el movimiento de armas, drogas y combatientes entre Chocó y Antioquia; un uso parecido al que los delincuentes le dan a Tierralta, para el desplazamiento de tropas, cocaína y arsenal entre el sur de Córdoba, el Occidente antioqueño y Urabá.
Pero el riesgo va más allá. En uno de los parágrafos del texto firmado en Catar, los delegados de ambas partes dejaron una opción abierta: “Los grupos de trabajo continuarán conversando sobre la posible incorporación de nuevas ZUT, atendiendo a principios de gradualidad y progresividad”.
Andrés Preciado, investigador de Valor Público de la U. Eafit, opinó que “esta es una negociación extraña, porque mientras el Gobierno siempre ha pedido avanzar en un sometimiento, el Clan sigue esperando que le den el reconocimiento político que ya le dieron a otros grupos, como las disidencias de las Farc. No está claro su objetivo. El Gobierno dice que es sometimiento, pero el Clan es ambiguo en la denominación. Es un proceso con muchos anuncios, pero sin avances significativos”.
Para el analista es riesgoso que se constituyan esta clase de iniciativas sin tener un marco legal definido para la desmovilización de grupos armados diferentes a las guerrillas.
“El EGC es la amenaza más grandes del país y ha estado en proceso de expansión durante todo el Gobierno Petro. Es uno de los grupos más involucrados en disputas y que gana más de ellas, pero la mesa de paz no ha tenido ningún impacto positivo en el territorio, igual que la ‘paz total’ en general, que prometía generar alivios humanitarios, y eso no ha pasado”, aseveró.
¿Una ZUT con rentas ilícitas?
El 6 de diciembre, un día después de pactar las ZUT con el Clan del Golfo, el Gobierno anunció otro acuerdo similar con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.
Lo hizo al finalizar el sexto ciclo de conversaciones en el municipio nariñense de Barbacoas. Los lugares seleccionados fueron Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo), con la idea de que funcionen durante 10 meses.
A diferencia de las denominaciones anteriores, a esos espacios los clasificaron como Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT), a parecer porque incluyen la adenda de unos cursos dictados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
“Roberto Payán es un municipio clave para el narcotráfico y el transporte de armas y tropas, porque lo bañan unos ríos muy importantes, como el Telembí, el Patía y el Ispi. Por ahí mueven en lanchas la cocaína que se procesa en Cauca y va para Ecuador”, afirmó un agente de la Dirección Antinarcóticos que trabajó en el área.
La CNEB está compuesta por dos grandes estructuras, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, cuyos integrantes se congregarían en ese pueblo; y los Comandos de Frontera, que presumiblemente irían a Valle del Guamuez.
“Ese es un municipio ideal para los Comandos de Frontera, no solo por el tráfico de cocaína y explosivos por la frontera con Ecuador, sino porque tiene muchas inversiones en minería ilegal de oro y acceso a los yacimientos de petróleo y el oleoducto ahí en Orito (Putumayo), el pueblo vecino”, agregó el agente.
¿Valdrá la pena seguir confiando en las buenas intenciones de estos grupos? El precio, hasta ahora, sin siquiera activar esas ZUT, ha sido muy alto.
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