Una veeduría estricta a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), modificaciones a la estructura del proceso penal y una depuración normativa del Código Penal para aliviar la crisis carcelaria, hacen parte del paquete de medidas que implementará el gobierno de Abelardo de la Espriella a través de su Ministerio de Justicia.
Fuentes cercanas al equipo del ministro electo, Iván Cancino, le contaron a EL COLOMBIANO que el plan de trabajo que se está estructurando tiene 15 “ejes de transformación”, como ellos los llaman.
Algunos surgieron del programa de campaña y evolucionaron después del arribo de Cancino al gabinete designado.
Uno de los ejes que más llama la atención, dice que habrá un “control crítico sobre la JEP: El Ministerio asumirá una postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados, gestión y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz”, tal cual consta en un informe conocido por este diario.
Esto desvirtúa la idea de que el Gobierno busque desmontar de entrada la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz con las Farc (2016), pero es seguro que habrá una mayor presión para que dé resultados.
Cuatro directrices para modificar las etapas del proceso penal
Otras cuatro directrices tienen que ver con promover modificaciones a las etapas del proceso penal. Una de ellas ya había sido anunciada por el propio Cancino hace dos semanas: “El Ministerio impulsará la supresión formal de la audiencia de formulación de imputación para agilizar el tránsito directo hacia las etapas de acusación”.
De igual manera, se buscará una “reducción del papel del Ministerio Público: la cartera liderará la iniciativa para limitar o retirar la intervención del Ministerio Público (Procuraduría) en el proceso penal ordinario, reubicando su talento humano en áreas de alta prioridad social”.
Vale la pena recordar en este punto que en cada audiencia del Sistema Penal Acusatorio hay un delegado de la Procuraduría, el cual interviene con posiciones jurídicas frente a las solicitudes y evidencias que presenta la Fiscalía.
Además, “se promoverá un cambio legislativo para que un juez controle el proceso desde la acusación hasta la preparatoria, reservando el juicio oral a un juzgador o tribunal diferente”.
Como funciona en la actualidad, hay un juez de control de garantías que preside las audiencias de solicitud de captura, legalización de captura y allanamiento, formulación de imputación y medida de aseguramiento; después de estas etapas, el caso pasa a un juez de conocimiento, desde la acusación hasta la preparación, el juicio oral y la sentencia de primera instancia.
Con la modificación propuesta, el segundo juzgado solo entraría en la etapa del juicio, en caso de que el proceso llegue hasta ese punto.
El nuevo ministerio también “reglamentará que la solicitud de absolución por parte de la Fiscalía obligue al juez a decretarla de forma inmediata, salvaguardando los recursos legítimos de las víctimas”.
Seis modificaciones a la política criminal
En el paquete de iniciativas, el nuevo gobierno trae siete medidas que le darían un viraje a la política de justicia.
Una ellas sería la “nueva jurisdicción para fiscalizar jueces”. Esto se lograría con “la creación de un órgano jurisdiccional independiente enfocado en investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia, equilibrando el poder procesal”.
Para evitar que los casos se caigan por problemas de procedimiento, el ministerio buscará un “blindaje operativo de fiscales y policía judicial”, que consiste en “un plan nacional de capacitación técnica para cerrar el paso a las libertades por falencias procedimentales y errores de trámite”.
Entre las que más llaman la atención está una “depuración normativa del Código Penal”, en la que “el Gobierno liderará una revisión exhaustiva para excluir del código aquellas conductas que no ameritan persecución penal, aliviando la crisis carcelaria”.
Por ahora se desconocen cuáles delitos serían eliminados del Código Penal, ni cuál sería el tratamiento alternativo que se le daría a esos casos.
En línea con esa propuesta, se le dará prioridad a los procesos adelantados por las Casas de Justicia. “La cartera destinará esfuerzos a masificar la resolución alternativa de conflictos y los programas de carácter restaurativo en los territorios”.
Otra de las ideas busca que las personas que reciban medidas no privativas de la libertad cuando cometen delitos contra el patrimonio, tengan que pagar multas antes de recibir ese beneficio.
“En delitos con afectación al patrimonio, el uso de medidas no privativas quedará condicionado a que el procesado garantice el 50% de la pretensión económica de la Fiscalía”, dice el informe.
Esta normativa podría aplicarse a los ladrones que a menudo son liberados por los jueces en las audiencias de control de garantías, por lo que acumulan múltiples expedientes sin pagar cárcel ni devolver un solo peso de lo hurtado.
El modelo sería similar al pago de las fianzas en la justicia de Estados Unidos.
El gobierno entrante pretende un “reordenamiento de la justicia negociada”, lo cual implica que “se fortalecerán los preacuerdos bajo estrictos criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño causado y la reparación a la víctima”.
Cuatro prerrogativas en la relación contra otras entidades
En cuanto a los delitos a perseguir, el gobierno de De la Espriella “priorizará una estrategia interinstitucional de máxima severidad contra las finanzas ilícitas y el blanqueo de capitales”, por lo que se le dará prioridad al fortalecimiento de las entidades encargadas de atacar el lavado de activos.
En la lista de entidades que contrarrestan ese delito, además de la Policía, están la DIAN, la Uiaf y la Fiscalía, entre otras.
El próximo Minjusticia también “garantizará un enfoque de respeto absoluto y fortalecimiento financiero para la función defensorial”, inyectándole más recursos a la Defensoría del Pueblo.
Y promoverá una “armonía institucional con las altas cortes, con un diálogo fluido, constructivo y de respeto absoluto con todas las corporaciones judiciales del país”.
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De esta manera buscaría reducir la tensión que existe actualmente entre el poder ejecutivo y la rama judicial, por cuenta de las decisiones que han frenado proyectos del presidente Gustavo Petro, y los duros cuestionamientos que este ha sembrado contra las cortes.
Finalmente, “se ejecutarán cambios directos en la conformación de los comités y comisiones que asesoran al Gobierno Nacional en materia de política criminal”.
Estas medidas empezarían a promoverse desde los primeros 90 días del mandato de De la Espriella, que iniciará el próximo 7 de agosto.
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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Qué cambiaría el Gobierno en el funcionamiento de la JEP y qué significa la “veeduría estricta”?
- El Ministerio de Justicia plantea ejercer una veeduría estricta y crítica sobre los resultados, la gestión y las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la información conocida, esto no implica desmontar la justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz de 2016, sino aumentar el seguimiento y la presión para que esa jurisdicción entregue resultados.
- ¿Qué significa la propuesta de depurar el Código Penal para enfrentar la crisis carcelaria?
- La iniciativa consiste en revisar el Código Penal para excluir conductas que el Gobierno considere que no ameritan persecución penal. El propósito es contribuir a aliviar la crisis carcelaria, pero el documento conocido no especifica qué delitos podrían salir del Código Penal ni cuál sería el tratamiento alternativo para esos casos.
- ¿Qué cambiaría para quienes cometan delitos contra el patrimonio y busquen medidas no privativas de la libertad?
- La propuesta establece que, en delitos que afecten el patrimonio, el procesado tendría que garantizar el 50% de la pretensión económica de la Fiscalía antes de acceder a medidas no privativas de la libertad. La intención es fortalecer la reparación económica y evitar que algunos procesados obtengan beneficios sin responder por los daños causados.
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