Antes de que el polémico Alfredo Saade, hoy embajador de Colombia en Brasil, ocupara un cargo visible dentro del gobierno de Gustavo Petro, ya tenía vínculos contractuales con entidades del Estado. Uno de esos contratos se dio en la cuestionada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Su contratación en esa entidad había pasado sin mayor atención pública hasta este lunes, cuando se conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la UNGRD por presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual se vinculó a Saade.
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De acuerdo con la información conocida, Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la entidad, y Ana María Castaño, exsecretaria general, habrían omitido controles y verificaciones al momento de autorizar el contrato. Saade fue vinculado como apoyo jurídico, y según la Procuraduría, ambos exfuncionarios deberán responder por presuntas faltas graves relacionadas con el proceso de selección y la supervisión del contrato.
El contrato, suscrito en 2023, tuvo un valor cercano a los 257 millones de pesos, más de 20 millones mensuales. Uno de los puntos que ahora es objeto de cuestionamiento tiene que ver con la certificación de requisitos. Según el ente de control, la exsecretaria Castaño habría avalado que Saade cumplía con la experiencia exigida, basándose en una declaración juramentada sobre labores realizadas en la Fundación Levantemos los Muros Caídos, sin que existiera un respaldo suficiente que acreditara dichas funciones.
El proceso disciplinario tiene origen en una denuncia presentada en 2024 por el representante electo Daniel Briceño, quien puso en duda la validez de los informes entregados por Saade para justificar los pagos recibidos durante la ejecución del contrato.
“Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo”, afirmó Briceño al referirse al contenido de los reportes presentados.
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La investigación de la Procuraduría se enmarca en el contexto de las revisiones que se adelantan sobre la contratación en la UNGRD, una entidad que ha sido objeto de escrutinio por distintos procesos y decisiones administrativas. En este caso, el foco está puesto en determinar si se cumplieron los requisitos legales para la vinculación de Saade y si existieron fallas en los controles internos que permitieron la firma y ejecución del contrato.
Por ahora, el proceso avanza en etapa disciplinaria contra los exfuncionarios, mientras se revisan los soportes, certificaciones y documentos que hicieron parte del expediente contractual. La decisión final dependerá de las pruebas que logre recopilar el ministerio público sobre la legalidad y transparencia del proceso.
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