Luego de que se ordenó la captura de Tapia, hubo un presunto retraso injustificado. Esto dice la reciente investigación que abrió y amplió la Comisión de Disciplina Judicial.
La Comisión de Disciplina Judicial amplió la investigación contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Rodríguez, por presuntas irregularidades en las decisiones que favorecieron al contratista Emilio José Tapia, protagonista de varios escándalos de corrupción en el país.
El nuevo frente disciplinario surge tras advertencias sobre supuestas maniobras del despacho de Rodríguez que habrían demorado o interferido en la recaptura de Tapia, pese a que su arresto había sido ordenado por un juez de Bogotá veinte días antes.
Finalmente, el contratista fue detenido el pasado viernes, 31 de octubre, en la clínica Altos del Prado de Barranquilla, donde se encontraba bajo atención médica por hipertensión y acompañado de funcionarios del Inpec.
La jueza ya estaba siendo investigada por la decisión de otorgarle libertad condicional a Tapia el 11 de abril, medida que generó controversia en distintos sectores judiciales debido a los antecedentes del condenado y la magnitud de los delitos por los que fue hallado culpable.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico adelanta este proceso y ahora deberá evaluar también las nuevas denuncias sobre una posible obstrucción a la justicia en el trámite de recaptura.
Tapia, conocido como uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá, acumula tres condenas por delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
En total, su pena llega a 12 años y un mes de prisión. Además, fue señalado como responsable del desvío de 70.000 millones de pesos del contrato entre el MinTic y el consorcio Centros Poblados, que buscaba llevar conectividad a zonas rurales del país.
La revocatoria de su libertad fue ordenada por el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que consideró que, aunque Tapia había cumplido el tiempo necesario para acceder al beneficio, su conducta y el impacto del daño causado al erario público hacían improcedente mantenerlo en libertad.
En su fallo, el juez de Bogotá subrayó la gravedad del comportamiento del contratista:
“Se afectó seriamente la transparencia de las altas esferas de la Administración Distrital y se socavaron ostensiblemente las arcas del Distrito, ocasionándose el mayor descalabro de que se tenga noticia en la contratación distrital”.
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Con esta nueva compulsa de copias, el caso de la jueza Rodríguez vuelve a estar bajo la lupa. Las autoridades disciplinarias deberán determinar si sus actuaciones representaron una falta a la función judicial o un intento por beneficiar al contratista más emblemático de los recientes escándalos de corrupción en Colombia.
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