Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, Juan José Laverde Martínez aceptó su participación en el entramado de corrupción de Centros Poblados que pretendía llevar internet a zonas rurales del país y en el que se perdieron $70 mil millones.
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En ese sentido, la juez 40 de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo y lo condenó a cuatro años de prisión como responsable de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
Igualmente, se ordenó pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.
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Las pruebas recolectadas por la Fiscalía permitieron demostrar que Laverde Martínez aprovechó su condición de representante de una compañía de seguros para entregar una póliza falsa que permitió que Centros Poblados respaldará su oferta ante ministerio de las tecnologías MinTic y que, posteriormente ayudará a quedarse con el millonario contrato que ascendía al billón de pesos.
“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en articulación con un equipo de investigadores y peritos financieros-contables, estableció que Laverde Martínez, en su condición de representante de una compañía de seguros, entregó la póliza falsa que permitió a la unión temporal ‘Centros Poblados’ respaldar su oferta ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), y quedarse con el contrato de conectividad que ascendía a un billón de pesos”, explicó la Fiscalía.
Asimismo, se determinó que el único condenado por este caso también aportó tres garantías bancarias “que indujeron a error a funcionarios del MinTic que aprobaron el desembolso de un anticipo por 70 mil millones de pesos”.
Según el preacuerdo firmado por Laverde, este reintegró $186.739.959, que corresponderían a los dineros que recibió por su intervención.
Esto sumado a que la juez dio el aval a que Laverde aportó información relevante que terminó con la captura de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, dos de los cerebros de este millonario escándalo.
“Se suscribe debido a la colaboración que ha brindado dentro de este asunto y (...) el procesado se compromete a ser testigo de cargos en sede de Juicio Oral en contra de los señores Emilio José Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y demás personas vinculadas en las otras etapas de la investigación caso MinTIC”, señaló el fiscal.
Emilio Tapia: el origen del escándalo de Centros Poblados
Según la Fiscalía, Tapia le pagó una coima a un agente de seguros para que este le gestionara una garantía bancaria falsa para que la Unión Temporal Centros Poblados pudiera quedarse con el contrato de más de un billón de pesos. Contrato que tuvo que ser revocado y que implicó la salida de la entonces ministra TIC, Karen Abudinem.
Tapia regresó a La Picota y de allí salió el pasado 3 de marzo después de que se revelaran los privilegios a los que accedían algunos de los condenados por corrupción, entre ellos, por supuesto, Emilio Tapia.
De allí pasó una temporada corta en la cárcel de Picaleña en Ibagué, hasta el pasado 23 de junio, cuando gracias a una tutela presentada por su esposa, en la que invocó el derecho a la unidad familiar, fue trasladado a Barranquilla, donde está actualmente.
Pero ese no es el único lío en el que se ha metido Emilio Tapia. Fue una de las piezas más claves del mayor descalabro de corrupción del que se tenga noticia en Bogotá. Durante la administración de Samuel Moreno, entre 2008 y 2010, fue el enlace entre el Alcalde y su hermano, Iván Moreno, con los contratistas que se llevaban las obras más jugosas del distrito a cambio de una coima del 8%. El abogado cordobés se encargaba de estar pendiente de qué contratos se iban a entregar y a quienes, también de cómo se les iba a cobrar las coimas.
Durante esos años, Iván Rojas, en representación de su hermano, se reunía con contratistas en Miami (Estados Unidos) para negociar la operación de las distintas entidades del distrito. Tapia era tan clave en toda esta operación que hasta le dieron avión privado, en el que viajó más de 50 veces a Miami entre 2008 y 2010. En medio de la investigación, la Fiscalía encontró en su oficina una agenda donde Tapia llevaba al detalle las 35 áreas, entidades o dependencias del distrito donde había una ‘mordida’ de por medio. Cada una de estas tenía unos compromisos y unos responsables.
Finalmente, Tapia fue capturado y a cambio de algunos beneficios prendió el ventilador y colaboró con la justicia. Fue condenado entonces solo a 7 años de prisión en la Picota, donde se hizo famoso por sus fiestas. En diciembre del 2018, después de haber cumplido más de cinco años de cárcel, recibió el beneficio de casa por cárcel y en mayo del 2019 la justicia le otorgó la libertad condicional.
La libertad condicional no le duró mucho. En medio de sus mansiones, algunas de ellas en Antioquia, Tapia aprovechó para ponerse manos a la obra, en especial con la falsificación de documentos, según la Fiscalía.
Los documentos falsos que le habría presentado a Emcali fueron aceptados entre marzo y abril del 2021. Y en septiembre de ese mismo año, sin todavía tener conocimiento de lo de Cali, regresó a prisión por el escándalo de Centros Poblados acusado también por falsificar documentos.
