Según el alto Tribunal, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para prestar atención en salud a poblaciones vulnerables del departamento de Chocó, el cual se habría entregado a una fundación sin experiencia en el tema.
Es importante recordar que Palacios fue gobernador del Chocó (2016–2019) y Alcalde de Istmina (2008–2009), por lo que la Sala de Instrucción, busca esclarecer si Palacios Mosquera tuvo responsabilidad directa en la adjudicación del contrato y si se presentaron desviaciones de recursos públicos en el marco de su ejecución.
El representante no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, medios locales y ciudadanos del departamento han encendido las alarmas, puesto que no es la primera vez que el político se ve inmiscuido en casos de presunta corrupción.
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Otra investigación también avanza en su contra en la Corte Suprema de Justicia, pero en la Sala Especial de Primera Instancia, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según la indagación del Tribunal, Palacios Mosquera habría incurrido en presuntas irregularidades cuando fue gobernador del Chocó en el trámite y liquidación de contratos para mejorar la plaza de mercado de Istmina. El contrato fue firmado con el Consorcio Plaza de Mercado Istmina.
En aquella contratación, presuntamente, se vulneraron los principios de planeación, transparencia y economía, al no contar con estudios de arquitectura, suelos, ni los ambientales.
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A pesar de contar con dos procesos en curso, para 2023, el congresista ostentaba el título de ser el Congresista más investigado por la Procuraduría General de la Nación.
Palacios cuenta con más de 20 investigaciones en total (algunas en curso), incluyendo una por presunto constreñimiento a contratistas e irregularidades en el contrato de todo el sistema de masificación de gas en varios municipios del Chocó; otra con irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina (caso investigado por la JEP); y otra por el contrato de obra del Hospital Lascario Barbosa, en Acandí (Chocó).
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Este último contrato, en la mira de la justicia desde hace dos años, se habría ejecutado sin estudios técnicos que lo respaldaran, con sobrecostos de por medio y además, según indicó la Corte, para 2023 seguía sin estar terminado.
La Corte Suprema continúa con los procesos, lo cual incluye recolección de pruebas y testimonios que permitan determinar la posible comisión de delitos y responsabilidades individuales. El congresista, al no tener una sanción o condena en firme, puede continuar ejerciendo su cargo.
Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera hace parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente o de Relaciones Internacionales, de la Comisión Legal Afrocolombiana y la de Especial Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral. Además, es miembro activo de la circunscripción territorial del Chocó.