Llegaron dos denuncias al CNE contra la campaña del Pacto, pero parece que ni esa entidad ni la Procuraduría se quieren meter en sanciones por irregularidades.
En la tarde de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos denuncias contra Cepeda por los eventos masivos que se realizaron en Córdoba y Sucre, pese a que está prohibido en la semana previa al día de las elecciones, es decir este domingo.
Horas antes, el presidente del tribunal, magistrado Cristian Quiroz, hizo una invitación a los candidatos presidenciales “a respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar”.
“Una vez llegue la solicitud de investigación o denuncia, la Sala Plena tomará las investigaciones y las decisiones correspondientes en estos casos”, señaló.
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Sin embargo, fuentes enteradas dijeron a este diario que poco o nada puede hacer el CNE, porque las vedas se derivan de un decreto de orden público del Gobierno. Puede que hayan llegado, pero eso se le trasladará a los alcaldes correspondientes, que son los encargados de hacer cumplir este decreto.
La campaña presidencial de Iván Cepeda quedó en el centro de la controversia por la realización de varios encuentros multitudinarios que han despertado cuestionamientos sobre una posible vulneración de las restricciones electorales.
Según establece la ley colombiana, desde una semana antes de los comicios no se pueden realizar eventos en plaza pública de carácter proselitista ni divulgar encuestas electorales. Durante los últimos días se han conocido diferentes reuniones y actos relacionados con la campaña del candidato.
Las críticas aumentaron luego de que se difundiera un video de uno de esos encuentros en Montería, Córdoba, en el que el candidato del continuismo hace referencia directa a los cuestionamientos que han surgido por estas actividades.
“Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”, dijo con descaro Cepeda en su discurso. También señaló instrucciones relacionadas con la jornada electoral.
“Y para que estemos claros, quienes estamos en este recinto privado, sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, agregó.
Aunque desde la campaña podrían argumentar que se trata de reuniones privadas de coordinación política, sectores críticos han señalado que es una violación de la ley sin poder alguno, al parecer por protección del Gobierno.
Además de estos cuestionamientos, vienen ocurriendo otros relacionados con episodios de presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Particularmente, por un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, en el que mostraba y mencionaba el cierre de campaña de Cepeda desde Barranquilla.
Petro ha sido reiterativo en este tipo de pronunciamientos, al punto de que ya enfrenta al menos diez procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por presunta participación en política.
Pero lo que ahora inquieta es la respuesta institucional frente a estas actuaciones, en particular la del procurador Gregorio Eljach, quien dirige la entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades en las que pueda incurrir un funcionario público.
En particular, lo llamativo ahora de las declaraciones de Eljach es que hace tan solo unas semanas, a través de un video, lanzó un llamado a la prudencia dirigido tanto a los actores políticos como a la ciudadanía.
“Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, dijo.
Pero cambió de postura y afirmó que el criterio central es determinar si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura pública.
“Lo de las redes está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, dijo el Procurador.
Vale recordar que Eljach fue ternado por Petro. Sobre este debate, el congresista Daniel Carvalho dijo que “uno quisiera que el hecho de violar las leyes electorales generara vergüenza, sanciones y rechazo social, pero aquí no pasa nada”.
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