Con seis votos a favor la Sala Plena de la autoridad electoral desestimó los argumentos de la defensa de los investigados, que pedía que el caso fuera asumido por la Comisión de Acusación.
En desarrollo de una Sala Plena celebrada este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó una petición elevada por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros implicados que pretendía anular la investigación que se adelanta contra el primer mandatario por presunta violación de topes electorales en su campaña de 2022. Así las cosas, la investigación del caso se reanuda y se reactiva el proceso.
La investigación había quedado en veremos mientras la autoridad electoral evaluaba si la solicitud de nulidad tenía fundamento. Allí se argumentaba que, por competencia, el caso debería llegar a la Comisión de Acusación de la Cámara. Sin embargo, con seis votos a favor, el CNE negó la petición. Tres magistrados salvaron su voto: Altus Baquero (cercano al Partido Liberal), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (afines al Pacto Histórico).
En octubre pasado, después de meses de expectativa, aplazamientos, recusaciones de toda índole y una revisión minuciosa del expediente, el CNE resolvió abrir una investigación contra la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales.
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Una vez desestimada la petición de la defensa del presidente, arranca una carrera contrarreloj para que la autoridad electoral adopte una determinación. De acuerdo con la ley, tras la presentación de descargos por parte de los investigados, se debe adelantar la práctica de pruebas: el CNE tiene tres meses para esa tarea. Con todo, hay posibilidad de que esa práctica de pruebas se prorrogue otros dos meses.
Luego, vendrán los alegatos de conclusión y a partir de entonces el despacho del ponente del caso tendrá dos meses para resolver el proceso, que concluiría a finales de junio. En caso de que la campaña sea declarada culpable, aún la defensa tiene la posibilidad de interponer una demanda ante el Consejo de Estado solicitando nulidad de dicha decisión. Ello le daría más largas al caso.
La investigación señala que durante primera vuelta se excedió el límite de gastos en $3.709 millones. Por otro lado, en segunda vuelta, por $1.646 millones. Es decir, se violaron topes por presuntamente $5.355 millones.
Si bien en las cuentas oficiales la campaña reportó que por concepto de transporte hubo gastos por $4.155 millones en primera vuelta, y $1.330 millones en segunda vuelta, otra es la conclusión de los investigadores. Según quedó consignado en el expediente de 350 páginas en poder de este diario, la campaña excedió presuntamente los topes al contratar los servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI).
En primera vuelta, se habrían violado los topes por $1.249 millones, y en segunda vuelta por $962 millones. Al parecer, para tratar de encubrir las aparentes irregularidades, la campaña habría manipulado las facturas de SADI.
Según la autoridad electoral, como representantes de la campaña deberán responder: el candidato y ahora presidente Gustavo Petro; el entonces gerente, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol); la tesorera, Lucy Aydee Mogollón; los auditores, Maria Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), responsables de la auditoría y presentación de los informes de ingresos y gastos.
Contrario a la diatriba del mandatario, que reclama por un supuesto golpe de Estado, lo cierto es que la investigación del CNE no implica que el presidente sea apartado de su cargo. Esa facultad, como ratificó el Consejo de Estado en fallos recientes, sigue siendo potestad del Congreso de la República.
De hecho, la máxima sanción a la que se enfrenta la campaña es una multa o la devolución de la reposición de los votos, en la medida en que el proceso es administrativo y no penal o disciplinario. Eso sí, en caso de que se comprueben las supuestas irregularidades, el CNE puede remitir el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara que, tras un largo e inédito proceso, podría someter al primer mandatario a juicio político.
