Ayer se conocieron los primeros siete nombres de los “Voceros de paz” que el gobierno del Pacto Histórico decidió liberar antes de Navidad, con el argumento de que se trataba de personas procesadas durante el estallido social del 2021, que eran “reconocidas por su liderazgo social y su trabajo comunitario”, enmarcándolas además como “indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas”.
Sin embargo, ya han surgido denuncias sobre la idoneidad de estas personas. Una de esas, la hizo pública el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés. Según el congresista, en la lista de los siete hay dos colados, quienes no habrían hecho parte de los capturados en las manifestaciones y protestas del paro nacional.
Se trataría de Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza, quienes habrían sido capturados por delitos relacionados con invasiones ilegales de tierra y agresiones contra servidores públicos en zona rural de Popayán, Cauca.
Según Garcés, estos jóvenes también habrían usado artefactos explosivos contra la Fuerza Pública, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Además, el congresista asegura que una de las ocupaciones ilegales de tierras en las que habrían participado estos jóvenes dejó a una persona fallecida.
Miguel Cerón, campesino y dueño del predio que fue invadido, murió de un infarto aparentemente como consecuencia de los ataques que recibió por parte de los invasores. Tanto Duque como Hinestroza están retenidos en la cárcel de San Isidro, en Popayán.
Según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este primer grupo de excarcelados cumplía con condiciones como no estar aún condenados y pertenecer a organizaciones sociales y humanitarias, como juntas de acción comunal, que certificaron su vinculación.
“La Comisión analizó en qué labores podría ser útil la actividad de líderes sociales, de personas que puedan contribuir a lo que podríamos llamar ‘la paz del barrio’, es decir, el desescalamiento de la conflictividad social”, dijo.
En este punto hubo varias precisiones. De acuerdo con Osuna, estas siete personas no tienen el estatus de “gestores de paz” –a quienes el Gobierno les proporcionará un sueldo, como se conoció esta semana–, sino que adquieren el rol de “voceros de paz”, por lo que no recibirán ningún tipo de retribución.
De acuerdo con la información que el Gobierno Nacional compartió sobre cada uno de los “Voceros de paz” que serán liberados en el transcurso de la próxima semana, Álvaro Andrés Duque es un líder estudiantil y campesino que hace parte de una organización de derechos humanos de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Por su parte, sobre Hinestroza el Gobierno dice que el joven, padre de una niña de ocho años, hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no tienen recursos para pagar por ellas. Según el Gobierno, Hinestroza también hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, la misma a la que supuestamente pertenece Duque.
Según establece la Ley de Paz Total, la condición de “voceros de paz” la pueden tener únicamente miembros de la sociedad en tres casos: cuando se los encomiende un grupo armado que participe en diálogos de paz (ejemplo, el ELN); cuando lo autorice una estructura armada de actuar más urbano (Los Shotas, en Buenaventura), y –como en el caso de los siete excarcelados– cuando el presidente “considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
