Una comisión del CTI llegó hasta el centro carcelario para hablar con varios reclusos y determinar de qué conversaron con Juan Fernando Petro en 2022, en plena campaña presidencial.
En el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las reuniones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con parapolíticos y extraditables en la cárcel La Picota –en las que presuntamente se habrían pactado dádivas a cambio de cupos en la política de paz total–, este martes una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegó hasta el centro penitenciario para interrogar a los implicados.
El objetivo de las pesquisas era determinar de qué hablaron los reclusos con el hermano del presidente durante las visitas que este adelantó el año pasado, en plena contienda electoral que llevó a Petro a la Presidencia de la República.
En enero pasado, ante las denuncias de que narcotraficantes estarían pagando hasta un millón de dólares para poderse colar en la paz total, Juan Fernando Petro, aseguró que estaban usando su nombre “por debajo de cuerda, para hacer negociaciones de todo tipo”.
Incluso, aseguró que ha escuchado versiones según las cuales están cobrando hasta 800 millones de pesos para tener una cita con él. “Lo tengo claro porque Gustavo me lo dejó claro y yo hablé con Danilo (Rueda) hace mucho tiempo, que solamente tenía autoridad política y de negociación el alto comisionado de Paz. Yo no soy parte del Gobierno”, complementó.
En el entramado estarían involucrados abogados y organizaciones de presos, sobre todo quienes estarían siendo contactados por los extraditables para intentar poner su nombre en el catálogo de gestores de paz. El entramado se estaría presentando, sobre todo, en Bogotá y Antioquia.
En marzo, el propio presidente Petro, a través de un comunicado oficial, informó que fuentes cercanas a él le comentaron acerca de supuestos pagos dentro de las cárceles del país a cambio de beneficios, todo ello en nombre de la paz total.
“Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las victimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”, dijo el presidente tras insistir en que el único vocero del Gobierno autorizado para esos temas es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
