Pocos funcionarios de la Casa de Nariño han sobrevivido a estos más de tres años y medios de mandato del gobierno Petro. Uno de ellos es Andrés Idárraga, secretario de Transparencia —lo que se conocía en otros gobiernos como ‘zar anticorrupción’— y ahora ministro de Justicia (e).
En las últimas horas, el funcionario se solidarizó con Angie Rodríguez, directora del Dapre, quien denunció un ataque a la casa de sus padres hace 15 días por encapuchados que “destrozaron” la vivienda por dentro, pero no se llevaron nada de valor, sino solo documentos. Tras ese hecho, se creía que Rodríguez saldría de Palacio, pero este jueves se conoció que ya no (ver: ‘Angie Rodríguez ya no...’).
Aun así, Idárraga y Rodríguez han difundido la teoría de que el ataque sería producto de gente al interior del propio gobierno y específicamente de las centrales de inteligencia. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro amplía esa tesis.
Antes de preguntarle por la coyuntura, ¿cómo encontró el Ministerio de Justicia cuando llegó? Porque hubo ruido con unas renuncias que usted pidió...
“Encontré un ministerio que está caído en el rol de articulador interinstitucional con casi todas las ramas del poder público, en particular la Rama Judicial, pero también con un prestigio y una vocería que se opacó. La tarea es recuperar esa articulación, fundamentalmente con las altas cortes, y darle otra vez la voz, la altura y la serenidad que requiere la vocería del MinJusticia”.
Mejor dicho, estamos hablando del ministerio que dejó Eduardo Montealegre. ¿En qué quedó la propuesta que él anunció de una Constituyente?
“El presidente Petro ha sido muy claro con el sentido de la Constituyente y esa iniciativa legislativa no puede venir desde los escritorios de Bogotá. Tiene que salir desde la gente. Entonces, el pueblo organizado tiene que determinar si quiere o no Constituyente. Y esos son los mismos que tienen que llevar al Congreso el próximo 20 de julio la propuesta. El Gobierno, por más ánimo que tenga de esa Constituyente, tiene que darle autonomía a la ciudadanía para que sean ellos los que determinen si habrá o no Constituyente”.
Ahora sí, sobre el tema de Rodríguez, ¿realmente qué hay detrás de ese escándalo? Porque la gente se queda con la opacidad que rodea al círculo del presidente Petro. Usted dijo que una hipótesis es que sea “fuego amigo”.
“Que conspiran contra el Gobierno. No es fuego amigo necesariamente. Yo sí creo que hay conspiraciones ad aportas de una lucha electoral que ya está viva, que se quieren aprovechar y buscar la manera de desprestigiar al Gobierno y a sus altos funcionarios y sobre todo al círculo cercano al Presidente de la República. Eso es como creer que fuego amigo es que algún alto funcionario pudiera tener, si llega a ser cierto, el software Pegasus y lo controla desde su oficina o la casa.
Ese tipo de mecanismos tan versátiles, tan sofisticados, desde la manera como ingresaron a la casa de la de los padres de la Dra. Angie o como interceptaron presuntamente el teléfono del ministro del Interior Benedetti, eso no lo tiene un funcionario público, eso lo tiene la inteligencia nacional. Y es la inteligencia nacional la que nos tiene que decir dónde está Pegasus. ¿Funciona o no funciona? ¿Ya se apagó o lo volvieron a prender? ¿Quiénes están detrás de ese supuesto robo donde solamente se llevaron eran documentos personales de la Dra. Angie? Fue gente perfectamente tapada en sus rostros y con guantes.
Eso no es algo de delincuencia común y por eso descarto en principio que sea fuego amigo, al menos en la categoría de referirse a altos funcionarios dentro del Gobierno. Yo sí creo que es la inteligencia nacional, todas las agencias de inteligencia, las que tienen que responder y decir qué es lo que está pasando con esas situaciones”.
Pero ministro, la inteligencia estatal la dirigen ustedes como Gobierno. Es decir, tienen de director de la DNI al señor Jorge Lemus, ex M-19 y de confianza del presidente Petro, por ejemplo. ¿O va a decir que son mandos medios?
“Claro que sí, lo que nos ha pasado desde el principio. Mandos medios que conspiran contra este gobierno, que han impedido las reformas, las modificaciones, la rotación de personal; yo sí creo que son esos mandos medios porque tener control total de entidades, creo que ningún gobierno lo tiene.
Tan solo que, como veníamos con 200 años de una línea de gobierno y llega una nueva, pues muy difícil llegar a cambiarla de un momento a otro, menos cuando tenemos un Estado con Fuerzas Militares y de Policía tan politizadas que hemos venido incomodando.
Hemos venido incomodando a los narcotraficantes, a los corruptos, a los políticos narcotraficantes y corruptos que también están enquistados en esos organismos y esperamos seguir identificándolos para para que Colombia sepa que la democracia está tranquila cuando su inteligencia está a servicio de la soberanía del país y no de intereses políticos”.
Pero también tienen gente cuestionada. Precisamente, sobre todo ese escándalo, ¿qué referencia tiene del exagente del DAS José Alexis Mahecha? Porque trabajaron juntos en Palacio...
“Es un señor que tiene su pasado profesional. No tengo información al respecto, más allá de que fue un subdirector que llevó la misma Angie Rodríguez, que entendía que era de su confianza, pero no sé más allá de en el día a día, si surgieron algún tipo de controversias o discusiones que hayan llevado a esa separación de una persona que era de su confianza”.
Y luego la propia Angie terminó sacando a Mahecha...
Volvamos a las prioridades que tienen ahorita y una coyuntura que tiene que ver con el tema del fentanilo. El proyecto que anunciaron esta semana, que podría ser como un guiño a Trump, pero la vocación del proyecto es otra, realmente es para poder penalizar el fentanilo. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Qué alcance tiene y en qué están en este momento?
“Pues, en primer lugar, es una iniciativa que está en manos del Congreso de la República. Nosotros lo que hemos puesto es en consideración del Congreso que tenemos que anticiparnos.
Es una medida, por decirlo de alguna manera, que es preventiva. Y en esa lógica, lo que queremos es incluir un artículo que de manera explícita y especial que penaliza la producción, la fabricación y el tráfico de fentanilo o de sus precursores.
Es decir, cualquier elemento químico que es legal, que son de usos hospitalarios, pero que se termine desviando el mercado ilegal de las drogas. Eso es lo que fundamentalmente contiene el proyecto como una medida de salud pública, y una medida preventiva que va de la mano con lo que hicimos la semana pasada en el Consejo Nacional de Estupefacientes, a propósito de los controles administrativos a sustancias que son determinantes para la fabricación del fentanilo”.
En esa misma línea, en sus labores actuales que combinan el tema de la Secretaría de Transparencia, haciendo un corte de cuentas, ¿cómo ve el balance de su gestión ya después de este tiempo pensando en el cierre del Gobierno, ¿como qué grandes resultados se dieron?
“La Secretaría de Transparencia, si fuera hoy o en 8 meses, la entrego como una uva. Es decir, tienen una dependencia de la Presidencia que está en perfectas condiciones.
Y a que me refiero con eso, cuando llegamos en 2022, encontramos, por ejemplo, un archivo rezagado desde el año 2013. Es decir, unos 10 años de archivo botado, descuidado, sin seguimiento a las peticiones de la ciudadanía. Eso tan solo para significarle cómo fue que lo encontramos. Hoy, se encuentran procesos al interior de la Secretaría de Transparencia perfectamente claros y organizados. Lo malo de eso es que voy a salir graduado como el mayor denunciante de actos de corrupción, desafortunadamente sin mayores resultados.
Son más de 1800 denuncias que entre Procuraduría -que son la mayoría-, Contralorías y Fiscalía, las que hemos interpuesto por posibles actos de corrupción. Estamos hablando de un poco más de 1800 casos sustentados que tienen que ver con todas las instancias del poder ejecutivo a nivel nacional y a nivel departamental y municipal.
Estamos esperando que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría nos den resultados. Nada sirve que yo me haya expuesto, que el equipo se haya expuesto, que le haya dado eco a las voces de la ciudadanía que denuncian actos de corrupción, si la justicia no actúa.
Cuando denuncié que había en Colombia a principio de Gobierno un 94% de impunidad, quisiera que sean las entidades de justicia y de control las que nos digan a la ciudadanía, al pueblo colombiano, si esa cifra varió o aumentó o siguió igual.
Reitero, no hemos tenido los resultados anticorrupción en la justicia como hemos esperado”.
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