Para el lunes y miércoles de esta semana están programadas dos audiencias clave para las seis personas detenidas desde el pasado 31 de agosto por presuntamente ser responsables de interceptar ilegalmente las comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.
Por un lado, este lunes 11 de septiembre se definirá si el subintendente de la Sijín Fredy Alexander Gómez y el mecánico Rafael Ricardo Santos deben ser resguardados en una prisión, como pidió la fiscal Ángela Santana, mientras se les sigue investigando por presuntamente falsos informantes para interceptar los números de dos personas cercanas a Marelbys Meza: Yhonson Pineda y Luz Robles.
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De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Gómez y Santos entregaron a alias de falsos cabecillas de organizaciones criminales a los investigadores que indagaban sobre el hurto en la residencia de Laura Sarabia. El ente acusador los señala de mentir en febrero y junio de este año en dos investigaciones distintas.
Según la investigación, en febrero de este año el intendente Alfonso Quinchanegua, de la Sijín, y la patrullera de la Policía de Bogotá Dana Canizales le entregaron a la fiscal 101 de hurtos un informe en el que pedían interceptar las comunicaciones de varias personas, entre ellas, de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.
Esa solicitud llegó luego de que la misma fiscal 101 dijo que no existían motivos suficientes para realizar la intervención de los números telefónicos. Para corregir esa circunstancia, Quinchanegua y Canizales reforzaron su informe con un testimonio de una fuente informal que resultó ser Rafael Ricardo Santos.
Santos es un mecánico que labora en el centro de Bogotá, y en su declaración en febrero, a la que llegó por encargo de Fredy Alexander Gómez, de la Sijín, dijo que un tal alias ‘Pini’, un supuesto criminal, llegó a su taller ofreciéndole vender unos dólares, los cuales habría sacado de la vivienda de Sarabia.
Sin embargo, luego se determinó que ‘Pini’ en realidad no existe, sino que se trató de Yhonson Pineda. En el informe de febrero también se pedía interceptar a un alias ‘Pacho’, quien realmente era Luz Robles Arrieta. Ambas personas fueron interceptadas en un proceso que es considerado irregular y por el que están imputados otros cuatro policías, incluyendo a Canizales y Quinchanegua.
En junio, cuatro meses después de ese primer informe, otra delegada de la Fiscalía, del área anticorrupción, llamó a declarar bajo juramento a Santos y a Gómez. De acuerdo con Ángela Santana, en esos testimonios hubo inconsistencias que Gómez intentó resolver, pero que, en últimas, desviaron una indagación que ese despacho llevaba contra Quinchanegua y Canizales.
La Fiscalía les imputó a Fredy Gómez y Rafael Santos el delito de fraude procesal, pero ninguno de los dos aceptó. A renglón seguido, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, sustentando que es una decisión urgente, necesaria y que cumple fines constitucionales.
La fiscal Santana dijo que Rafael y Fredy buscaron inducir al error a funcionarias judiciales. Por ello, era claro que, por la conducta imputada, podría inferirse que, si siguen libres, afectarán la investigación en su contra, así como otras tres líneas que el ente acusador lleva desde que se conoció el hurto a Laura Sarabia y el polígrafo a Marelbys Meza.
“Persisten sus engaños”, dijo Santana en una diligencia del 5 de septiembre y concluyó que existe riesgo de “obstrucción probatoria”, en tanto los imputados podrían coordinarse para mentir otra vez. Al día siguiente, la audiencia en la que debían intervenir el Ministerio Público y la defensa de los imputados tuvo que aplazarse por un problema familiar alegado por alguien del equipo defensor.
No obstante, ese mismo 6 de septiembre el juez 50 de garantías fijó este lunes, 11 del mismo mes, como la fecha para la diligencia continúe. El primer turno para intervenir será de la procuradora Nathalie Motta, y los siguientes serán para el abogado de Fredy Gómez y la defensora de Rafael Santos. La lectura de argumentos empezará a las ocho de la mañana.
Por otro lado, el miércoles 13 de septiembre se decidirá la suerte de otros cuatro policías, también detenidos desde finales de agosto, quienes se enfrentan a audiencias reservadas desde la semana pasada por orden de la juez tercera de garantías, que solo tuvo en cuenta una petición de la fiscal encargada, Cindy Hernández.
Ante la jueza tercera comparecrán el intendente Alfonso Quinchanegua, de la Sijín, y la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales. Además, en la lista están el también patrullero Jhon Fredi Morales y el capitán Carlos Andrés Loaiza.
La fiscal Hernández argumentó que para ellos cuatro la medida de aseguramiento en la cárcel es urgente y necesaria, pues existen “motivos graves que permiten inferir que los indiciados podrían ocultar o falsificar elementos de prueba, o inducir elementos de prueba o comportarse de forma desleal o reticente”.
Los cuatro uniformados fueron imputados el primero de septiembre por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, aunque ninguno aceptó. La tesis de la Fiscalía es que Quinchanegua y Canizales alteraron la investigación que inició el 30 de enero con la denuncia del robo a la casa de la entonces jefa de gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, mientras que Morales y Loaiza conocían las irregularidades y decidieron ocultarlas.
El resultado de la manipulación en el falso expediente fue que la fiscal que seguía el caso del robo ordenó interceptar las líneas telefónicas de Marelbys Meza, Fabiola Perea y otras personas. Marelbys y Fabiola fueron falsamente reseñadas como ‘La Cocinera’ y ‘La Madrina’, supuestas integrantes del Clan del Golfo.
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