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Una de las conclusiones que causó más polémica del Informe final de la Comisión de la Verdad fue que los falsos positivos fueron una política de Estado “para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.
Este patrón de crimen, que consistía en el asesinato de inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate por la Fuerza Pública, fue encubierto y atenuado por la justicia penal militar, según las palabras del documento, presentado hace tan solo un mes por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión.
Sin embargo, se conoció que pese a la figura que representa De Roux en la entidad y su participación en la construcción de este informe, él no estuvo de acuerdo con la aseveración mencionada y así lo aclaró en un anexo al Informe Final.
“Lo que pasó con los ‘falsos positivos’ tiene responsabilidad ética, histórica y política de ministros, presidentes y altos mandos de las Fuerzas Militares, pero no considero que se le llame política de Estado”, le explicó el presidente de la Comisión de la Verdad a El Espectador.
“Para mí una política de Estado es una organización de las leyes para avalar algo, en este caso para producir asesinatos. Ninguna ley dice que se vaya a buscar personas inocentes y matarlas. Creo que llamarlo política de Estado nos confunde”, aseguró De Roux al medio nacional.
A pesar de esto, el padre explicó que comprendía que sus compañeros lo llamaran “política de Estado” por considerar que quienes cometieron estos delitos utilizaron “las leyes y demás normas para producir un crimen”. Así mismo, apuntó: “Creo que es un comportamiento perverso cuando alguien se ampara en una ley para matar, aún cuando esta no dice que maten”.
Esta aclaración no implica que De Roux deslegitime la verdad que la Comisión entregó al país y así se lo aclaró a El Espectador. El padre precisó que el texto de Alejandro Valencia fue “completamente aprobado”, aludiendo al capítulo sobre las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con los datos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el 56% de los municipios del país se registró al menos una ejecución extrajudicial en los últimos treinta años en el conflicto armado. Además, en el Informe final apuntaron que la exacerbación de los “falsos positivos” se dio entre el 2002 y el 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe