El abogado de Miguel Uribe se pronunció demostrando inconformidad. Estos son los detalles.
A pocas semanas del asesinato del senador Miguel Uribe, la justicia dio a conocer una de las primeras decisiones en el caso: un juzgado de Bogotá impuso una pena de siete años al adolescente que, el pasado 7 de junio, disparó contra el congresista en el barrio Modelia. Se trata de la primera condena contra un implicado directo en el magnicidio.
La decisión judicial establece que el menor deberá cumplir siete años de privación de libertad en un centro de atención especializada. Durante la investigación se determinó que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque.
El 7 de junio, de acuerdo con el proceso, fue citado en el barrio Modelia, donde, a bordo de un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, una pistola Glock calibre 9 mm.
Con el arma en su poder, descendió del automóvil, caminó hasta el parque El Golfito —donde el senador Miguel Uribe participaba en una concentración política— y abrió fuego contra él.
En su intento de huida, fue interceptado por el esquema de seguridad del precandidato y entregado a las autoridades. Durante la audiencia de acusación, realizada el 4 de agosto, aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Siete días después, el senador y precandidato presidencial murió a causa de las heridas.
Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta en el proceso, figuran los testimonios del esquema de seguridad del senador, quien narró que, al intentar detener al agresor, este disparó en su contra, obligándolo a repeler el ataque. “Comencé a correr tras de esta persona y, una vez se percata, me hace un disparo. Temiendo por mi integridad física, reacciono con mi arma de fuego”, declaró el escolta a la Fiscalía.
La sanción de siete años, quedó enmarcada dentro de los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Al respecto, el abogado Víctor Mosquera, defensor del fallecido senador, reconoció que se trata de una de las penas más altas contempladas para menores de edad. Sin embargo, advirtió que “no se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.
Agregó que la legislación para adolescentes termina por “incentivar que el crimen utilice a menores, al no existir un castigo real y efectivo”.
Por el asesinato del senador, hasta el momento han sido capturadas seis personas. En un inicio, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con tentativa de homicidio, dado que la víctima seguía con vida. No obstante, el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto tras dos meses de lucha en el hospital, modificó de fondo el panorama judicial para los implicados.
El proceso tuvo modificaciones para cuatro de los seis capturados: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.
Fueron imputados por el delito de homicidio agravado con un rango de pena de 35 a 50 años de cárcel. Puede aumentar dependiendo de los agravantes.
En el caso del adolescente, la imputación no tuvo ninguna variación porque, cuando el senador murió, el joven ya había sido acusado formalmente por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que aceptó. De acuerdo con la legislación colombiana, la Fiscalía solo puede modificar la calificación jurídica de los hechos hasta antes de la audiencia de acusación formal, etapa que en este caso ya se surtió.
Desde que fue aprehendido, permanece recluido en el búnker de la Fiscalía General bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Durante el proceso, ante un juez de Bogotá, el joven pidió perdón. Reconoció que le ofrecieron 20 millones de pesos por cometer el crimen, aunque afirmó que nunca supo contra quién iba dirigido el ataque. Asumió la misión aún sabiendo que no tenía ruta de escape y en el lugar solo le quedaban dos caminos: ser abatido por los cuerpos de seguridad o ser capturado, como finalmente ocurrió.
En el piso, reducido y golpeado, el joven solo se atrevió a decir que le permitieran levantarse para dar los números de quienes lo contrataron. “Déjenme darles los números. Yo les doy los números”. Pero también dijo que lo había mandado “el de la olla”. “Fue el man de la olla”. Unos minutos antes, en la persecución había dicho mientras corría que lo hizo “por plata, para ayudar a mi familia”.
A su alrededor se teje un drama familiar: una infancia marcada por la violencia, la muerte temprana de su madre y el maltrato de su padre, quien finalmente lo abandonó.
Lo que los investigadores conocen es que su padre decidió irse a Polonia recientemente para buscar llegar a Ucrania y así poder generar ingresos como mercenario en la guerra. El teléfono de su padre en Colombia, sin embargo, sigue activo. Este diario lo contactó y el hombre respondió por chat. Pero tan pronto como le preguntamos por el caso, bloqueó la tarjeta de contacto y no volvió a contestar llamadas ni mensajes.
Días antes de accionar el arma contra el precandidato presidencial, el Estado tuvo dos intentos por arrebatar al joven de las calles y de los criminales que lo instrumentalizaron para cometer el crimen en la tarde del sábado 7 de junio. Ambos procesos fueron ineficaces.
En la última semana de mayo, el menor fue visto mientras deambulaba por las calles del centro de la capital. En ese momento, funcionarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) se acercaron para ofrecerle los programas a los que podía ingresar: pero el menor no aceptó.
En ese informe quedó consignado que el adolescente estaba en riesgo de caer en condición de calle. En este punto, EL COLOMBIANO estableció contacto con uno de los funcionarios de la Idipron que, bajo reserva de su nombre, entregó detalles de ese encuentro con el ahora menor infractor.
El funcionario afirmó que, durante ese primer contacto, solo se le contó al joven de la oferta institucional y nada más. Apuntó que solo registraron sus datos en una planilla y apuntaron su número telefónico.
“Fue un encuentro que se hace normalmente con los equipos en territorio. Se hacen a diario, esos encuentros buscan a jóvenes para ofrecerles beneficios de Idipron de bienestar y desarrollo”, apuntó el funcionario.
El programa de la Alcaldía de Bogotá no logró vincular al joven y desde el Gobierno Nacional los intentos por recuperarlo tampoco fueron suficientes.
El propio presidente Gustavo Petro afirmó que el menor también había sido acogido en Jóvenes en Paz, programa del Gobierno que pretende desvincular a los jóvenes de las dinámicas criminales y promover su vinculación con ofertas educativas, sociales y de trabajo. De ese programa también se ausentó.
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