El presidente Gustavo Petro enfrenta a partir de este domingo otro reto mayúsculo en búsqueda de la esquiva gobernabilidad. Instalará el último año de sesiones del Congreso de la República en medio de tensiones institucionales persistentes y un clima cada vez más agudo de confrontación.
Todo esto, justo cuando tiene el último chance también para materializar sus mentadas reformas sociales. El ambiente no podría ser más adverso para el jefe de Estado. Además de sus constantes choques y rencillas con diferentes sectores y con otras ramas del poder –entre ellas el propio Parlamento–, el mandatario aterriza a este último periodo legislativo con peleas dentro del corazón de su propio gobierno.
El controvertido Consejo de Ministros que decidió televisar esta semana el Presidente dejó al descubierto fisuras en su primer anillo del confianza, al punto que Petro amenazó con otro revolcón ministerial y llamó traidores a varios de sus colaboradores.
“Ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea (...) Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”, reclamó con vehemencia el jefe de Estado.
En medio de semejante ambiente, el Presidente se propone llevar a buen puerto sus reformas, lograr pactos políticos y asegurar gobernabilidad en un Congreso que desde ya entra en modo elecciones con miras a 2026 y que difícilmente le caminará a iniciativas tan controvertidas como su proyecto para desarmar a las bandas criminales a través de penas mínimas y bienes repartidos.
“El Ejecutivo nunca ha querido concertación. Desde que no haya concertación va a ser otro año muy difícil, muy difícil”, advierte el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, en diálogo con este diario.
Con miras a lo que será la última legislatura que arranca en ciernes este domingo, EL COLOMBIANO presenta los grandes desafíos que deberá encarar el jefe de Estado para lograr que sus proyectos pasen de la retórica a la realidad.
Un trámite en medio de elecciones
Cualquier gobernante, sin distingo de su proyecto de gobierno o favorabilidad, siempre enfrentará un reto mayor a la hora de tramitar sus iniciativas en el Congreso el último año de sesiones. ¿La razón? La campaña anticipada alrededor de las elecciones y su afán de perpetuarse en sus cargos en búsqueda de una reelección.
Durante la legislatura, usualmente los congresistas no solo comienzan a ausentarse de las sesiones para ir a sus terruños en búsqueda de votos, sino que –conscientes de esa dificultad– se apartan de iniciativas de gobiernos con desgaste y capital político mermado.
“El mayor desafío es que es el último año. Normalmente en los últimos años de toda legislatura –sea Congreso, pero también asambleas o concejos–, baja notablemente la intensidad desde el punto de vista del trabajo en las comisiones y en la plenaria. Buena parte de los legisladores empiezan a trabajar ya muy intensamente en sus propias reelecciones. Además, el gobierno que sale tiene muy poco por prometer”, explica el profesor Juan Pablo Milanese, experto en análisis electoral y legislativo, y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI.
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Proyectos controvertidos y de alto calibre
En el caso de Petro, además de buscar que se concrete su reforma a la salud –que ya se tramita en el tercero de sus cuatro debates–, el desafío es aprobar otra reforma tributaria, así como el controvertido proyecto para procesar a las estructuras de crimen organizado que participan en las mesas de la política de “paz total”.
Si bien aún la iniciativa está en fase de borrador, desde ya levanta ampolla: contempla penas de prisión blandas para cabecillas de los grupos de carácter no político, extradición suspendida y hasta la posibilidad de conservar parte de sus fortunas.
“(Es inconveniente) combinar en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria, y adicionalmente, temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”, concluyó la presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, al término de una sesión del Consejo Superior de Política Criminal.
Por otro lado, en materia financiera, Petro le apuesta a recaudar alrededor de $26 billones para financiar el presupuesto de 2026. En este contexto, su reforma tributaria enfrenta fuertes resistencias en comisiones clave del Congreso y carece de mayorías seguras.
De hecho, el propio jefe de Estado advirtió que si no se aprueba, podría implementar recortes presupuestales e incluso, no se descarta acudir al endeudamiento.
Además, la Cámara está llamada a subsanar los errores que la Corte Constitucional advirtió en el trámite de la reforma pensional que, aunque hoy es ley de la República, aún debe superar presuntos vicios de forma. “Ha sido retador toda vez que, además del acta necesaria para poder adjuntar al informe que se remite a la honorable Corte Constitucional, se tiene o se ha venido trabajando por parte de la Secretaría General en las actas de las sesiones que comentaba en nuestra revisión de cuentas”, dijo el saliente presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.
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Asegurar las mesas directivas en el Congreso
Tan importante como asegurar mayorías, el Presidente requiere hacerse al favor de las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara, cuyos presidentes son decisivos al momento de organizar el orden del día y priorizar determinada iniciativa, así como para darles manejo a los siempre álgidos momentos de las sesiones.
En el caso del Senado el asunto parece zanjado: el ungido, si nada extraordinario ocurre, será el liberal Lidio García, cercano a director del Partido, César Gaviria, quien ha mostrado independencia –con dejo de oposición– al gobierno Petro. Eso sí, persiste ruido alrededor del senador Alejandro Carlos Chacón, quien propone una tercería como el “candidato del Congreso” para llegar a dirigir los destinos de la cámara mayor.
Otro es el escenario en Cámara. Si bien por acuerdos políticos esa dignidad le correspondía a Cambio Radical, representantes de La U alzaron la mano y, evocando el uso de una coalición armada al principio del periodo, reclamaron que también podían participar y apareció el nombre del representante Julián López, quien ha apoyado proyectos del Ejecutivo y que esta misma semana se reunió a manteles con el jefe de Estado.
No obstante, en medio de la inusitada participación, apareció el nombre de un petrista purasangre: el representante Alejandro Ocampo, quien también reclamó su espacio dada su lealtad irrestricta al Ejecutivo, aunque denunció “una puñalada trapera” al no ser tenido en cuenta.
Lo anterior, luego de que se filtró un controvertido chat en el que varios congresistas, “cuadrados” por el ministro del Interior, Armando Benedetti, parecen estar coordinados alrededor del nombre de López. “Ya se cuadró una cosita con (David) Racero y con otro, y ellos hacen la tarea dentro del Pacto del apoyo y parar rápido lo de Ocampo, porque está atravesado y ese mka sí es capaz de jodernos la vaina”, (SIC), dice el chat.La Cámara es un escenario determinante para el Gobierno. Allí el Ejecutivo, enfrentaría el primer tiempo de proyectos que Petro busca llevar a buen puerto.
Polarización creciente no
da tregua
Como si fuera poco, el jefe de Estado también tendrá que superar el ambiente de crispación política que tiende a acentuarse a medida que se acerca la contienda electoral.
Hace menos de un mes, Petro anunció que renunciaba a su consulta popular, pero en paralelo –buscando seguir con la agitación en las calles de cara a 2026–, insistió en darle vía libre a una Asamblea Nacional Constituyente.
No obstante, sin cumplir las reglas que establece la propia Constitución.“Será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que los próximos Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, señaló el mandatario.
En este escenario es particularmente decisivo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hoy por hoy lleva a cuestas escándalos relacionados con Juliana Guerrero, funcionaria de su despacho, quien es investigada por el presunto uso indebido de una aeronave oficial de la Policía Nacional con fines personales.
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A ello se suma no solo su intervención en la puja alrededor de la Presidencia de la Cámara, sino que –según reveló el portal La Silla Vacía– hizo aprobar la reforma pensional en la Cámara congraciándose con representantes a quienes montó en aeronaves de la Policía que, al parecer, se utilizaron para transportar a Bogotá a congresistas de Córdoba, Sucre y Atlántico.
Estos son los desafíos y dificultades que ahora deberá enfrentar el primer mandatario, quien apenas este viernes resolvió viajar a Haití y luego a Santa Marta. Se tiene previsto además que –una vez instalado el Congreso– se desplace a Chile. ¿Podrá el mandatario materializar su ambicioso plan de gobierno en el último año de sesiones? La papa caliente está en sus manos.
“Ha sido una legislatura de defensa institucional”: Cepeda
Al cierre del periodo legislativo, el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), hizo un balance de su paso por esa dignidad, en la que tuvo que afrontar situaciones como la fallida consulta popular que convocó el presidente Gustavo Petro.
“Jamás había visto en mis 34 años de vida política a un presidente que, en un solo día, se abrogara el poder ejecutivo, legislativo y judicial”, reclamó Cepeda en medio de un evento de rendición de cuentas.
“El Senado fue más grande que esas aspiraciones. En dos oportunidades se negó esa consulta popular con argumentos democráticos y votos”, dijo Cepeda.
El congresista, quien incluso hoy no descarta ser candidato presidencial, manifestó que durante su paso por la presidencia se aprobaron 159 proyectos de ley, cinco de ellos sancionados por él, como el de la ley de Fonpet que devuelve excedentes de recursos a entes territoriales.
Lo anterior, de cara a afianzar la descentralización y la justicia territorial. A lo largo del periodo legislativo, Cepeda tuvo que acudir a instancias como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que calificó como una vulneración de la separación de poderes y sustitución de la voluntad del Congreso.
De hecho, el congresista tuvo que encarar una indagación preliminar que abrió en su contra la Corte Suprema de Justicia, por cuenta de supuestas irregularidades en el trámite y posterior votación de la fallida consulta popular. “Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia y los colombianos tengan claro qué sucedió en esa sesión del Congreso”, defendió en ese entonces.
Según la tesis del Gobierno de Gustavo Petro –que llegó a convocar la consulta por decreto, pese a la negativa del Senado–, hubo un error de procedimiento y previo a la votación que se surtió el 14 de mayo, era necesario leer una proposición con la solicitud del Gobierno.
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Además, hubo señalamientos de que el tiempo para la votación fue muy corto y que, incluso, se cambió el sentido del voto de un senador.“Esta ha sido una legislatura de defensa institucional.
El Congreso está de pie, independiente, y sigue siendo el camino para construir país concluyendo que este periodo ha tenido el puntaje más alto de confianza ciudadana de los últimos 15 años”, precisó Cepeda durante el evento del pasado jueves, en el que instó a mantener la autonomía legislativa frente iniciativas como la reforma a la salud o el proyecto que contempla beneficios para jefes de bandas criminales.
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