El superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, anunció que los hospitales públicos de Colombia no podrán ser liquidados, esto, en cumplimento de una de las directrices dadas por el presidente Gustavo Petro.
“No podemos acabar con lo que es el patrimonio social de los colombianos y, por el contrario, tenemos que fortalecerlos con equipos de alta tecnología y con servicios que permitan que la ciudadanía reciba una atención garantizada y con calidad”, expresó el superintendente, en el Foro Nacional que analizó los elementos centrales de la reforma a la salud y el papel del hospital público en el nuevo sistema.
Uno de los puntos centrales que tendrá esta reforma, según ha dicho el presidente Petro, es que las EPS pasarán a ser “pólizas de seguro”.
La propuesta enfrentaría al Gobierno con una difícil contradicción: las personas que tengan más dinero recibirán una atención mucho mejor que las personas de bajos recursos económicos, un hecho contrario a lo que ha prometido el mandatario.
Según el jefe de Estado, dichas pólizas podrían ser de adquisición voluntaria y enfocadas hacia la clase media y alta, quienes, según él, son las más preocupadas por la eliminación de las EPS.
Así las cosas, el Gobierno ofrecería un seguro básico general que abarcaría a toda la población y que aquellos que quieran complementar ese sistema podrían acceder a costos adicionales para autorizaciones más rápidas.
Para el experto Johnattan García Ruiz, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, este modelo se asemeja al que se utiliza en Brasil “donde el 40% de los usuarios adquieren esas pólizas adicionales porque el sistema base deja de funcionar como debería por la presión de los privados que pueden ofrecer mejores tarifas”.
Pero a pesar de la intención del gobierno de reformar drásticamente el sistema de salud actual, empezando por las EPS, parece que esa propuesta no cala muy hondo en los colombianos, pues según una encuesta reciente de Cifras y Conceptos –que dejó plasmada la percepción ciudadana de los primeros 100 días del Gobierno– el 71% de los encuestados está en desacuerdo con eliminar las EPS, una cifra que se complementa con por lo menos otras tres preguntas de la medición en la que los encuestados dejan ver su descontento con la nueva política de salud.
Finalmente, frente a los diez hospitales que se encuentran bajo medida de intervención forzosa para administrar por parte de la Superintendencia, Beltrán López advirtió que se está haciendo un seguimiento especial a la gestión desarrollada por los agentes interventores designados en estos centros asistenciales para evaluar los indicadores de recuperación y desempeño.
“Estamos siendo rigurosos en el seguimiento de su labor; no puede ser que tengamos entidades hospitalarias que llevan cinco y seis años intervenidos sin mostrar avances contundentes de gestión”, aseguró.
En línea con lo anterior, el jefe del ente de control de la salud también afirmó que se está realizando una revisión a la remuneración de los agentes interventores, ya que los altos pagos que reciben pueden estar contribuyendo a la fragilidad financiera de hospitales que están en crisis.
“Estamos hablando de salarios exageradamente altos de entidades que ya están en criticidad financiera, por eso estamos haciendo toda una serie de consideraciones para anunciar próximamente una serie de medidas que incluyen variaciones a la remuneración de estas personas”, puntualizó el superintendente.
