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Este jueves, la Superintendencia Nacional de Salud dio inicio a un proceso de intervención forzosa administrativa sobre el Nuevo Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó, lo que quiere decir que tomó posesión de sus bienes y negocios.
La Supersalud administrará todos los recursos del hospital chocoano durante un año, tras considerar que su situación actual es “insostenible”, pues luego de dos auditorías realizadas en 2019 al establecimiento, se detectaron unos 60 hallazgos “que hacen inviable su funcionamiento y ponen en riesgo la atención de sus usuarios”.
En un pronunciamiento a la prensa, la Superintendencia explicó que “dentro de lo encontrado estaban 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico especialista por más de cuatro meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos, y una deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero”.
De acuerdo con la nueva medida, la Supersalud removió de su cargo al representante legal del hospital y nombró en su reemplazo al agente especial interventor, Camilo Eduardo Ramírez, quien deberá formular un plan de acción para estabilizar las finanzas y corregir los problemas administrativos del establecimiento.
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El organismo de inspección y vigilancia también encontró “serias dificultades que atentan contra la adecuada prestación de los servicios de salud a su población”, que se agravan con las actuales circunstancias ocasionadas por la pandemia de coronavirus, “poniendo en peligro el derecho a la salud de la población más pobre y vulnerable”.
“Los auditores hallaron que el hospital no garantiza el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones de los equipos biomédicos, y presenta fallas de calidad en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico”, especifica la comunicación.
También se encontraron falencias en la higiene de los alimentos que se suministraban a los pacientes y en la gestión ambiental y sanitaria, que incluye el manejo de residuos hospitalarios y el control de plagas.
Sin salarios
Con corte a marzo de este año, la Superintendencia constató que el hospital “le debía 5 meses de salario al personal de planta, 4 meses y medio a los especialistas y 7 meses a los que estaban contratados por órdenes de prestación de servicios”.
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Asimismo, “el hospital no realizaba periódicamente las conciliaciones bancarias, lo que imposibilitaba manejar los riesgos del efectivo, ni pagaba a tiempo la seguridad social del personal de planta”.
“De un año a otro los pasivos se incrementaron en 123%, al pasar de $7.544 millones en 2018 a $16.808 millones en 2019, lo que agravó su situación financiera. En promedio cada mes el hospital recauda $2.450 millones, un flujo de efectivo insuficiente para cubrir los $3.095 millones que requiere por gastos de personal, gastos generales y prestación de servicios”, añadió el ente vigilador.
Todo esto, se traducía en riesgos para los usuarios, tanto de infecciones como complicaciones, debido al “ desabastecimiento de insumos, medicamentos y hemocomponentes básicos. Tampoco se aplicaban las normas de bioseguridad, los pacientes no son identificados con manillas, hay medicamentos abiertos sin fecha de inicio y expuestos al medio ambiente, y no se están prestando los servicios de cirugía ortopédica, consulta de ortopedia, fisioterapia y fonoaudiología en modalidad intramural” asegura el comunicado.
El Nuevo Hospital Departamental San Francisco de Asís, hoy intervenido, tenía apenas tres años de funcionamiento. Surgió en diciembre de 2016, cinco meses después de que el hospital anterior, del mismo nombre, fuera liquidado tras atravesar una crisis similar.