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Las imputaciones de la Fiscalía a funcionarios de Putumayo abre el debate sobre la responsabilidad penal en la gestión del riesgo de desastres.
La mañana del primero de abril, Colombia se despertó con la noticia de que Mocoa, la capital del Putumayo, había sido barrida por los ríos que la rodean y la montaña que corona la ciudad. Sin embargo, la magnitud de la tragedia estaba lejos incluso de los cálculos más pesimistas.
El drama de 336 muertos, y una ciudad devastada por la tierra, fue sucedido por las muestras de solidaridad de todo el país, las promesas del Gobierno Nacional y posteriormente, como suele pasar, el olvido generalizado.
Sin embargo, esta semana la Fiscalía abrió un nuevo frente a este episodio con el anuncio de una imputación de cargos contra Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo; José Castro, alcalde de Mocoa; y su antecesor, Elver Cerón. Con alguna diferencia, todos...