A la hacienda Támesis, en la zona rural de Montería, ya le salieron las orejas, la patas gigantes de paquidermo y los colmillos de marfil. Solo falta que le aparezca trompa para convertirse en el elefante blanco de las promesas de titulación de tierras del gobierno de Gustavo Petro.
El predio perteneció en el pasado a la familia Castaño Gil, precursora del paramilitarismo en Colombia, y tras el desmantelamiento de la organización pasó al Estado como uno de los bienes destinados a la reparación de las víctimas.
Está ubicado a 12 kilómetros de la capital cordobesa, en la vereda Cajones, cuenta con 591 hectáreas y tiene un valor aproximado de $8.503 millones de pesos.
La desesperanza apareció al poco tiempo de la promesa presidencial. En enero de 2023 el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del partido de oposición Centro Democrático, denunció que “no existió entrega, como se aseguró, ni transferencia del predio”.
Como evidencia presentó la respuesta a un derecho de petición enviado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el que la entidad confirmó que a los campesinos no les titularon la tierra, sino que en el evento simplemente se dio “la formalización de un acuerdo entre las entidades del orden nacional y territorial encargadas de adelantar el proyecto para la entrega de tierras para la paz total”.
Es decir, una especie de acuerdo de voluntades, pero no de materialización de los títulos de propiedad. Ese mismo mes un equipo periodístico de EL COLOMBIANO viajó a la vereda Cajones y recorrió la hacienda, verificando que ninguna de las familias estaba disfrutando del terreno, sino que continuaban en una zona de invasión vecina, en el humedal Berlín.
En ese entonces, las 591 hectáreas solo eran trasegadas por tres celadores contratados por el Fondo para la Reparación de Víctimas.
Solo hasta enero de 2024, es decir, 15 meses después del pomposo evento presidencial, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) entregó “los primeros recursos en fertilizantes y herramientas para iniciar la producción del predio”, según un comunicado de esa institución.
En ese entonces, la explicación que le entregaron a las comunidades para justificar las demoras fueron los trámites y formalismos legales que involucraban a múltiples entidades, pues además de la SAE, la ADR, la Unidad de Víctimas y el Fondo para la Reparación de Víctimas, en el plan participaban la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Presidencia y el Ministerio de Agricultura.
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Aún así, alimentaron la esperanza de los campesinos afirmando que iban a participar de “un Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario (PIDAR), por valor de $1.650 millones de pesos para la producción de maíz, yuca y ganado de ceba”, tal cual quedó consignado en el documento de la ADR.
En la reciente visita de La Silla Vacía, cuyos resultados se publicaron el viernes pasado, se confirmó que a la fecha no hay titulación de tierras ni se ha ejecutado el famoso PIDAR. De las 50 familias elegidas, apenas hay 15 viviendo en pequeñas parcelas de la hacienda Támesis, con cultivos tan minúsculos que solo sirven para proveer la comida del hogar, pero no para comercializarla de manera sostenida.
A cuenta gotas han llegado $900 millones, aunque la descoordinación con los proveedores y la demora en las contrataciones está perjudicando la implementación. En el centro del problema está la falta de titulación de las tierras que había prometido Petro, pues si no hay claridad en quiénes son los dueños de la tierra, es complejo asignar los recursos.
La ANT indicó que entre los inconvenientes que han frenado la promesa hay problemas de linderos entre la hacienda y el humedal Berlín, además de controversias jurídicas sobre qué parte del bien administra la SAE y cuál el Fondo para la Reparación de Víctimas.
Mientras se aclaran todas estas aristas, el trabajo de arado que habían hecho los campesinos, preparando la tierra para la siembra y la cosecha, se ha ido perdiendo. La edificación principal de la propiedad, otrora una casona con piscina y salones de lujo, se está deteriorando paulatinamente.
Petro llegó a proponer que fuera entregada la Universidad de Córdoba para proyectos académicos, pero la idea tampoco se consolidó.
¿En dónde quedó la palabra del Jefe de Estado, que en el fragor de su discurso había dicho: “Esto que estamos haciendo aquí es una política socialmente diferente, porque no estamos entregando una limosna, estamos entregando el control de uno de los principales activos de la nación, que es la tierra, y la tierra es un instrumento de producción”?
Las tarimas resisten todos los discursos, pero la maleza que se acumula en Támesis no miente. La tierra reclama hechos concretos.
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