Las interceptaciones “sin culpa” al presidente Gustavo Petro desataron un verdadero alboroto en la ya convulsionada Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El despacho del magistrado Misael Rodríguez ordenó intervenir los teléfonos de varios implicados en el escándalo de la UNGRD y, en medio de esas escuchas, terminó registrando conversaciones del propio jefe de Estado. Lo que deja una suspicacia en el aire: ¿por qué un número del mandatario estaba entre tremenda “calentura” de corrupción?
“La Corte ya carga con la sombra de chuzadas ilegales a un presidente, este nuevo caso encendió las alertas y no iban a permitir que les pasara dos veces”, dijo una fuente reservada a este diario. De ahí la reacción inmediata para suspenderlo.
Según reveló Semana, la línea que ordenaron chuzar y que estaba usando el presidente Petro era la de Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y padrino de bodas de la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia.
“El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”, dice uno de los informes tras las escuchas.
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Además de Petro, la línea también era usada por la propia Sarabia. La correría por “el error” produjo que la Sala de Instrucción ordenara suspender las escuchas.
“Esa sala es de por sí un escenario de fuertes discusiones entre los mismos magistrados, cuando se filtró que en las chuzadas estaba el presidente, la orden fue inmediata: esa línea no podía seguir siendo interceptada”, agrega la fuente.
Un antecedente importante es el caso del expresidente Álvaro Uribe. En el año 2018 la Corte Suprema lo investigaba, y terminó grabando conversaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena, bajo el argumento de que se trató de un supuesto error, ya que la orden inicial recaía sobre la línea de un senador investigado. Aun así, pese a que se estableció que las comunicaciones correspondían al exmandatario, las interceptaciones continuaron.
La diferencia entre ambos casos marca el contraste. En el proceso de Uribe, fuentes dicen que la Corte sí tenía competencia para investigarlo por presunto soborno a testigos, pero la forma en la que llegaron a las interceptaciones es motivo de polémica jurídica la defensa del expresidente ha pedido que no se tengan en cuenta esas pruebas, precisamente, porque debieron suspenderse las interceptaciones al tratarse de otro investigado.
En el caso de Petro, en cambio, las escuchas pararon. De acuerdo con una fuente del alto tribunal, la decisión obedeció a que el presidente no enfrenta ninguna investigación en la Corte Suprema, lo que excluye cualquier facultad para interceptar sus comunicaciones o profundizar en sus conversaciones.
¿Cómo terminó ‘chuzado’ Petro?
Pero la verdadera pregunta sin resolver es por qué el presidente Petro estaba utilizando la línea telefónica de una persona vinculada a una investigación por corrupción. El número pertenece a Jaime Ramírez Cobo, quien tiene relevancia pública desde 2024 cuando apareció mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Distintos testimonios recopilados en el expediente lo señalan como una pieza funcional dentro del engranaje político del Gobierno y de algunos congresistas, presuntamente involucrado en la asignación de contratos y en maniobras jurídicas para facilitar esos movimientos.
La Fiscalía sostiene que entre congresistas, ministros, contratistas y funcionarios del Gobierno se conformó una empresa criminal que saqueó recursos públicos, pagó coimas y buscó, mediante actos corruptos, sacar adelante las reformas en el Congreso.
De Ramírez Cobo se sabe que estuvo vinculado a la Presidencia hasta el 31 de enero de 2024. Que su línea telefónica terminara siendo utilizada por el presidente podría explicarse por la estrecha cercanía que Ramírez Cobo mantuvo con Sarabia cuando estuvo al frente del Dapre.
Interceptaciones a Ramírez
Para ordenar interceptar ese teléfono legalmente, la Corte argumentó que Ramírez Cobo actuaba como enlace de senadores con la Casa de Nariño, por lo que sus comunicaciones podían resultar determinantes para esclarecer la posible responsabilidad de congresistas aforados que hoy están bajo investigación en el alto tribunal.
Por ejemplo, el exasesor aparece mencionado en la adjudicación de contratos y la aprobación de más de 700.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, un expediente que ha terminado por salpicar a altos funcionarios de Palacio y a miembros del Congreso. La Fiscalía tiene en su poder conversaciones en las que Ramírez Cobo figura como un facilitador crucial en estas operaciones.
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Aunque el exasesor no es investigado directamente por la Corte Suprema —al no ostentar fuero—, su papel protagónico dentro de los hechos lo convirtió en un objetivo clave dentro del proceso. Por esa razón, su teléfono fue intervenido como parte de las diligencias orientadas a robustecer los expedientes contra los congresistas vinculados al caso, una medida que terminó derivando, de manera inesperada, en la grabación de conversaciones del propio presidente de la República.
¿En qué va la investigación?
Sobre su situación jurídica, este diario estableció que por ahora no existe una investigación sólida ni cargos concretos en su contra, a pesar de la evidencia. El único señalamiento directo proviene del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aseguró que Ramírez Cobo actuaba como enlace entre congresistas y esa cartera.
A ese relato se sumó la declaración de otra persona que fue incorporada al expediente, pero que finalmente no aportó elementos sustanciales para robustecer el caso.
En este momento, la Fiscalía centra sus esfuerzos en conseguir un testimonio adicional que le permita avanzar hacia una imputación formal. Fuentes cercanas al proceso explicaron que, una vez sea vinculado oficialmente, el ente acusador le plantearía la posibilidad de un preacuerdo, bajo el cual recibiría beneficios judiciales a cambio de colaborar como testigo de cargo en el proceso que involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, según la Fiscalía, uno de los cerebros del esperpento corrupto conocido como la UNGRD. Sin embargo, el tiene corre.
Del exasesor hoy no se conoce su paradero. En marzo de 2025 trascendió que había salido de vacaciones hacia Europa, una salida que coincidió con la reactivación del caso tras las nuevas imputaciones formuladas por la Fiscalía General contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, considerados testigos clave dentro de la investigación.
En estas imputaciones quedó claro que Ramírez sí chateó con el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla y con Maria Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, para solicitar que se agilizaran contratos de la entidad destinados a contratistas referidos por congresistas.
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En varios chats, en poder de la Fiscalía, se ve que Ramírez le envió a Pinilla una matriz de los contratos por 92.000 millones de pesos para tres municipios.
La grave irregularidad es que en esos casos los nombres de los contratistas fueron entregados por los representantes, como quedó probado en otros chats que le dio después a la Fiscalía la exasesora del ministro Bonilla. Los casos más detallados son los de los representantes Wadith Manzur, de Córdoba, y Karen Manrique, de Arauca.
Los celulares de estos congresistas también fueron sujetos de las interceptaciones como parte de las pesquisas del alto tribunal. Todos afirman ser inocentes. Ramírez también le ha dicho a gente de Palacio que es inocente y que seguía órdenes. ¿De quién?
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