El presidente Gustavo Petro salió en defensa del polémico expresidente peruano Pedro Castillo, quien está siendo juzgado por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022.
Su frustrado plan llamado “autogolpe”-que dio a conocer a través de un mensaje a la nación- desencadenó protestas que dejaron medio centenar de muertos.
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Petro sostuvo que este juicio en contra del exmandatario que inició este martes “es por ser pobre y de izquierda”.
A través de X, Petro insistió en que el proceso contra Castillo, quien pretendió, además de disolver el parlamento, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente, es “un insulto a la convención americana de derechos humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada”.
Sin embargo, el analista político Augusto Álvarez Rodrich dijo a la AFP que se “trata de un caso evidente de intento de golpe de Estado, que se debe sancionar con todo el rigor para que le quede claro a los aspirantes a dictador que eso tiene una sanción fuerte”.
Castillo también quiso convocar a una Asamblea Constituyente, tema que el presidente Petro ha insinuado en varias ocasiones y que en su momento provocó el rechazo del entonces presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, y de varios exmandatarios.
En el juicio, la fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión, constaron periodistas de la AFP presentes en la audiencia.
El proceso a Castillo, de 55 años, un exsindicalista emergido de la izquierda radical, se instaló con media hora de retraso y se desarrolla en un juzgado anexo a la prisión donde está recluido por orden judicial desde diciembre de 2022.
Castillo, maestro de escuela rural y exsindicalista, ingresó a la sala custodiado por dos agentes penitenciarios. El proceso por el llamado “autogolpe” puede llegar a durar seis meses.
Figura emergente de la izquierda radical, fue destituido por el parlamento. Desde el 7 de diciembre de 2022 está recluido en una prisión anexa al juzgado donde se instaló el juicio.
Castillo, que siempre ha rechazado los cargos, cumple un mandato de prisión preventiva de 36 meses.
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Castillo es el cuarto expresidente peruano que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.
Le precedieron Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), quienes fueron condenados, mientras que el juicio a Ollanta Humala (2011-2016) debe concluir este año.
Un juicio clave para la democracia en Perú
Según el auto del juicio, Castillo deberá responder como “coautor” del delito de “rebelión” contra los poderes del Estado y orden constitucional.
También “como autor del delito contra la administración pública – abuso de autoridad - y del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública”, señaló la Corte Suprema en un comunicado a la prensa.
La fiscalía sustentará su pedido de 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos, de acuerdo con el expediente de la fiscalía presentado ante el tribunal.
Además, el organismo “solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses”.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció sus medidas contra el Congreso. Ese mismo día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con los votos de bancadas de izquierda y de derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.
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Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces en ese país en condición de asilados.
“Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.
Según el exgobernante (2021-2022), fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso y la fiscalía.
Junto a Castillo, también son juzgados por rebelión tres exministros, un exasesor presidencial y tres oficiales de la policía.
Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Las protestas fueron reprimidas por la policía y los militares.
Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte, quien solo puede ser procesada al final de su mandato en julio de 2026.
La justicia peruana ya ha dictado sentencias contra exmandatarios.
El recientemente fallecido Fujimori fue condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad en la lucha contra las guerrillas.
Mientras que Toledo y Humala forman parte del grupo de expresidentes envueltos en la trama de corrupción de Odebrecht que salpicó además a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
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