El senador sigue acumulando investigaciones en su contra. Copartidarios dicen que es persecución política.
El senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, comenzó 2019 como terminó 2018, dando explicaciones de una serie de hechos que amenazan su imagen y prestigio como líder de la izquierda colombiana.
Desde hace varias semanas, cuando el senador termina de argumentar alguno de los señalamientos, aparece uno nuevo y sale, otra vez, a defenderse.
No ha sido un político del común ni predecible. Su historia está marcada por la militancia en la guerrilla del M-19, por hacer fuertes debates de control político, por oponerse al sistema y por contradecir las bases derechistas, mayoritarias en Colombia.
Terminando noviembre, en pleno debate contra el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, proyectó un video en el que se observa al excandidato recibiendo fajos de billetes y luego introduciéndolos en una bolsa. Aunque el exalcalde de Bogotá explicó que se trataba de un préstamo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral –CNE, iniciaron investigaciones paralelas para encontrar la procedencia del dinero.
Casi un mes después, el excandidato presidencial recibió otro golpe. Esta vez, el CNE negaba la personería jurídica de su movimiento político “Colombia Humana”, por no presentar lista de candidatos para las elecciones del Congreso, lo cual los obliga a recoger firmas para las regionales de octubre de este año.
En los últimos días del año pasado, la Fiscalía inspeccionó la casa de Juan Carlos Montes –uno de los implicados en el video de los billetes– en donde encontraron dos pagarés de préstamos en efectivo por un monto de 100 millones de pesos. Según el ente acusador, uno de los dos no fue reportado en las cuentas que la campaña a la presidencia debía informar al CNE.
Aunque la gerente de la campaña, Blanca Durán Hernández, aclaró y publicó los soportes de los gastos, el CNE analiza si abre formalmente investigación por este hecho.
EL COLOMBIANO quiso hablar con Gustavo Petro sobre estos hechos, pero no fue posible obtener alguna respuesta.
Los que sí compartieron su opinión fueron Hollman Morris, concejal de Bogotá y precandidato a la Alcaldía de la capital, y Ángela María Robledo, representante y exfórmula vicepresidencial del senador.
Para ambos, los señalamientos son persecución política y campaña de desprestigio. También afirman que las investigaciones en su contra se dan como respuesta por denunciar la corrupción de Odebrecht.
“Cada paso que él da denunciando aparece una contraofensiva. En Colombia no hay garantías para la oposición, desde que Duque se posesionó van más de 200 líderes sociales asesinados, la mayoría de ellos de Colombia Humana”, denunció Morris, sin relacionar cifras oficiales.
Para la representante Robledo, el congresista carga un estigma desde hace muchos años y confía en que en el caso del video no se configure un acto latente de corrupción. “Paloma Valencia no explicó cómo llegó el video a sus manos, tenemos la hipótesis de que fue entregado por el Fiscal, estaba fríamente calculado para tapar las denuncias de Odebrecht. Me llama la atención la prontitud con la que actúa el fiscal con Petro, y la lentitud frente a asesinatos de líderes sociales”, dijo.
Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que no vale la pena calificar el asunto de persecución política, porque “hechos simples e incluso de contornos borrosos como el video o el tema de los pagarés, adquieren una relevancia distinta gracias a las interpretaciones que se hacen, y a la frecuencia con la que se difunden hechos que no han sido aclarados sustancialmente”.
Agregó que el congresista no condensa a la oposición como conjunto y que los hechos en su contra, ocultan en cierta medida “el asesinato sistemático de actores de la oposición. Un efecto terrible de los escándalos políticos es que parecen ocultar el genocidio que viene ocurriendo por lo menos desde 2016”.
El periodista y político Hollman Morris fue más allá y culpó al uribismo del complejo momento político que atraviesa Petro.
“¿Quién controla el CNE? El uribismo, la máquina de desprestigio más grande conocida en las últimas décadas en Colombia, la Fiscalía no los investiga y siguen campantes”, señaló.
Los alcances que tendrán estas investigaciones en las elecciones regionales de este año están por verse. Después de obtener más de 8 millones de votos, el senador se convirtió en un hombre capaz de romper con la hegemonía de gobiernos de derecha.
Para el docente Arenas, estos asuntos pueden perjudicar las posibilidades de la izquierda en las elecciones de 2019. “Se pueden dividir dado el mal ambiente que se ha construido alrededor de figuras como Petro y su grupo político. También pueden producir una sensación en medio del electorado de que ‘todos son corruptos’ y que de ese modo no vale la pena apostarles a alternativas de gobierno”.
En un par de meses las campañas se intensificarán y los ataques entre grupos políticos serán más comunes, momento definitivo para medir si el congresista mantiene su electorado a favor o si los escándalos le pasarán factura.
