Según el Ministerio Público, el decreto se ajusta a la Constitución Política para enfrentar los hechos relacionados con la escalada de violencia en esa región de Norte de Santander.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador general, Gregorio Eljach, solicitó declarar exequible el decreto legislativo 0064 de 2024 por medio del cual el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.
En el documento, el ministerio público afirma que el decreto se ajusta a la Constitución Política para enfrentar los hechos relacionados con la escalada de violencia en Norte de Santander.
“Las medidas relacionadas con estos hechos superan un test leve de proporcionalidad, en la medida que propenden por conjurar la grave perturbación del orden público que está afectando de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana de la Región del Catatumbo, Área metropolitana de Cúcuta y municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, se lee en el documento de la Procuraduría.
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En el decreto de conmoción de 19 páginas, el Gobierno reconoce que la subregión del Catatumbo es un escenario de disputa entre los actores armados del ELN, las disidencias de las Farc, residuos de Los Pelusos y que el Clan del Golfo también ha movido sus hombres para tratar de ingresar.
Frente a esto, la Procuraduría advierte que el decreto permite garantizar la continuidad y calidad de servicios que son esenciales para la población que se han visto afectados desde febrero pasado cuando se desató la guerra entre el ELN y las disidencias de las antiguas Farc.
“En otras palabras, para el Ministerio Público, el decreto que declara el estado de conmoción interior supera los presupuestos fijados por la Constitución y la jurisprudencia, esto es, el fáctico, el valorativo y el de suficiencia”, se lee en el concepto.
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El decreto del Gobierno afirma que los esfuerzos irán encaminados a restablecer los servicios públicos en el Catatumbo, retomar el control territorial por parte de la Fuerza Pública y a impedir que ocurran más desplazamientos forzados en esa región.
“Esta medida extraordinaria es indispensable para adoptar mecanismos y utilizar herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento”, subrayó el decreto que, además, fue firmado por el pleno del gabinete ministerial.
El Gobierno aseguró que con esta medida tendrá que recurrir a recursos fiscales extraordinarios y que para ello el Presupuesto General de la Nación sufrirá algunas modificaciones. Advirtió que la liberación de los recursos serán para financiar a la Fuerza Pública en sus labores de restablecimiento del orden público y, por otro lado, para inyectar recursos en proyectos y programas sociales para la población del Catatumbo.
Los proyectos que pretende financiar el Gobierno en el Catatumbo tienen que ver con infraestructura, educación y salud.
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