Luego de que ayer la Fiscalía anunciara la imputación de cargos contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, y Juliana Guerrero, exfuncionaria pública, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites de diplomas, la lupa apunta ahora a los directivos de ese centro universitario que están denunciados en el ente acusador desde el 7 de septiembre del 2025.
Se trata de Francisco Pareja, presidente del consejo directivo; Romelia Ñuste Castro, rectora, y Stefany Camacho, vicerrectora académica. Sus nombres, así como los de Guerrero y Gutiérrez, figuran en la querella radicada por la congresista Jennifer Pedraza hace cuatro meses y que deriva, en este momento, en la imputación de cargos anunciada por el ente acusador.
El proceso de Juliana Guerrero está relacionado con los títulos académicos que presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad. Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos diplomas fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.
La razón de la imputación
“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público.
Con esta imputación, la Fiscalía busca esclarecer si Guerrero incurrió en irregularidades al presentar documentos falsos que le permitieron acceder a un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, quien a propósito ha salido en múltiples oportunidades en su defensa.
La Fiscalía aclaró que solicitará ante un juez que se imponga la medida de aseguramiento domiciliaria. Hay que recordar que Pedraza reveló facturas de la DIAN que demuestran que presuntamente Guerrero pagó aproximadamente 8 millones de pesos por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.
Las tres facturas (matrícula en gestión contable, matrícula en contaduría y derechos de grado) se emitieron después de que los títulos ya habían sido otorgados el 1 de julio de 2025, lo que sugiere una presunta operación de regularización académica ficticia.
En este caso, precisamente, se confirmó que el pago de Guerrero fue hecho directamente a la Fundación San José, como se observa en la factura que muestra que el vendedor fue “Fundación de Educación Superior San José”. Se confirmó, además, que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio por ley para graduarse, y según testimonios de la propia universidad, nunca asistió a clases. En noviembre de 2025, la institución educativa retiró formalmente los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable tras admitir las irregularidades.
Firmas en diplomas
Hace unos días, EL COLOMBIANO reveló que hasta 20 millones de pesos podría estar costando la obtención de títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp.
En el marco del caso de una persona que obtuvo un diploma presuntamente irregular en la San José, este diario accedió a facturas electrónicas de venta registradas ante la DIAN que evidenciarían que el pago ingresó directamente a la Fundación de Educación Superior San José.
En esos documentos, además, el correo asociado al emisor de la venta corresponde al departamento contable de ese centro educativo, así como el NIT. El caso de aquella persona, y la forma de pago, coincide con la forma de pago que efectuó Juliana Guerrero directamente a la universidad. De acuerdo con la denuncia de la congresista Jennifer Pedraza, el rol de los tres directivos de la Fundación San José se concentra en su condición de autoridades firmantes y certificadoras de los actos de titulación expedidos por ese centro educativo.
En primer lugar, como se lee en la denuncia, radicada en Fiscalía y Procuraduría, se les atribuye la suscripción de documentos presuntamente irregulares al figurar sus firmas en diplomas y actas de grado con los que se acreditó casos como el de Juliana Guerrero como supuesta profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
Según la denuncia, esos documentos no reflejarían la realidad académica exigida para la obtención de los títulos, como quedó evidenciado con las facturas de compra del título académico por parte de Guerrero. En segundo término, la denuncia sostiene que los directivos habrían certificado requisitos legales inexistentes: específicamente, que la estudiante cumplió con las condiciones de ley para graduarse cuando —según la denuncia— no presentó las pruebas de Estado Saber Pro y Saber TyT, consideradas obligatorias para la titulación.
Ese punto, según conoció EL COLOMBIANO, es clave para la Fiscalía en el sentido en que es el núcleo de la hipótesis de falsedad ideológica, en la medida en que el documento sería formalmente auténtico, pero contendría una certificación contraria a la verdad. El escrito también plantea que, al expedir títulos que se materializan en actos de titulación con carácter administrativo, estos directivos actuarían como particulares que ejercen funciones públicas transitorias, por lo que podrían ser considerados sujetos activos del presunto delito de falsedad ideológica en documento público.
La investigación, además, busca establecer el elemento subjetivo: si los funcionarios expidieron y firmaron los documentos a sabiendas de que los requisitos no estaban satisfechos (eventualmente “determinados” por la solicitante) o si, por el contrario, fueron inducidos a error mediante documentación o soportes fraudulentos.
En el caso particular de Francisco Pareja, la denuncia incorpora un elemento adicional: se menciona que, como representante legal, reconoció ante medios que la estudiante no presentó Saber Pro y que habría existido un error originado en la Secretaría General de la institución.
¿Consentida del Presidente?
Apenas una hora después de que la Fiscalía anunciara ayer la imputación de cargos y solicitara medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero, la Presidencia de la República notificó que la mantendrá en su cargo en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, UPC.
En una respuesta oficial enviada a la congresista Jennifer Pedraza, la Casa de Nariño cerró la puerta a su retiro como delegada directa del presidente en esa corporación, ratificándola en el puesto pese a la tormenta judicial y ética que pesa sobre ella.
La defensa del Gobierno trasciende lo político y aterriza en los estrados judiciales. Ignorando la anulación de sus títulos y la imputación penal en curso, la Presidencia solicitó formalmente al Tribunal de Cundinamarca mantener a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC.
Una maniobra de “blindaje” que Jennifer Pedraza calificó como un “insulto” a la institucionalidad: mientras la Fiscalía la procesa por fraude y falsedad, la Casa de Nariño decide “atornillarla” en la directiva de una universidad pública.
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