Las contrataciones coinciden con el plazo mínimo antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, norma que le pone límites a la contratación pública de cara a periodos electorales. Planeación Nacional, el Dane y varios ministerios concentraron la mayor actividad contractual durante la segunda y tercera semana del mes.
Entre el 1 y el 26 de enero de este año, a pocos días de que empiece a regir la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales de 2026, entidades del Gobierno Nacional adjudicaron contratos por un total de 609.194’826.576 millones de pesos.
La contratación se concentró en ministerios y departamentos administrativos adscritos al Ejecutivo y se realizó, en su mayoría, bajo la modalidad de contratación directa.
Según los registros del Secop, durante ese periodo se firmaron 5.923 contratos por parte de 14 ministerios y seis departamentos administrativos, entre ellos Planeación Nacional, el Dane, Prosperidad Social, el Dapre, Función Pública y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Del total de contratos, el 89,74 % correspondió a contratación directa, mientras que el resto se celebró mediante régimen especial o convenios con múltiples partes. En términos de recursos, más de 546.731 millones de pesos se destinaron a contratación directa, frente a 62.463 millones en las otras modalidades.
La adjudicación se concentró en un número reducido de días. Cinco fechas —9, 13, 14, 16 y 19 de enero— agruparon más de la mitad de los contratos firmados. El 19 de enero fue el día con mayor ejecución presupuestal, al superar los 84.625 millones de pesos, y en conjunto esos cinco días sumaron más de 333.154 millones en contratación.
Por número de contratos, el Ministerio de Minas y Energía encabezó el listado, con 883 documentos firmados, todos por contratación directa y prestación de servicios.
Le siguieron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 720 contratos; el Dane, con 674; el Departamento Nacional de Planeación, con 567; y el Ministerio de Cultura, con 556. En estas entidades, la contratación se concentró especialmente en la segunda y tercera semana de enero.
En cuanto al uso de recursos, Minas y Energía también lideró el gasto, con más de 90.951 millones de pesos. Aunque ocupó un lugar intermedio en número de contratos, el Ministerio de Educación fue el segundo con mayor monto comprometido, con 81.448 millones de pesos.
Detrás se ubicaron el DNP, el Ministerio de Ambiente y el de Cultura. En conjunto, estas cinco entidades concentraron cerca del 58 % del total contratado durante el periodo analizado.
Otros ministerios y dependencias, como Agricultura, el Dane, Transporte, Igualdad e Interior, también registraron montos significativos. Los recursos restantes se distribuyeron entre entidades como Deporte, el Dapre, Prosperidad Social, Comercio, Ciencia, Defensa, TIC, la Ungrd, Función Pública y Hacienda.
La tendencia de aumentar la cantidad de contratos no es nueva. En noviembre de 2025, la Contraloría emitió una alerta por una concentración atípica de contratación interadministrativa en el Estado colombiano, luego de que el 7 de noviembre —último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales— se comprometieran $6,1 billones en convenios y contratos, lo que llevó a la entidad a emitir su primera alerta de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Y es que durante la primera semana de noviembre, entre el 1 y el 7, la contratación interadministrativa alcanzó los $9 billones. La cifra supera de forma amplia los niveles habituales de contratación mensual registrados en 2025 y revela un comportamiento concentrado en el cierre previo a las restricciones electorales. Según los datos, el 7 de noviembre se firmaron $6,1 billones, equivalentes al 68 % de todo lo contratado durante la semana.
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En su comunicado, la entidad aseguró que esta congestión en la contratación, justo antes del bloqueo normativo que impone la Ley 996 de 2005, es un indicador de que muchos procesos fueron acelerados para quedar firmados antes del límite legal. Todos estos reportes siguen bajo la lupa y atención de la Contraloría.
Bloque de preguntas y respuestas:
La Ley de Garantías en Colombia es una norma que busca asegurar la transparencia y la igualdad en los procesos electorales, evitando que el uso de recursos públicos influya en las campañas.
En términos generales, establece restricciones para las entidades del Estado, especialmente en materia de contratación, convenios y participación de funcionarios, durante un periodo previo a las elecciones. Su objetivo es impedir que los gobiernos de turno utilicen el presupuesto, la ejecución de obras o la vinculación de personal como mecanismos para favorecer candidaturas o partidos políticos, y así proteger la equidad entre los competidores en las elecciones.
Ministerio de Minas y Energía firmó el mayor número de contratos.
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