A 82 días de dejar su cargo como procurador general, Fernando Carrillo cuenta cómo ve el país en medio de la emergencia de la covid, habla de la minga y de Hidroituango. El COLOMBIANO conversó con él a propósito la Cumbre de Diálogo Social, en la que se espera presentar lineamientos en relación, entre otras cosas, con los derechos de las minorías (ver recuadro).
¿Qué análisis hace del manejo de la pandemia por parte del Gobierno?
“Esta es una situación inédita para la que nadie estaba preparado. Este país tiene que cicatrizar unas heridas, tiene que acatar las decisiones judiciales. Hay una especie de concentración de poder en manos del Ejecutivo con más de 15 decretos expedidos, con base en las facultades de la emergencia, algunos de ellos absolutamente indispensables, otros no tanto. Pero ya es hora de que el Congreso comience a vigilar. Me parece que una democracia necesita un poder legislativo actuando. Todas estas muestras que hemos visto en las últimas semanas de polarización, de desconocimiento de las decisiones judiciales, lo que sucedió en el marco de la protesta social, han marcado que la cuerda esté más tensa y si se revienta, se revientan los controles democráticos. Estamos viendo, más que nunca, las posibilidades de que aquí haya grandes acuerdos en Colombia”.
¿Usted es de los que piensa que ver todos los días al presidente Duque a las 6 de la tarde en la televisión puede ser una exageración?
“Gobernar es más que eso. Para liderar este país hay que ponerle el bisturí a la problemática social que acompaña la emergencia sanitaria, que nos llevó a una crisis social, a una crisis económica muy profunda. Vamos a tener 18 millones de pobres, por lo menos. Ha aumentado la pobreza extrema y la vulnerabilidad. Y eso nos lleva a crisis políticas muy profundas. Se requiere de una cirugía mayor para llegar a acuerdos nacionales e invitamos al Gobierno para que sea el protagonista. La lección de democracia de la minga en Bogotá hay que aprenderla: que si es posible una protesta social pacífica. Creo que además se está precipitando una campaña electoral que solo ha agudizado las diferencias en el país. Deberíamos tratar de resolver los problemas sociales entre todos antes de precipitarnos a una campaña. Invito al gobierno a que se sume a nuestra propuesta de diálogo social”.
¿Se estigmatizó la minga?
“Creo que hubo muchos intentos de estigmatización. La minga mostró que quería reconocimiento, que es, al fin y al cabo, un asunto de derechos y demostró que ganó la partida, porque el país tuvo que reconocer que la propuesta era legítima y no fue violenta. Se les calificó de narcotraficantes, de terroristas, infiltrados y nada de eso sucedió. En ese sentido, la importancia de reconocer al otro es esencial, construyendo mecanismos de sostenibilidad de diálogos. Se debe reconstruir el tejido social afectado por la pandemia y la radicalización de las posturas políticas”.
¿El país está listo para una nueva cuarentena estricta?
“Es muy difícil. El país no está preparado para otra crisis económica. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. La Organización Mundial de la Salud ha calificado esto como endémico, es decir, que se quedará un buen tiempo con nosotros y ahora la clave está en la responsabilidad individual y el autocuidado. El Gobierno ha cumplido una tarea muy importante. La clave es comenzar a reactivar la economía y responder socialmente a los colombianos que padecen carencias como el hambre y debe llevar al Gobierno a pensar en mecanismos de protección como el ingreso mínimo vital para personas en pobreza extrema”.
Le cambio de tema. Hidroituango: ¿cómo se llega a la conciliación?
“Con el optimismo de servir como instancia de mediación y conciliación. Aquí ha habido un gran conflicto y el Ministerio Público llega a proteger los intereses públicos en la conciliación. Esperamos diseñar una ruta que otorgue seguridad jurídica en la que las partes puedan llegar a un final feliz. Si eso no es posible, vendrá la instancia por sanción administrativa la que definirá esto. Pero si algo conviene por el origen y las consecuencias de este conflicto es llegar a una conciliación. La audiencia será el próximo 21 de noviembre. Que los errores cometidos se paguen, que cada uno asuma una responsabilidad”.
¿Qué ha pasado con la CorteIDH tras el caso de Petro?
“Estamos trabajando con la Fiscalía para presentar un proyecto de ley que vaya a asegurar las garantías que la Corte exige. Como Procuraduría creemos que las facultades de destitución y de investigación se mantienen hasta que no se modifique la legislación. Estudiamos la posibilidad de una demanda de aclaración”.
¿En enero, tras su salida, empieza su campaña presidencial?
“El país necesita acuerdos nacionales y no candidatos presidenciales. No se debe pensar en aspiraciones personales”.
No lo descarta...
“Pensar en candidaturas personales es fatal, se necesitan liderazgos colectivos”.
