Según la denuncia de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, la Fundación Universitaria San José habría otorgado títulos irregulares a alrededor de 24 personas que terminaron vinculadas con el Gobierno Nacional de Gustavo Petro.
Frente a esta afirmación, el Ministerio aseguró que, además de mantener una investigación en contra de la Fundación San José, la cartera no tiene ninguna incidencia o competencia en la expedición de títulos profesionales.
“El Ministerio de Educación Nacional no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo. Las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores”, indicó el Ministerio de Educación.
“De igual forma, se precisa que el Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José; así mismo, expresamos nuestro rechazo a cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos”, añadió la cartera.
Frente a la investigación que fue abierta el pasado 10 de noviembre de 2025, el Ministerio aseguró que se ha venido adelantando la etapa de inspección y vigilancia, de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley.
Una vez surtida esta etapa, se dará a conocer el pronunciamiento oficial de los resultados, así como las decisiones que se desprenderán al respecto.
El “cartel de diplomas”, otra polémica del gobierno Petro
La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, denunció este lunes 19 de enero la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José para personas relacionadas con el Gobierno Nacional.
Los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno durante la administración de Gustavo Petro. Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.
De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales.
En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.
En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.
Los hallazgos, según la congresista, mostraron que varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a contratos y cargos en entidades públicas, algunos de ellos con requisitos explícitos de formación profesional.
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