Sin tantos reflectores y polémicas a su alrededor, hay dos reformas en el sector educación con grandes ambiciones, casi igual a las tan mentadas reformas a la salud y pensional. Una fue radicada en septiembre y busca que la educación sea un derecho fundamental, y otra aún está en construcción y busca reformar la ley de educación superior.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la ministra del sector, Aurora Vergara, habló de las metas para cerrar la brecha de calidad en la educación preescolar, básica y media en las zonas rurales e instituciones oficiales, así como de los balances que hace de las deliberaciones que ha hecho sobre la reforma a la Ley 30.
¿En qué va la elaboración de la reforma a Educación Superior?
“Logramos confirmar que el sector de educación va a tener un presupuesto que va a superar los $70 billones, que va a fortalecer las escuelas, los procesos de calidad de las escuelas y el Programa Alimentación Escolar para que más niños y niñas tengan posibilidades de alimentarse en las escuelas. En este momento estamos en que las instituciones de educación superior puedan establecer los consensos necesarios sobre cómo quieren estructurar la gobernanza interna en cada institución. Por ejemplo, cómo se eligen un rector o una rectora”.
¿Qué más han tenido en cuenta?
“Otro aspecto importante tiene que ver con la manera como se financian las instituciones de educación superior. Lo que proponen las discusiones que hay en ese momento en función de la Ley 30 es si el indicador y la fórmula que se usa para calcular la manera en que se obtienen sus recursos es suficiente o hay que cambiarla. Pero eso no es una discusión que está zanjada, lo que hemos hecho como gobierno para resolver ese debate y no impactar negativamente las instituciones, es fortalecer el cálculo del Índice de costos de educación superior”.
¿El número de semestres de las carreras también?
“Esto cada vez es más relevante para una generación que está buscando carreras, certificaciones o programas técnicos que les permitan encontrar sentido de su vida, pero que les permitan vincularse rápido laboralmente. Eso es una decisión que tendrá que tomar el sector acerca de si nos vamos con carreras de cuatro años en algunos casos o cómo se vinculan las certificaciones y microcertificaciones con los programas técnicos, tecnológicos y profesionales”.
¿Y respecto a los profesores?
“Uno de los grandes reclamos de los profesores y las profesoras de cátedra o quienes tienen una vinculación ocasional, es que necesitan una formalización laboral. Esto tiene un impacto fiscal significativo, pero también en la composición de las instituciones de educación superior y allí tendremos que lograr un acuerdo. Siempre es importante conectarlo con todo el sector porque los jóvenes como tienen mayor presencia movilizadora terminan convirtiéndose en el centro de la discusión”.
¿Hay una meta para presentarla al Congreso?
“Dependerá de las mesas de deliberación de esos diálogos de educación superior. Una vez esté listo el sector, estaremos listos como gobierno para radicarla como ley ordinaria”.
Sobre esa futura ley hay críticas porque el sistema mixto de educación se perdería. ¿Es así?
“La preocupación que tienen en el sector es que no se estén asignando recursos a instituciones vía programa Ser Pilo Paga o Generación E. El sistema mixto es la composición de todas las instituciones del sector, oficiales y no oficiales. El Gobierno nacional no ha hecho una declaración sobre no continuar fortaleciendo a las instituciones no oficiales. Cuando decimos que vamos a fortalecer las instituciones oficiales, su antítesis no es el debilitamiento ni el marchitamiento de las universidades no oficiales, sino abrir la puerta para que instituciones como las oficiales puedan seguir teniendo muchísima más en presencia en zonas rurales”.
¿Cuál es la diferencia entre la educación como servicio público y como derecho?
“Cuando se dice que es un servicio público, lo que está diciendo es que, para materializar el derecho fundamental, necesita vías específicas de prestación de un servicio: que exista una institución, rutas de matrícula y docentes para garantizar las obras específicas de formación. Es un debate complejo porque en ese momento muchos están argumentando que esa característica de servicio tendría que desaparecer y es una posibilidad que el sector tiene que debatir y ponerse de acuerdo sobre cuáles son las rutas posibles. Pero lo que sí sabemos ahora es que para materializar el derecho fundamental se necesita prestar el servicio”.
¿Es fácil zanjar ese debate?
“Es entender el qué viene después. Si no es un servicio público, ¿cómo se garantiza la materialización de ese derecho? ¿Cuáles son las rutas posibles, cuáles expresiones resumen su garantía?”
Por plata...
“Exactamente”.
¿Cómo se está construyendo la política de gratuidad?
“Estamos avanzando en la reforma el sistema general de participaciones, que es el que permite que podamos financiar las escuelas, financiar a todo el sistema de preescolar, básica y media. El último aspecto de las grandes acciones tiene que ver con el fortalecimiento de la política de gratuidad, de la que hace parte uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo y de una estrategia integral de educación de calidad y pertinencia para fortalecer la educación”.
¿Cómo va la ley estatutaria de educación en el Congreso?
“Además del esfuerzo político, es poner al país en un momento que requiere ser abordada la educación. Si miramos las últimas tres décadas, el sistema de educación ha funcionado con unos ajustes normativos y con una jurisprudencia que necesita un instrumento normativo que la organice. Si continuamos con el ritmo de crecimiento de los últimos 30 años en las zonas rurales, estaríamos condenando a las personas más empobrecidas a una educación de muy poca calidad y a muy pocas oportunidades de ascenso y de mejoría de sus condiciones de vida. La ley estatutaria lo que hace es regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles”.
¿Cuántas sedes físicas nuevas o mejoradas se necesitarían para cumplir la meta?
“Estamos mejorando más de 1.000 escuelas en todo el país y estamos avanzando en mejoramientos específicos locativos en más de 19.000 instituciones. Son escuelas nuevas en diferentes regiones por diferentes cuentas que las hace Findeter, que está avanzando con 800 y el Fíe que está avanzando con un poco más de 200 y tenemos otros que tienen que ver con el Fondo Adaptación y otras cuentas de la nación que están avanzando con infraestructura”.
¿Cómo espera cerrar la brecha por la desigualdad en la calidad de educación?
“Ese es un punto clave y requiere un acuerdo nacional entre el Gobierno y las autoridades locales. Cuando se analizan los gráficos de la inversión en calidad en las escuelas es un gráfico descendiente. Lo que debemos hacer es garantizar que incrementemos sustancialmente esos recursos y que una vez la nación las transfiera a las autoridades locales no se vaya para el cubrimiento de otros propósitos. Al fortalecer la infraestructura y subir los recursos para escuelas e instituciones de educación superior, lo que el gobierno está diciendo es que nos importa la calidad”.
¿Qué significa la acreditación que recibe la Universidad de Antioquia?
“Es la tercera acreditación de alta calidad de la Universidad de Antioquia y va a posibilitar que marquen una ruta de mejoramiento continuo hasta el año 2033. Esto es importante en este periodo porque va a dar la posibilidad que se fortalezcan los procesos de regionalización. Va a permitir que las seccionales y las sedes se expandan, pero también los centros de formación”.
¿Qué opina del proyecto de bonos escolares que propuso la senadora Paloma Valencia?
“El proyecto de bonos escolares se ha aplicado en otros países. Una lección importante que se tiene es de Chile, en donde se abrió una puerta a la educación con ánimo de lucro, que tiene unos riesgos muy grandes. Eso necesita un debate pausado y con datos para que podamos tomar decisiones con evidencia y decidir si es el mejor camino para el país en este momento”.
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