La Fiscalía acusó al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, implicados en el escándalo de corrupción que compromete dineros de la entidad. Al igual que Luis Eduardo López, Luis Carlos Barreto y Pedro Andrés Rodríguez.
Todos ellos negociaron un acuerdo con la Fiscalía y por eso fueron imputados de todos los delitos por los que fueron señalados inicialmente. Entre ellos, el delito de peculado por apropiación, el cual la Fiscalía quitó del escrito de acusación en las últimas horas y lo incluyó dentro del preacuerdo que suscribieron.
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López, quien fue director de la UNGRD, y Pinilla, exsubdirector, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.
Como parte del preacuerdo, ambos exfuncionarios deberán devolver casi $1.400 millones, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.
Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector.
La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra.
Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de La Guajira, hecho en el cual se habrían realizado maniobras ilegales, como el cobro de coimas.
De acuerdo con la Fiscalía, el 25 de septiembre de 2023, López asistió con Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública a una reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), a la que también concurrió el entonces director Gerardo Vega y sus asesores, para acordar la modificación del convenio para la reducción de su valor en $100.000 millones.
