Los hechos ocurrieron el 30 de enero y el 1 de febrero en Nariño y Norte de Santander, respectivamente.
Tras el secuestro de tres fiscales y una funcionaria de un juzgado en Tarazá por presuntos integrantes del Clan del Golfo y que desencadenó en el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, el fiscal general Francisco Barbosa denunció que en otras regiones del país también se han presentado hostigamientos contra funcionarios del ente acusador.
Tras una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, el fiscal general reportó dos hechos en los departamentos de Nariño y Norte de Santander el 30 de enero y 1 de febrero, respectivamente.
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El primer hecho se reportó el lunes 30 de enero, cuando en un retén ilegal entre la vereda La María y el municipio de Tumaco (Nariño) fue interceptada una caravana de vehículos entre los que se encontraba un vehículo de la Fiscalía. En él se transportaban fiscales de la Dirección de Crimen Organizado, los cuales, según Barbosa, fueron intimidados por cinco sujetos vestidos de camuflado y portando armas de largo y corto alcance.
En ese sector hay presencia de grupos armados residuales como Urías Rendón, Oliver Sinisterra, Iván Ríos o Los Contadores, a los que el fiscal señala como responsables del retén ilegal.
Así mismo, el 1 de febrero, dos funcionarios adscritos al CTI que venían de cumplir una comisión en Bucaramanga después de la destrucción de una sustancia estupefaciente, fueron abordados por cuatro sujetos armados en el sector de La Curva, entre Ocaña y Cúcuta. Los hombres se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc y les hurtaron la camioneta en la que se movilizaban, además de un arma de dotación.
El fiscal le recordó al ministro de Defensa que la misión de la Fuerza Pública es garantizar la seguridad de los ciudadanos y del territorio. “La defensa del territorio debe estar ofreciéndose de manera permanente”, concluyó Barbosa.
