Un grupo de 16 exministros y ex viceministros instaron al Consejo de Estado a establecer medidas cautelares para impedir los cambios propuestos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad. Presidente les solicitó que primero pidan perdón por “el desastre de sus EPS”.
En medio de la controversia que persiste por cuenta del decreto que, según expertos y críticos, implementa de facto la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, este lunes se conoció un pronunciamiento de 16 exministros y ex viceministros de Salud, quienes alertaron que el acto administrativo, lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema, “abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera”.
En la misiva –firmada, entre otros, por Alejandro Gaviria, Augusto Galán Sarmiento, Beatriz Londoño o Fernando Ruiz–, los exfuncionarios reivindican el compromiso con el derecho fundamental a la salud y con la defensa del orden constitucional, legal e institucional que lo garantiza.
En esa línea, alertando por la preocupación frente al sistema de salud, los exministros y ex viceministros advierten que el decreto materializa las alertas frente al “profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana”.
“Después de tres años de intensa discusión sobre un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha optado por emitir un decreto que, en la práctica, pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes. Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo”, alegaron.
Reclamando que el decreto es una “colcha de retazos”, los exfuncionarios aseguraron que el acto administrativo establece un nuevo sistema de salud, “generando así francas contradicciones con la normativa actual. El riesgo de su aplicación, según estos análisis, podría llevar a un colapso similar al del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)”.
Por ello, insistieron en que el decreto no es el instrumento jurídico para implementar “los profundos cambios” que contiene en sus contenidos. En ese sentido, instaron al Consejo de Estado a establecer medidas cautelares para impedir los cambios propuestos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico.
“Identificamos varias alertas y preocupaciones que, en línea con nuestros pronunciamientos anteriores, podrían exacerbar la ya crítica situación del sistema. Este decreto lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera. No muestra una respuesta clara a las necesidades de los usuarios y pacientes, ni a las expectativas de la sociedad civil”, agregaron.
Por otro lado, alertaron que con el decreto la libertad de elección se ve amenazada, el acceso puede restringirse “por fragmentación de la red” y la calidad corre el riesgo de deteriorarse por una estatización improvisada.
“La paradoja de exigir a las EPS que contraten con redes que no pueden configurar, o de pedir a los CAPS asumir funciones estratégicas sin lineamientos definidos ni capacidades establecidas, muestra un modelo que trastoca los equilibrios básicos sin ofrecer garantías de sostenibilidad ni continuidad”, precisaron.
Si bien destacaron la importancia de la atención primaria en salud, el fortalecimiento del talento humano y la calidad, argumentaron que el decreto es un intento de reforma de facto, “sin respaldo legal explícito, ni financiación clara, ni estudio técnico transparente”.
“Al debilitar la figura del aseguramiento individual, desdibujar el papel de las EPS y trasladar funciones clave a entes territoriales sin capacidad probada, conduce al riesgo de romper la columna vertebral del modelo actual sin haber construido una alternativa funcional”, concluyeron, indican que el decreto parece ignorar las advertencias sobre la urgencia de fortalecer la gestión del riesgo, garantizar la suficiencia de la UPC y mantener una rectoría técnica sólida.
“No se presentan estudios de impacto fiscal ni territorial, ni se respalda la transformación propuesta con tiempos razonables, capacidades institucionales ni mecanismos de evaluación. En su lugar, se delegan funciones críticas a estructuras que aún no existen y se imponen plazos irrealistas para redefinir actores, redes y formas de atención, en un contexto de desconfianza y deterioro del sistema”, precisaron.
En respuesta a la carta, el presidente Gustavo Petro reclamó que los exministros de Salud son “cómplices de una enorme defraudación al erario”. Por ello, les solicitó que primero pidan perdón por “el desastre de sus EPS”.
Incluso, anunció que en la noche de este lunes habrá otra alocución presidencial en la que “veremos la realidad del sistema de salud que ya implementamos de acuerdo a la ley y esperamos terminar de implementar bajo la ley”.
Al compartir unos gráficos sobre el estado del sistema de salud en la OCDE, Petro insistió en que “no es de los mejores, es de los peores. Miren solo el puesto en la OCDE, medido por colombiano(a)s que murieron por casos prevenibles o por enfermedades tratables. Este desastre se llama falta de previsión. Y previsión es lo que ahora queremos hacer”.
Regístrate al newsletter 
