En diálogo con EL COLOMBIANO, el exfuncionario negó tener cualquier vínculo con el entramado de corrupción y se refirió al llamado “cónclave” mencionado en el expediente, una supuesta reunión entre varios ministros, incluido él, para discutir el direccionamiento de contratos.
La Corte Suprema tiene en su poder un video en el que se observa a varios funcionarios ingresando al Palacio donde habría tenido lugar el encuentro. Sobre ese registro, Lizcano aseguró que asistió porque había sido citado a una reunión distinta.
“Hay unos videos de unas personas entrando a Palacio un lunes. Supuestamente ese lunes fue cuando se hizo el cónclave, que a mí no me consta. A mí me citaron ese día a otra cosa. Entonces, por ese video quieren saber a qué fui a Palacio, pero, insisto, a mí me citaron a otra cosa”, afirmó.
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La reunión, según el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, se llevó a cabo en la oficina de Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, el 27 de noviembre de 2023 y luego otra el 15 de diciembre. Allí, según López, se gestó el supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para ordenar comprar congresistas.
En las reuniones, dijo López, participaron Lizcano; el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el exministro del Interior, Luis Fernanda Velasco, entre otros.
La solicitud de apertura de investigación contra los 11 funcionarios y exfuncionarios se fundamenta, entre otras cosas, en la declaración que rindió esta semana María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, ante la Sala de Instrucción.
Benavides Soto relató cómo, siendo asesora técnica del ministro Ricardo Bonilla, habría servido de enlace entre congresistas y funcionarios del Ejecutivo para repartir contratos de la UNGRD por $92.000 millones en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Sobre María Alejandra Benavides, Lizcano afirmó que nunca ha tenido ningún tipo de comunicación con ella y que confía en que, al menos, no lo haya mencionado, ya que, según dijo, jamás intercambiaron palabra.
“Yo no tenía a la señora Benavides en mi celular y no creo que me haya mencionado. Estoy convencido que no. Yo con ella no tuve nunca ninguna relación, no tengo en mi celular ni un solo chat con ella”, añadió.
Lizcano también se refirió a la compulsa de copias en sus redes sociales: “Rechazo categóricamente cualquier intento de vincularme directa o indirectamente con el escándalo de corrupción de la UNGRD. No he tenido relación alguna con contrataciones, gestiones o conversaciones con congresistas sobre los temas investigados”, aseguró el exministro de las TIC.
Subrayó que “nunca me reuní con el señor Olmedo López en circunstancias que se apartaran de lo estrictamente institucional. Y por esa razón, mi nombre no ha sido mencionado dentro de las acusaciones formales”.
La compulsa de copias fue emitida por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación contra cinco congresistas y un excongresista por el delito de cohecho.
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La investigación involucra a los legisladores Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Wadith Manzur. Según versiones, las negociaciones para dar luz verde a contratos de la UNGRD habrían estado condicionadas al voto favorable de estos congresistas en la Comisión de Crédito Público.
Al igual que Lizcano, otros exfuncionarios salpicados —como Luis Fernando Velasco, Gloria Inés Ramírez y Ricardo Bonilla— han rechazado cualquier implicación en el escándalo y aseguran que demostrarán su inocencia ante la justicia.