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Corte confirma condena y ordena capturar al excongresista Gustavo Puentes

El excongresista tiene una sentencia por cumplir de cinco años y siete meses en prisión por el delito de tráfico de influencias.

  • Gustavo Hernán Puentes estuvo en el Congreso como representante a la Cámara de Boyacá. FOTO: Colprensa
    Gustavo Hernán Puentes estuvo en el Congreso como representante a la Cámara de Boyacá. FOTO: Colprensa
19 de febrero de 2024
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Gustavo Hernán Puentes, exrepresentante a la Cámara por Boyacá de Cambio Radical, deberá ser capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia. El exfuncionario deberá cumplir una condena que hay en su contra por el delito de tráfico de influencias.

La decisión fue tomada en la Sala de Casación Penal del alto tribunal. Ahora el excongresista deberá ser capturado para que empiece a hacer efectiva la condena que hay en su contra de cinco años y siete meses en prisión.

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De acuerdo con el expediente, Puentes utilizó su cargo como Congresista para influir antes dos directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con el fin de que se le designara un bien incautado a dos amigos suyos.

La investigación contra este condenado inició en 2012 cuando la Corte abrió una indagación preliminar. Para mayo de 2018 el excongresista fue acusado y el fallo de primera instancia salió hasta octubre de 2021. La defensa del político apeló y solo hasta este 19 de febrero se reconfirmó que es culpable.

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Durante la investigación quedó probado que el excongresista logró manipular a los entonces directivos del DNE para que dos de sus amigos y aliados políticos –Tomás Alfonso Zambrano y Eduardo Salcedo– fueran desigandos como depositario provisionales de la Inmunizadora de Maderas del Oriente.

Con esta maniobra, los amigos del entonces congresista pudieron administrar, cuidar y mantener esa empresa de manera provisional. El político, por su parte, obtuvo beneficios económicos que fueron destinados a su campaña electoral.

Incluso, se lee en el expediente, Gustavo Hernán Puentes hacía proselitismo político con los empleados de esa compañía y alcanzó a nombrar a su pareja sentimental en un cargo directivo. Los empleados de esa organización, cansados de la administración del político, decidieron denunciarlo en 2011 ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias.

La Corte le dio la razón a los trabajadores y este lunes se reconfirmó su condena. La defensa del político pidió que la pena se cumpliera en prisión domiciliaria, pero el alto tribunal no cedió y decidió enviarlo a pagar la condena a la prisión.

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