Los excombatientes de las Farc aguardan por una firma del presidente Gustavo Petro –y de todo el gabinete ministerial– para que quede en firme un decreto que busca transformar y garantizar los procesos de reincorporación.
Se trata del Plan de Reincorporación Integral (PRI), una iniciativa que desde noviembre del año pasado tiene todo listo para ser implementada. ¿Qué falta? Nada más que la estampa presidencial.
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La idea empezó a tomar forma en noviembre del 2022 cuando los excombatientes plantearon la necesidad de cambiar la ruta de la reincorporación que vino con el Acuerdo de Paz. El Gobierno Petro fue receptivo y decidió incluir el PRI en sus compromisos de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Durante todo el 2023 los firmantes del Acuerdo y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) pedalearon en el diseño y estructuración del Programa. Finalizando el año, ya tenían la propuesta hecha –con el visto bueno de los técnicos– para que solo fuera necesaria la firma.
El PRI, a grandes rasgos, busca que todos los ministerios del Gobierno tengan programas o iniciativas que garanticen de algún modo la reincorporación económica, política, social y comunitaria de los hombres y mujeres que hasta el 2016 estuvieron alzados en armas.
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La pretensión es que cada firmante pueda diseñar su plan de reincorporación de acuerdo a sus intereses y a su proyecto de vida. Por ello, se llamó al despliegue pleno de la oferta institucional.
Es que no es la misma oferta para un excombatiente que quiera ingresar a la universidad que para otro que busca impulsar su proyecto productivo en una zona rural.
Alejandra Miller, directora de la ARN empezó a recorrer desde el año pasado los pasillos de los ministerios y de la Casa de Nariño en búsqueda de las firmas de los funcionarios. Hasta ahora falta la mitad del gabinete por firmar.
“La reflexión que le hemos hecho de manera pública al señor presidente y la pregunta recurrente es por qué no ha firmado el decreto que pone en funcionamiento el PRI. Hoy la agencia encargada de la reincorporación está haciendo pedagogía sobre un instrumento que, en forma institucional y legal, no existe”, señaló Pastor Alape, delegado de los excombatientes ante el Consejo Nacional de Reincorporación en diálogo con este diario.
En efecto, desde el 21 de mayo la ARN ha publicado contenido relacionado con el PRI en el que hace pedagogía y cuenta los pormenores del decreto que aún no se firma.
Esta redacción consultó con esa institución por la entrada en vigencia del decreto y desde la oficina de prensa indicaron que sería “muy pronto” sin que precisaran fechas. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que la firma del presidente ocurrirá como antesala de su viaje al Consejo de Seguridad de la ONU.
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Ese es el periplo que el mismo presidente –en principio– iba a usar para denunciar que el Estado colombiano incumplía el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Petro tomará el espacio para ratificar la voluntad del Gobierno de cumplir con la implementación.
Más allá de la prórroga del presidente, con la aparente intención de enviar un mensaje político, los excombatientes claman por celeridad en la firma del decreto.
Esperan que el PRI también refuerce las garantías de seguridad para evitar el asesinato de excombatientes (416 homicidios desde la firma) o para que cesen los ataques por parte de grupos armados ilegales como el que se registró en Argelia, Cauca, cuando las disidencias del Estado Mayor Central desplazaron a 42 familias de firmantes del Acuerdo.
La expectativa con el PRI es que pueda lograr consolidar la estabilidad económica de los excombatientes. Han celebrado que el Programa genere propuestas para las familias de los firmantes y para sus comunidades.
“El cumplimiento del Plan no depende solo de los firmantes, sino de que también se pueda garantizar la oferta institucional para que pueda darse el cumplimiento efectivo. Todo esto va a permitir que la población pueda considerar que son un ciudadano del común y que ya pasó por su proceso de reincorporación”, añadió Laura Vega, delegada de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación.
El Gobierno, en todo caso, por fin parece que empezó a articularse en los temas de paz. Este 5 de junio fue firmado el Decreto 0717 que permitirá reunir cada dos meses al gabinete del presidente Gustavo Petro para discutir la agenda de paz y de conversaciones con los distintos grupos armados.
