ExFarc y Gobierno chocan en la Corte por esquemas de seguridad

Firmantes del Acuerdo piden mayor protección tras 285 asesinatos. Ejecutivo dice que tomó medidas.

Los exFarc manifestaron que en distintas regiones han recibido amenazas de grupos armados ilegales como la “Oliver Sinisterra”, el Eln y el Clan del Golfo. Foto Juan Antonio Sánchez Ocampo

Un grupo de 98 excombatientes de las extintas Farc terminaron unidos en una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional y en la cual se le exige al Gobierno nacional mayores garantías de protección y seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz. Uno de los tutelante, Francisco Gamboa, le dijo a este diario que –desde 2016– van 285 exFarc asesinados, y que para no sumar más muertes, afirmó, es necesario potenciar sus esquemas de protección.

El caso lo tiene como ponente la magistrada Cristina Pardo, y llevó hace dos días al Gobierno –en calidad de tutelado– a despejar dudas ante el alto tribunal. La sesión se hizo de manera reservada, pero EL COLOMBIANO estableció que allí uno de los citados, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, manifestó que la protección a excombatientes es una prioridad.

“Cada una de las instancias previstas en el Acuerdo incluyendo el de la protección de los firmantes, no solo se han implementado, sino que se han superado con acciones complementarias”, aseguró.

En un documento al que tuvo acceso EL COLOMBIANO y que elaboró la propia Corte, los exFarc aseguran que llevan dos años pidiendo esquemas de seguridad más robustos y que, incluso, han enfrentado riesgos colectivos en Guaviare, Nariño y Norte de Santander. Pero las quejas no paran ahí.

En efecto, otra petición es que se declare la existencia de un estado de cosas inconstitucional para que se implementen del todo la reforma rural integral prevista en el acuerdo de La Habana, al igual que el de participación política.

¿Qué dicen las partes?

Gamboa, o “Ricardo Semillas”, como es conocido, le dijo a este diario que en su caso, luego de 28 meses de haber iniciado un proceso judicial, el Tribunal de Cundinamarca instó a la UNP a darle un esquema de seguridad que ahora tiene, pero con fallas. Este cuesta cerca de $10 millones al mes, y se compone de dos escoltas, una camioneta y un chaleco antibalas. Sin embargo, dijo que este martes –rumbo a la vereda Charras, en San José del Guaviare– al vehículo le “falló la dirección y se le despegó el blindaje delantero”.

Ante las demandas, la UNP contestó que han creado mecanismos de protección especiales con la Policía para ser implementados en cuestión de semanas, pero advirtió que no está en manos de ellos enfrentar un posible estado de cosas inconstitucional si la Corte lo llega a decretar.

Archila incluso añadió que de acuerdo con la Fiscalía, los responsables de los asesinatos de los exFarc son grupos ilegales como las disidencias y el Eln, aunque aseguró que hay operaciones especiales de las Fuerzas Militares para contrarrestar su accionar.

El Gobierno saber que si la Corte declara la inconstitucionalidad que piden los exFarc deberá tomar medidas de choque para implementar el Acuerdo de Paz