Esta semana el Gobierno de Gustavo Petro designó como gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), anuncio que dejó más dudas sobre la “paz total”, pues así se abriría la décima mesa de diálogos.
La primera incógnita que deja la resolución que emitió el Alto Comisionado de Paz es qué se puede hablar con un grupo de hombres, ya casi todos por encima de los sesenta años, que pagaron cárcel o están en ella, que negociaron con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que no se sabe —por lo menos no vía judicial— si tienen poder en los territorios.
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La segunda duda es si se trata de una maniobra para conseguir votos para las presidenciales del 2026. Entre funcionarios del Gobierno Nacional y abogados que están detrás de capos que hoy pagan penas o que defienden los intereses de viejos comandantes que permanecen lejos de la vida pública hay bastante inquietud, aunque todos esperan sacar provecho: beneficios judiciales y alguna representatividad política.
A la salida de la cárcel de Itagüí esta semana un abogado nos dijo: “Toda la paz de Medellín la están politizando, no ha pasado nada, y ahora están acomodando fichas para las presidenciales de 2026, lo mismo pasa con los excomandantes paramilitares, esa es una movida para buscar votos”. Por otro lado, otros apoderados aseguran que los antiguos jefes paramilitares pueden ayudar a procesos de paz en varias regiones del país, como es el caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, por el poder que tuvo en el Bajo Cauca antioqueño, donde el conflicto con el Clan del Golfo y Los Caparros revive cada dos meses y azuza constantes paros mineros.
Mientras los abogados venden esa idea de pacificadores, buscan que a los líderes de bandas se les tenga en cuenta el delito de sedición —como a los guerrilleros el de rebelión—, que consiste en un “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”. Es decir, hacer de la actuación de los paramilitares un crimen político.
Aunque apenas ahora el Gobierno decidió nombrar a estos 18 antiguos comandantes paramilitares como gestores de paz, no es una idea nueva. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la idea empezó en la misma campaña de 2002 y que detrás estuvieron el ahora ministro de Defensa, Iván Velásquez, el exalto Comisionado Danilo Rueda, el embajador en Bélgica Daniel Prado Albarracín y el excanciller Álvaro Leyva. Todo se trató de un esquema para armar la paz total e integrar a los excomandantes y “aportaran a la verdad”.
Las cosas tomaron más forma cuando en julio Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, que paga pena en una prisión de alta seguridad de Carolina del Norte, le envió una carta al entonces electo presidente Petro: “... como actores que fuimos del conflicto y conocimos mucho de su dinámica, podemos aportar con nuestras ideas y propuestas a la paz y la reconciliación. También es bueno que tengan en cuenta las palabras del informe final de la Comisión de la Verdad, donde dice: ‘Las extradiciones de los miembros de las Autodefensas fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas’”.
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Quizá el primer movimiento que desde el Gobierno hicieron para meter a los excomandantes paramilitares en un sistema de justicia transicional —nuevamente— fue el de abrir un nuevo caso en la JEP, el mismo Álvaro Leyva “intrigó” bastante para que comandantes como Macaco hicieran parte del sistema, pero los magistrados han dejado claro que el marco legal del mismo es bastante limitado y solo se da por los condicionamientos que dio el Congreso después de la paz con las Farc. La JEP ha sido totalmente independiente, incluso el mismo expresidente del tribunal, Roberto Vidal, rechazó los hostigamientos de Leyva.
Los abogados y el Gobierno tienen la teoría de que las negociaciones del Gobierno Uribe con las AUC no terminaron y se echaron por tierra cuando en la noche del 13 de mayo de 2008 fueron extraditados 14 comandantes paramilitares; aseguran las partes que no hubo punto final y que se traicionó la confianza. “¿Dónde hubo una firma? —dice un abogado que se mantiene en el anonimato—, por eso que ahora sean gestores de paz es muy importante”. Otro abogado asegura: “La idea es el desmonte, o cierre de la ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) y materializar la entrega de los bienes, para la reparación de las víctimas, que se habían entregado a Acción Social en aquel entonces”.
Lo de esta semana no fue solamente un embeleco de último momento. Desde la época de Danilo Rueda como Alto Comisionado se han hecho reuniones con los paramilitares para idear esta gestoría de paz, se pensó en una nueva mesa de diálogo e incluso en insertarlos en algunas ya existentes en las cárceles del país. “No es algo nuevo, todo empezó en los primeros meses del Gobierno”.
Ahora bien, es muy sabido en las regiones que varios antiguos comandantes paramilitares aún mantienen relaciones con estructuras armadas. En el caso de Hernán Giraldo, alias Taladro, que fue el capo de los AUC en las Sierra Nevada, se sabe que violó a centenares de niñas entre los 7 y los 15 años, muchas de ellas quedando en embarazo, y como si fuera poco, se probó que cuando estaba en la cárcel ordenaba que le llevaran menores a su celda para abusarlas sexualmente.
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Por otro lado, no se sabe muy bien qué esperar de los comandantes sobre la verdad, pues ya pasaron por Justicia y Paz y miles de audiencias, grabaciones, respuestas a las víctimas. ¿Qué de nuevo puede haber? Cuando Salvatore Mancuso llegó a Colombia hace un par de meses, de las primeras cosas que dijo fue el que el exalto Comisionado de Paz y prófugo de la justicia Luis Carlos Restrepo había ordenado la muerte de Vicente Castaño; sin embargo, decenas de testimonios y análisis echaron por tierra esa “teoría”. Además, ya algunos han demostrado que no están interesados en colaborar con la justicia.
En mayo del año pasado, la JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Jorge 40 “por no aportar verdad plena en la Audiencia Única de Verdad Plena realizada el pasado 26 y 27 de enero (...) Además de aportar verdad plena, en la diligencia judicial Tovar Pupo debía “demostrar su voluntad de aportar a la reparación de los derechos de las víctimas, así como a la reconstrucción de la historia que condujo a la creación, expansión y consolidación de los grupos paramilitares con el apoyo de agentes del Estado y terceros”.
A pesar de que fue advertido que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP son inadmisibles, y que se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad, el exjefe paramilitar “no acató las órdenes emitidas”.
El capítulo de los antiguos comandantes paramilitares como gestores de paz parece estar ajustado con tuercas malas, pues ni siquiera desde la Oficina del Alto Comisionado han aclarado muy bien cuáles serán sus tareas específicas, por ahora se sabe que Mancuso ayuda en la negociación con el Clan del Golfo y Macaco con la negociación de la cárcel de Itagüí, ambos procesos que no han logrado mucho. ¿Otra pata coja para la mesa inestable de la paz total?
