La muerte de siete menores de edad, entre ellos una niña de once años según denuncias, en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de Iván Mordisco en el Guaviare, reabrió en pleno 2025 el debate sobre la incapacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados sin sacrificar principios humanitarios elementales.
Lejos de ofrecer claridad, el Gobierno quedó atrapado en versiones cruzadas. El país desconoce cómo una operación que debía ser precisa terminó matando a niños reclutados, sin que hasta ahora exista una sola explicación.
Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que la Fuerza Pública actuó en defensa propia tras una eventual emboscada, el ministro de Defensa había anunciado previamente una operación ofensiva en marcha.
A la versión del presidente le han llovido múltiples críticas. Por ejemplo, la ex viceministra de Defensa, Daniela Gómez, afirmó que no pudo tratarse de una “emboscada inminente”, pues en principio, se suponía que los criminales no tenían información sobre la presencia de las tropas.
“Para que exista una emboscada se requiere conocer de antemano por dónde va a pasar la tropa”, explicó. “Eso aplica para patrullas en vías como la Panamericana, no para comandos de operaciones especiales infiltrados en una zona selvática, cuyo movimiento es impredecible por definición”, dijo la exfuncionaria a Cuestión Pública.
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A esto se suma una inconsistencia operativa. La Fuerza Pública llevaba 72 horas en combate antes del bombardeo. Gómez subraya que es absurdo plantear que una emboscada se sostiene durante tres días. “Cuando una infiltración es descubierta, la doctrina indica retirar la unidad, no escalar la operación. Hablar de una emboscada en esas condiciones simplemente no es creíble”.
Según su análisis, el cambio de versión, de ofensiva a defensiva, responde a un motivo más profundo. La operación no logró neutralizar a los mandos de las disidencias y, en cambio, dejó un saldo mayoritario de menores muertos.
“Si hubieran caído comandantes de alto nivel, la proporcionalidad del ataque estaría blindada. Pero lo que muestra la información es que la mayoría de los muertos son adolescentes, y la más pequeña tenía once años. Eso altera completamente la narrativa y obliga al Gobierno a reacomodar la explicación”.
Gómez cuestiona el retroceso moral que implica justificar bombardeos con víctimas menores. “Mi hijo tiene diez años y no puede cargar ni una silla pesada. Un fusil pesa kilos. ¿Cómo es posible que estemos normalizando la muerte de niños en operaciones militares? ¿Qué clase de sociedad está dispuesta a mover la vara ética hasta ese punto?”.
La reflexión toca un nervio político adicional. La investigadora Lucía Dammert, referente en estudios de crimen organizado en la región, le advirtió a la ex viceministra que si la izquierda colombiana empieza a flexibilizar sus criterios sobre el uso de la fuerza letal, el país entra en terreno peligroso. “Si la izquierda corre la vara moral, ¿hasta dónde la va a correr la derecha?”, le dijo.
En un contexto donde el Gobierno prometió abandonar los bombardeos con presencia de menores, el episodio del Guaviare reabre un debate que parecía zanjado y deja sobre la mesa un dilema central sobre si fue un error operacional, un intento fallido de golpear mandos de alto nivel o una operación que perdió control y ahora busca un relato que la justifique.
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