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Siete entidades están en la mira de la Contraloría General de la Nación luego de que este organismo adelantara, en ellas, varias inspecciones de fiscalización y auditoría financiera.
El resultado de las labores en los primeros seis meses del año es que hay 10 alertas de control interno por un posible riesgo de pérdida de recursos públicos, los cuales ascienden a cerca de 1 billón de pesos.
Orlando Velandia, contralor delegado para el sector de Minas y Energía, le dijo a EL COLOMBIANO que “hay que precisar que no se comporta una pérdida materializada, sino que se han determinado situaciones que, de no tomarse las actividades correspondientes, pueden desencadenarse en la pérdida de recursos muy cuantiosos”.
Entre los involucradas están grandes entidades como Ecopetrol, Reficar, Ocensa, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto de Colombia S.A., Centrales Hidroeléctricas de Nariño (Cedenar), e incluso el Ministerio de Minas y Energía.
La pérdida de los recursos se concretaría si “sobre dichas situaciones detectadas no se toman las medidas pertinentes y oportunas”, dijo en un comunicado la Contraloría, mientras que el contralor añadió que ya se hicieron las notificaciones respectivas.
El despacho de la Contraloría que lidera Velandia anunció que, de las siete, Reficar es la que presenta el mayor impacto económico de posible pérdida, con una cifra de $583.660.962.800.
Según el órgano de control, en este caso, hasta el 31 de diciembre pasado, 1.956 activos de los 37.992 registrados en dos sociedades no tenían un administrador responsable para ellos. “Hay activos que están a la deriva y no tienen un doliente”, destacó Velandia.
El Ministerio de Minas también fue uno de los implicados. Ellos aparecen en dos de los 10 procesos: en uno junto a Cedenar, y en otro con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas.
En ambos casos, la suma de dinero que está en riesgo es de $283.218.886.428. Esta se debe a que se aluden pagos injustificados de erogaciones, esquemas que no garantizan la sostenibilidad de proyectos y algunos ajustes a realizar.
De hecho, ante este último punto, el contralor resaltó que, tanto el Ministerio como las otras seis, “han mostrado su plena voluntad de tomar las medidas pertinentes, pero no basta con la manifestación, hay que pasar a las acciones”.
La tercera suma que se destaca, luego de la de Reficar y la del Ministerio, es la de Ecopetrol. Allí, según palabras textuales de Velandia, no se acomete una debida acción de repetición para poder recuperar los dineros a través de los cuales la entidad fue condenada.
¿Qué implica esto? “Que no podamos recuperar estas importantes cantidades por este concepto”, añadió Velandia. Por el momento, los hallazgos indican que existe riesgo de perder $20.465.227.110.
Además, hay otro monto por el no cobro del aporte establecido del 5 % en contratos de obra pública. Este diario se comunicó con Ecopetrol, desde donde se informó que “la empresa se reunirá con el organismo de control para explicarle los argumentos legales sobre los que se basa su actuación en estos aspectos”.
En el resto de casos, “no se están acometiendo los cobros a su cartera y se está en eminente riesgo de pérdida de recursos”, añadió el contralor.
Por eso, su mensaje es que “no esperemos hasta que se den situaciones lamentables, sino que podamos alertar a los gestores públicos a tomar medidas pertinentes”. Y añadió que en 2021 sí se han materializado pérdidas en este sector, que ascienden a $28.000.000.000