La experta aclaró, sin embargo, que desconoce si los contratos anunciados con Grupos Móviles de Erradicación finalmente se llevaron a cabo o no.
El 24 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales: “Empiezan los pagos por erradicación voluntaria de los cultivos de coca en el Micay. Si logramos que el campesinado nos ayude, se acaba la violencia en la región. Nosotros ayudaremos a que procesos agroindustriales y de titulación ayuden a los campesinos”.
En efecto. La erradicación manual de cultivos de hoja de coca en Colombia cayó recientemente más del 90%. El 2022 cerró con 68.893 hectáreas erradicadas; el 2023 bajó la cifra a 20.325; en el 2024 redujo aún más a 9.403, y en el último año, 2025, solo fueron erradicadas 8.051 hectáreas.
Toda esta discusión arrancó después de que Valencia publicara varios mensajes cuestionando los contratos para los llamados Grupos Móviles de Erradicación (GME), los equipos encargados de destruir manualmente cultivos de coca en distintas regiones del país.
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Según la congresista, en 2024 la Dirección de Antinarcóticos de la Policía abrió una licitación por más de $78.000 millones para contratar esos servicios, pero el proceso terminó declarándose desierto porque ningún oferente cumplió con los requisitos exigidos.
Después ocurrió algo parecido en 2025, cuando otra licitación por más de $56.000 millones también fracasó.
Ahora hay un nuevo proceso en marcha para 2026 por cerca de $60.000 millones y la senadora asegura que existe una queja presentada ante la Procuraduría en la que se advierte que funcionarios de la Dirección Antinarcóticos estarían buscando que el contrato vuelva a fracasar.
“Misteriosamente las licitaciones siempre se terminan declarando desiertas”, escribió Valencia, quien además conectó esa situación con la política de “Paz Total” defendida por el Gobierno.
“Esta es la Paz Total de Iván Cepeda: una estrategia para disparar los cultivos ilícitos, la producción de cocaína, los secuestros, la extorsión y el pie de fuerza de los grupos armados”, afirmó.
Pero detrás de la pelea política hay una discusión sobre el cambio de enfoque que hizo el Gobierno frente a la lucha antidrogas.
Fuentes en el Ministerio de Defensa aseguran que sí hubo contratación en 2025 y que incluso existió una meta de erradicación cercana a las 10.000 hectáreas. El problema es que esa cifra queda muy lejos de las metas que manejaban gobiernos anteriores. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente Iván Duque hubo un histórico logro de 130.147 hectáreas erradicadas en 2020 y 103.257 hectáreas en 2021.
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“Eso no es verdad”, dijo una de las fuentes consultadas frente a la afirmación de que durante tres años no hubo contratación alguna.
En septiembre de 2025 se conoció que el Gobierno abrió un proceso contractual por más de $56.000 millones para conformar 38 Grupos Móviles de Erradicación que operarían en al menos 11 zonas del país afectadas por cultivos ilícitos. En ese momento se informó que siete empresas y uniones temporales se habían postulado para quedarse con el contrato.
El proceso contemplaba pagos de hasta $7,65 millones por hectárea erradicada y la vinculación de civiles para apoyar las labores manuales de destrucción de cultivos.
Cada grupo estaría integrado por 21 personas: un jefe zonal, un capataz, un enfermero y 18 erradicadores. Además, el esquema planteaba salarios cercanos a los $3 millones mensuales para quienes participaran en esas operaciones.
La propia documentación de la licitación señalaba que, en condiciones ideales, cada Grupo Móvil de Erradicación podía destruir aproximadamente 2,1 hectáreas diarias, aunque aclaraba que las cifras dependían de variables operacionales y de las condiciones de seguridad en cada región.
Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que las metas fueron reducidas deliberadamente porque el Gobierno decidió modificar el enfoque tradicional de la política antidrogas.
“Las metas se redujeron de forma consciente”, señaló una de las personas cercanas al tema.
La lógica detrás de esa decisión sería dejar de enfocar la política antidrogas sobre el campesino cultivador y concentrar los esfuerzos en las redes narcotraficantes, los laboratorios y los cargamentos de cocaína.
“Es parte de la política: no atacar a la base, al campesino cultivador, sino ir por los narcos y sus cargamentos”, explicó otra fuente.
Ese cambio de enfoque ha sido defendido públicamente por Petro desde antes de llegar a la Casa de Nariño. El presidente ha repetido varias veces que la llamada “guerra contra las drogas” fracasó y que perseguir campesinos no resolvió el negocio del narcotráfico.
Por eso, desde el inicio de su administración, el Gobierno redujo las metas de erradicación manual y dejó quieta la posibilidad de reactivar la fumigación aérea con glifosato.
El problema para el Ejecutivo es que esa reducción coincide con un momento en el que distintas regiones del país viven una expansión de grupos armados y economías ilegales.
“Hay una conexión entre la existencia de los cultivos y los grupos armados. Los cultivos financian a los grupos armados, pero los cultivos no solo existen porque existen grupos armados, ni los grupos armados existen solo porque hay cultivos. Entonces, de fondo hay una cantidad de condiciones o características estructurales de nuestro país que explican por qué la coca llegó y se quedó”, añadió Rueda.
Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo siguen concentrando buena parte de los cultivos ilícitos y también registran disputas armadas entre disidencias, ELN y bandas narcotraficantes.
Ahí es donde la oposición encontró como argumento político sostener que la reducción de la erradicación terminó disminuyendo la presión del Estado sobre las economías ilícitas.
Y a la discusión política se suma otro antecedente que también generó ruido dentro de los procesos de contratación.
Fuentes consultadas recordaron que en uno de los contratos recientes hubo cuestionamientos porque la empresa encargada de las brigadas de erradicación habría incumplido pagos de seguridad social a trabajadores vinculados a esas operaciones.
Ese episodio abrió nuevas dudas sobre las condiciones laborales de los erradicadores, quienes realizan una de las tareas más riesgosas dentro de la política antidrogas, muchas veces entrando a zonas con presencia de minas antipersonal y grupos armados ilegales.
En noviembre de 2023, un grupo de erradicadores que trabajaba en la serranía del sur de Bolívar denunció retrasos en los pagos salariales, deficiencias en la alimentación entregada durante las jornadas y presuntas irregularidades en la forma en que se adelantaban algunas labores de erradicación.
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