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“Hacen fiestas con la plata de la salud”: Denuncian que intervenida EPS Famisanar habría gastado $119 millones en evento

La fiesta se habría celebrado en época decembrina, pese a la crisis financiera del sistema de salud y a pacientes que llevan meses sin medicamentos. La denuncia también apunta a contrataciones costosas y a la falta de transparencia y control.

  • Entre otros, se habrían destinado $60 millones para el show musical y $27 millones para arrendar el espacio. FOTO: X @AForeroM - REFERENCIA
    Entre otros, se habrían destinado $60 millones para el show musical y $27 millones para arrendar el espacio. FOTO: X @AForeroM - REFERENCIA
hace 1 hora
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En momentos en los que persiste la crisis del sistema de salud en Colombia –marcada por dificultades en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y líos financieros de prestadores de salud y centros médicos–, este lunes se conoció que la intervenida EPS Famisanar habría organizado una millonaria fiesta en diciembre pasado que habría superado los $119 millones.

Según denunció el representante de oposición Andrés Forero (Centro Democrático), aun cuando el interventor Germán Darío Gallo se negó a dar información oficial sobre los costos del evento –realizado el pasado 19 de diciembre en el norte de Bogotá–, pudo conocer por trabajadores de la entidad el detalle de los gastos del encuentro.

Al parecer, se habrían destinado $60 millones para el show musical, $27 millones para arrendar el espacio, $25,5 millones para alimentación y compra de lechona, así como $2 millones para anchetas y $274.000 para comprar gorros navideños.

Forero reclamó que se destinen partidas para este tipo de eventos justo cuando la EPS sigue enfrentando problemas financieros. “En la intervenida Famisanar literalmente hacen fiestas con la plata de la salud. Mientras 37 pacientes con esclerosis múltiple estaban sin medicamentos desde octubre, el interventor Gallo hizo una fiesta de fin de año por $119 millones”, alegó.

En esa línea, criticó que “el turbio interventor Gallo” se negó a proporcionar la información diciendo que es “reservada”. En efecto, en una misiva, el interventor manifestó que “los gastos administrativos hacen parte de la gestión interna de la entidad y, por lo tanto, la información relacionada está protegida” en tanto abarca “datos sensibles”.

Previamente, se denunció que el interventor Gallo –quien asumió el cargo en noviembre pasado–, habría contratado a 75 personas desde su llegada a la EPS, con un costo mensual cercano a los $700 millones.

Según Forero, dentro de estas contrataciones figuran bachilleres con salarios de hasta 28 millones de pesos mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de 40 millones al mes.

Mientras tanto, también llamó la atención por la situación crítica en la que se encuentra el sistema de salud en Colombia. “Entretanto 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre”, aseguró Forero.

Asimismo, mencionó que justamente desde el año pasado, en febrero, cuando el gobierno Petro realizó cambios en el manual de manejo en las EPS, se empezó a contratar nuevas personas en varias entidades. La cifra sería de 572 nuevos contratados por un costo mensual de 2.700 millones.

“Hubo cambio en el manual de funciones de la EPS en febrero de 2025 y durante ese año los interventores de Gustavo Petro contrataron 572 nuevas personas por un costo mensual de $2.700 millones. Uno de los beneficiarios fue el exinterventor de Sanitas, Kemer Ramírez, por $40 millones al mes”, dijo Forero.

Su crítica también se extiende a la falta de pronunciamientos por parte de los entes de control. En particular, cuestionó el silencio del exinterventor de la Nueva EPS, Bruno Camacho, a quien calificó como “incompetente”, y el de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que —según los dijo— no ha dado explicaciones tras “su nefasto paso como interventor de Nueva EPS”.

Esta denuncia se produce en un contexto de creciente inconformidad de pacientes y veedurías ciudadanas, que advierten sobre fallas en la entrega de medicamentos y exigen mayor control y transparencia en la gestión de las EPS bajo intervención estatal.

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