Que haya entidades públicas que dilaten la entrega de información a un medio de comunicación, o posterguen sin explicación una solicitud, es un traspié común en el periodismo. Pero ayer, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que no atender una petición sin un argumento claro vulnera los derechos fundamentales de los reporteros.
Así lo confirmó en segunda instancia la Sala Penal del tribunal, en una decisión que favoreció al periodista de la agencia Asociated Press (AP), Joshua Dean Goodman, quien interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y que había sido negada en primera instancia.
Goodman había tramitado con el ente acusador una solicitud para entrevistar a Fabio Simón Younes, el empresario que fue capturado junto a Jesús Santrich, sindicado de presuntamente pactar con él y Marlon Marín el envío de un cargamento de droga a Estados Unidos.
Como lo primero que había que saber era si Younes aceptaba ser entrevistado, la solicitud fue remitida al Inpec. El pasado 8 de agosto, la Oficina Asesora de Comunicaciones de ese Instituto informó al periodista por correo que el empresario estaba de acuerdo.
El Inpec manifestó también que, como paso a seguir, dio traslado de la solicitud a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Y aunque el ente acusador respondió que negaba la entrevista “para preservar el orden social”, el periodista consideró que dicho argumento era insuficiente y violaba el derecho a la libre expresión, por lo que instauró la tutela.
En su decisión de ayer, el Tribunal Administrativo de Bogotá deja claro que la Fiscalía “expuso de manera vaga las razones que llevaron a no acceder al requerimiento elevado por el periodista” y “no expuso razones de peso que lleven a concluir razonable o legítima su decisión de negar la entrevista”.
Los magistrados consideraron también que “no está demostrado que la limitación (de entrevistar a Younes) esté dirigida al cumplimiento de los fines esenciales de resocialización del recluso y conservación del orden”.
El fallo otorgó 10 días a la Fiscalía para que permita que el reportero pueda efectuar el trabajo periodístico .