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Desde los más antiguos hasta los recientes operativos realizados por la empresa Air-e y la Policía Metropolitana del Atlántico han puesto en evidencia que en los sectores donde viven las personas más pudientes del departamento es donde se han detectado los grandes fraudes para el robo de energía.
El caso más reciente de robo de energía se detectó en el Condominio Los Cocales en Villa Campestre en el municipio de Puerto Colombia. En el procedimiento, realizado de manera conjunta entre la empresa Air-e y la Policía Metropolitana, se revisaron 15 casas, de las cuales en 11 se encontraron irregularidades.
Los técnicos de la empresa detectaron 7 medidores manipulados que contaban con el servicio 24 horas para encender aires acondicionados y otros electrodomésticos, pero no habían contratado con la compañía el servicio en sus casas.
“Lo más reprochable de estas conductas es que son usuarios de estratos altos, que por obligación legal tienen que contribuir para el pago de servicio de energía eléctrica a los más pobres. Y teniendo la capacidad económica para tramitar legalmente la solicitud ante la empresa que permita conectarse de la red de una manera técnica, adecuada y ajustada a la ley, no lo hacen y prefieren contratar marañeros para que el servicio de energía eléctrica lo reciban de manera directa y se apropien de toda la energía que consumen en sus viviendas”, dijo Fermín De la Hoz, gerente Legal de Air-e.
En el condominio Los Cocales la mayoría de las viviendas son de dos niveles con equipos de alto consumo de energía. “No puede ser que tengan todos los servicios contratados, recibiendo recibos de las demás empresas de servicios públicos y piensan que el servicio de energía eléctrica le llegue de manera gratuita, consumirla a su placer, sin pagar un peso. Esa energía que se roban la terminan pagando el resto de usuarios, mientras que ellos no pagan nada”, agregó de la Hoz.
Anotó que si bien es cierto con estos operativos y capturas la tendencia comienza a ceder frente al robo de energía, actualmente este delito les cuesta diariamente 2.000 millones de pesos diarios a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Fermín De la Hoz dijo también que la empresa prepara el proceso penal en contra de los usuarios que contrataron a “marañeros” para que manipularan sus equipos de medición, quienes también serán acusados por el delito de Defraudación de fluidos, el cual conlleva penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 150 millones de pesos. “Sin perjuicio de otras medidas asociadas a la recuperación del dinero, que este caso está valorado por una cifra superior a los 40 millones de pesos”.
La empresa de servicios públicos lidera actualmente con la Fiscalía cerca de 400 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 172 personas por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir.