Caminar por las veredas de 125 municipios de Colombia es hoy en día una ruleta rusa, pues nadie garantiza que no habrá una mina antipersona bajo la tierra esperando por un incauto para explotar.
La cifra, que representa el 19% de los municipios del país, es preocupante, pero al mismo tiempo esperanzadora, si se tiene en cuenta que en 2015, cuando el Gobierno hizo la primera medición, eran 673 los municipios contaminados por minas (62%).
“En este tiempo de trabajo hemos destruido 6.970 minas y artefactos explosivos artesanales. Eso equivale a salvar el mismo número de vidas”, comentó con orgullo el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército.
El oficial está al frente de 3.500 soldados dedicados a esa tarea de limpieza de alto riesgo. Uno de ellos es el tulueño John Jairo Vargas Chavarro, de 36 años, quien ha portado el uniforme desde 2005.
Lleva siete años en el Batallón de Desminado N°5 y su primera prueba de fuego fue en 2018. “Me encontré la primera mina en la vereda Rioblanco, eso queda en Baraya, Huila. Estaba hecha con un tubo de PVC. Ya tenía entrenamiento, pero me asusté. A uno se le pasa toda la vida por la cabeza, la familia, los amigos...”, recordó el soldado.
Tuvo el coraje de reponerse y marcar el sitio para destruirla, pero esa misma suerte no acompañó a su colega Wilson de Jesús Martínez, el único desminador que ha muerto en Colombia en el ejercicio de su misión.
Sucedió el 15 de julio de 2015 en la vereda El Orejón, de Briceño (Antioquia), donde se realizaba el desminado conjunto entre el Ejército y las Farc. Por un error en la información previa, Martínez cayó en un campo minado.
Su nombre quedó en la lista de las 12.397 víctimas de estos artefactos en Colombia, según las cifras que ha recopilado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) desde 1990. Esa entidad funge como secretaría técnica del desminado.
El número incluye muertos, lesionados y mutilados. De ellos, 7.370 han sido de las Fuerzas Armadas (el 59,44%) y 5.027 civiles (40,56%), dentro de los cuales hay 1.278 menores de edad (10,3%).
El peor año en cuestión de víctimas fue 2006, cuando se documentaron 1.224 casos. En lo corrido de 2023, van 92.
La situación actual
De los 125 municipios pendientes de intervenir, 25 están en Chocó, 21 en Nariño, 16 en Antioquia, 14 en Cauca y 13 en Norte de Santander, lo cual coincide con las regiones en las que el conflicto armado es más intenso.
Según el coronel Tarazona, este año ya se entregaron nueve municipios libres de sospecha de minas, donde hallaron 116 artefactos (69 minas antipersonales, 39 municiones sin explotar y ocho artefactos explosivos improvisados). “La meta es entregar otros ocho lugares de aquí a enero. Nosotros no vamos a parar por las fiestas de diciembre”, acotó.
Al declarar una zona libre de sospecha de minas, generalmente los desplazados pueden regresar. “Me acuerdo de un señor, don Carlos, que lloraba diciendo que llevaba diez años sin poder entrar a una parte de su finca, porque le daba miedo de las minas. Yo creo que esta es la parte más satisfactoria del trabajo, cuando uno le puede decir a la gente que ya puede caminar tranquila por su tierra”, expresó el soldado Vargas.
El retorno de los desplazados es una prueba de fuego para el programa de desminado, pues las personas llegan temerosas y algunas de ellas reportan sospechas.
Esta nueva información, en algunos casos, genera una verificación oficial en la zona. A esta clase de eventos se les llama “riesgo residual” y actualmente hay cinco municipios en los que se adelanta una revisión: Granada, San Carlos y San Francisco, en el Oriente de Antioquia; Ipiales (Nariño) y Chaparral (Tolima).
Zonas rojas
Las jornadas de desminado no solo están en cabeza de la brigada que dirige Tarazona, la cual ya entregó 271 municipios libres de sospecha en los últimos años. También la Armada tiene su propio grupo especializado, que ha despejado 18; y hay organizaciones civiles internacionales aliadas, que han contribuido con 29.
Hoy están desplegando sus equipos en 95 poblaciones. Todos se rigen por normas de la Convención de Otawa, la ONU, OEA y Oacp, buscando crear una armonía con las poblaciones y autoridades locales.
Sin embargo, el control territorial que ejercen los grupos ilegales le pone un riesgo extra a la labor, como ocurrió el pasado 12 de diciembre en Campamento, Antioquia.
Allí varios disidentes del frente 36 de las Farc retuvieron por varias horas a diez trabajadores de The Halo Trust, una de las organizaciones internacionales de desminado desplegada en Colombia.
Los criminales liberaron a los cautivos, pero exigieron 1.200 dólares para devolver los cuatro vehículos en los que se transportaban.
“Posteriormente los delincuentes proceden a hacer la devolución de los vehículos, aduciendo algún tipo de error dentro de la estructura (...). Lo que queda muy claro es que no se trata de un evento aislado o casual”, explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, Osvaldo Zapata.
Los campos minados suelen instalarse para proteger zonas de retaguardia, frenar el avance de los enemigos y tender emboscadas. En el sur de Chocó, por ejemplo, la comunidad ha quedado confinada en muchas ocasiones desde 2018, por temor a los artefactos sembrados por el Eln, en su afán de evitar el avance del Clan del Golfo.
Un problema similar se ha observado en Cauca, donde confluyen el Eln, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central.
En el cañón del Micay, una región que el Ejército está tratando de recuperar con una ofensiva desde el pasado mes de junio, los militares estiman que puede haber unas 3.000 minas antipersona y artefactos explosivos, según un reporte del mes de octubre de las FF.MM.
Una de las esperanzas está en los actuales procesos de negociación con el Eln y las disidencias, para que en esas mesas se acuerden desminados humanitarios conjuntos, tal cual ocurrió durante los diálogos de La Habana con las antiguas Farc. No obstante, las delegaciones todavía no han tocado ese tema en la agenda.
El soldado Vargas recalcó que esta es una tarea urgente, no solo porque se salvan vidas, sino porque se favorece el desarrollo de una población. En sus palabras, “es súper importante para que los niños puedan ir a las escuelas, para que los campesinos cultiven, para que haya comercio por las vías y la gente vaya a los centros de salud. Estoy orgulloso de poner mi granito de arena, para que Colombia algún día esté libre de minas”.
