En una decisión judicial que se filtró en la noche de este lunes quedó confirmada la apertura de una indagación penal contra tres congresistas por su presunta participación en un caso de posible corrupción que se habría gestado en torno a los dineros de la implementación del acuerdo de paz.
Los legisladores vinculados penalmente al expediente, bajo la figura de investigación previa, son Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Ape Cuello Baute (todos del Partido Conservador).
De acuerdo con el oficio 5318 de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, los tres legisladores deben explicar si tienen o no que ver con una presunta red de corrupción que habría cobrado coimas de entre el 2 y el 12 por ciento para la adjudicación de dineros de regalías para los proyectos previstos por los llamados OCAD-Paz.
Pero en el mismo oficio, en poder de EL COLOMBIANO, aparece una citación para el 1 de agosto, a las 2:30 de la tarde, al exconsejero de Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa, como parte de las prácticas de pruebas que se requieren para el expediente abierto contra los tres legisladores.
Si bien Archila siempre ha dicho que le dio trámite a las denuncias que llegaron hasta su despacho en torno a esas posibles irregularidades, hechas públicas tras una publicación de Blu Radio, y que no tuvo nada que ver con ningún tipo de caso de corrupción, la Corte sí quiere escuchar su versión directamente.
Incluso, el pasado 8 de julio Archila fue citado a la Fiscalía para declarar por un expediente que el ente acusador sigue por este mismo escándalo.
Además, aunque ahí no está relacionado el exconsejero del Gobierno saliente de Iván Duque, la Contraloría procesa fiscalmente a 9 alcaldes por posibles desviaciones de recursos del OCAD-Paz y ha llegado a plantear que podría existir un cartel dedicado a generar este tipo de desfalcos.
En todo caso, la directora del DNP, Alejandra Botero, ha dicho que el Gobierno no tiene pruebas concretas sobre esto y afirmó que las denuncias interpuestas hasta ahora se han hecho “en gran parte, a través de asociaciones anónimas y de un correo cuyo remitente era Hernando Gómez, “quien nunca presentó más pruebas en el proceso, ni respondió”.
