El empresario del entretenimiento Ricardo Leyva ha estado en el centro de diferentes polémicas durante las últimas semanas. Este pasado domingo se conoció una nueva denuncia en su contra, en la que se le señala un presunto chantaje al haber utilizado material íntimo de una mujer como mecanismo de presión. A su nombre reposan varias denuncias en Fiscalía, pero hasta el momento no se sabe en qué van.
El señalamiento de este pasado domingo, se suma a las denuncias por presunta violencia física y psicológica interpuestas por su exesposa, Karen Santos, que salieron a la luz pública hace algunas semanas.
Este nuevo episodio está relacionado con una grabación revelada por la revista Cambio, en la que se escucha al empresario de espectáculos admitir que conservó fotografías y un video de carácter íntimo de una mujer con el propósito de utilizarlos en su contra.
De acuerdo con la información, esta denuncia reposa en la Fiscalía desde 2021. En la grabación, Leyva habría reconocido tener en su poder dicho material íntimo y, además, es señalado de haberlo mostrado a terceros y de utilizarlo como amenaza para perjudicar al entonces esposo de la mujer, a quien consideraba su enemigo.
La mansión a Benedetti, los contratos elevados y las denuncias
Cada vez se profundiza más las polémicas que giran en torno a este hombre. Justamente, Ricardo Leyva es el empresario que habría cedido a Armando Benedetti el contrato de leasing habitacional de una vivienda que se encuentra dentro de un reconocido complejo recreacional en Puerto Colombia, en la que se realizó un allanamiento el pasado 11 de noviembre, ordenada por la magistrada de la Corte, Cristina Lombana.
Por otro lado, curiosamente, semanas después de esa cesión entre Benedetti y Leyva, se conoció que la empresa de este último —Ave Fénix Entretenimiento S.A.S.— recibió de RTVC un contrato cercano a los 8.000 millones de pesos para la organización de un evento cultural en el marco de la cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Santa Marta.
En cuanto a las denuncias a su nombre, la que más ha impactado a la opinión pública, es la de la confesión de su exesposa, Karen Santos, quien en las últimas semanas expuso que Leyva habría ejercido un ciclo de violencia prolongada durante su matrimonio de manera constante mientras estaban juntos.
Según el testimonio de Santos, la relación, que se extendió por cinco años, estuvo marcada por agresiones físicas, humillaciones constantes, episodios de persecución con armas blancas y un control psicológico que la dejó aislada, sin apoyo económico y en una situación de alto riesgo.
No obstante, el nuevo caso que se dio a conocer este fin de semana, se remonta a hechos ocurridos a finales del 2021, cuando Natalia Rendón, asesora de imagen, se encontró cara a cara con Leyva en una de las zonas sociales del Club El Nogal. Allí lo confrontó sobre unas fotografías íntimas suyas, que presuntamente tendría Leyva y las había mostrado en ese lugar; incluso se presume que consideró publicarlas en redes sociales.
En la conversación que salió a la luz, Leyva sostuvo que guarda esas imágenes para “joder” a Guillermo Gutiérrez (quien entonces era el esposo de Natalia), un hombre a quien asegura odiar y contra quien dice estar dispuesto a usar el contenido íntimo de la mujer como herramienta de presión.
Durante ese encuentro, la mujer decidió grabar la conversación y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. Hasta el momento, el ente de control no se ha pronunciado sobre el caso.
La Fiscalía, ¿qué ha dicho?
Esta entidad, dirigida por Luz Adriana Camargo, ha sido protagonista desde hace tiempo de reclamos y cuestionamientos debido a la lentitud con la que avanzan investigaciones de alto impacto, como el escándalo de corrupción en la UNGRD y el proceso por el magnicidio del senador Miguel Uribe.
Sin embargo, de manera llamativa, en menos de dos semanas la entidad ha comenzado a mover distintos expedientes y a destrabar procesos que permanecieron estancados durante meses. Sin embargo, en el caso de Ricardo Leyva, hasta el momento no se registran avances significativos.
Lo que sí se sabe, es que la Fiscalía abrió investigaciones formales que ponen bajo la lupa al empresario del sector de concierto en dos frentes sensibles. En primer lugar, se activó una investigación preliminar para determinar si en el acuerdo que habrían tenido Leyva y el ministro Armando Benedetti, en cuanto a la cesión de la vivienda de Puerto Colombia, fue llevado a cabo en medio de conductas de carácter penal.
Por otro lado, en paralelo, el ente acusador también avanza en indagaciones tras la denuncia de su exesposa, Karen Santos, sobre presuntos actos de violencia física y psicológica que le habría ocasionado Ricardo Leyva durante su matrimonio.
Las demoras en Fiscalía
Para César Augusto Vargas, abogado especialista en Derecho Penal, esto se debe a que “hay aspectos estructurales en la Fiscalía General de la Nación que no permiten que los casos avancen como uno quisiera”. Asegura que si se revisa el promedio de procesos por cada fiscal en Colombia, las cifras muestran que “más o menos de 1.200 procesos por cada fiscal en Colombia”, lo que hace que un fiscal no tenga la capacidad de responder a “todos los procesos de violencia intrafamiliar o a todos los procesos que se le ponen”.
Además, el abogado establece que en muchos casos depende “de que el apoderado de víctima esté pendiente del proceso. Pero en general, la Fiscalía no da abasto para abarcar todos los procesos”.
Esta demora en los procesos judiciales, asegura Vargas, se debe a “un problema estructural de la justicia en Colombia y de las labores investigativas”, en el que, además, existe un déficit en las personas que se dedican a analizar la información y a recolectarla, porque “las personas que investigan no son los fiscales. Los fiscales lo que hacen es dar órdenes a la Policía Judicial”, y estas dependencias enfrentan una baja de personal importante.
Esta falta de capacidad operativa provoca que la mayoría de las investigaciones en el país se prolonguen durante meses o incluso años. “Por eso cualquier investigación en Colombia se demora muchísimo tiempo, salvo que se trate de un caso de renombre, que los medios lo muevan”, concluye, advirtiendo que “el resto no funciona”.
En cuanto a las denuncias de violencia intrafamiliar, que es una de las que se acusa presuntamente a Leyva, afirma Vargas que “solo ese proceso se puede demorar hasta dos años”, lo que retrasa de manera significativa la respuesta de este tipo de denuncias.
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