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La solicitud que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo al presidente Iván Duque para que desplegara toda la ayuda militar y policial en el departamento y de esta forma recuperar el orden público, no cayó en oídos sordos. A su llegada a Cali, ayer en la tarde, el mandatario de los colombianos ordenó el máximo despliegue militar y policial para tratar de contener los desmanes que sumieron a la ciudad en una ola de caos y miedo.
“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y en el Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Este despliegue llevará a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento”, expresó Duque.
La asistencia militar a la Policía será coordinada conjuntamente con el general Hoover Penilla, subdirector general de esa institución, quien adelantará trabajos con las otras autoridades judiciales para “acelerar las órdenes de captura por hechos de violencia y para la protección de corredores del departamento y del desbloqueo como medida de protección de los derechos de los ciudadanos”, aseveró el presidente Duque.
Para lograr el objetivo trazado en el consejo de seguridad desarrollado entre Duque y los altos mandos militares y policiales del Valle del Cauca, se desplegará una fuerza de 7.000 hombres en todo el territorio vallecaucano, quienes a su vez serán los encargados de brindar protección y cuidado a los activos estratégicos de la Nación y lo de la productividad y logística en el Valle, como lo anunció el mismo mandatario colombiano.
Las medidas de seguridad anunciadas por Duque se suman a las que las autoridades locales decretaron previa a la visita del presidente a la capital vallecaucana. Horas antes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó toque de queda y ley seca desde las 7:00 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. del sábado 29 de mayo.
“La sociedad caleña no se puede dejar llevar y meter a una espiral de violencia y de muerte; tenemos que contener esta situación y la mejor forma de hacerlo es la justicia y el diálogo”, dijo Ospina.
Por su parte, la gobernadora celebró la decisión del presidente Duque e insistió en que se debe retomar el control del orden público, “pero siempre apegados al respeto de los Derechos Humanos”.
Cali ha sido una de la ciudades en la que la situación de orden público ha estado más alterada en el marco de las protestas y el paro nacional que ayer cumplió un mes en las calles.
Las denuncias de desapariciones, homicidios, saqueos, daño a bienes públicos y privados, el uso desmedido de la fuerza por agentes estatales, agresiones a policías y militares por infiltrados en las marchas, entre otras conductas delictivas, han llenado los portales de noticias del país. Sin embargo, la alteración del orden público que vivieron ayer los caleños son, en palabras de ellos mismos, “una situación que nunca habían vivido”.
Según las mismas autoridades, el detonante de lo sucedido ayer se presentó luego de las protestas en el sector La Luna, donde un agente del CTI de la Fiscalía identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, intentó sobrepasar un bloqueo de los manifestantes, pero al encontrar resistencia, desenfundó su arma de fuego y disparó, causándole la muerte a dos personas.
La turba enardecida persiguió al funcionario judicial y fue linchado, causándole también la muerte. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que Bermúdez sí pertenecía a la Fiscalía, pero al momento del incidente, no estaba en funciones, pues gozaba de su día de descanso.
“De acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó hacia varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles. Debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución”, aseguró Barbosa.
A esta situación se unieron las denuncias de los ciudadanos que con videos grabados con sus teléfonos celulares, reseñaban que hombres armados dispararon contra los grupos de manifestantes, situación que el mismo presidente Iván Duque reconoció en su alocución en Cali.
Pero no solo en la capital del Valle del Cauca se presentaron desmanes. En Medellín la marcha pacífica que inició a las 8:00 a.m. terminó con los ataques a dos entidades bancarias en la Carrera 70, daños a el Éxito de Colombia y a un gimnasio. Además, en el cruce de la carrera 70 con la calle Colombia, hubo enfrentamientos entre el Esmad y algunos de los encapuchados.
En Popayán, infiltrados en las marchas lanzaron artefactos incendiarios contra la Alcaldía, y en otro punto de la ciudad, encapuchados incendiaron uno de los parqueaderos del Tránsito Municipal en el que guardaban más de 2.000 motocicletas y vehículos inmovilizados. Por esta razón, la Alcaldía de la ciudad decretó toque de queda desde las 6:00 p.m. y solicitó a los manifestantes un corredor humanitario para que el cuerpo de Bomberos municipal atendiera varias emergencias causadas por los incendios.
A modo de balance, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional, indicó que los desmanes se presentaron en Bogotá Popayán, Medellín, Cali, Cundinamarca y Nariño; y en total hubo en el país 151 marchas, 197 concentraciones y 34 movilizaciones en el marco de las manifestaciones públicas.
Minutos después del anuncio del presidente Iván Duque sobre brindar toda la asistencia militar a la Policía para retomar el control de la seguridad en Cali, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, envió un mensaje al Gobierno colombiano en el que señaló que la situación del país es muy grave y por lo tanto debería pensarse en otras acciones para desescalar la ola de violencia.
“La situación en Cali es muy grave. Le ruego tomar medidas urgentes para desescalar, incluida una orden específica prohibiendo el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado. Colombia no puede lamentar más muertos”, señaló Vivanco a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, envió ayer una carta a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en la que le sugería que la visita de los integrantes de la CIDH a Colombia, programada para después del 29 de junio, se realizara a la mayor brevedad. “Es un clamor general, genera mayor transparencia sobre la situación y facilita las negociaciones que están en la mesa, contribuyendo a la consolidación de la confianza”, enfatizó Camargo